El fiscal Francisco Barbosa decidió ponerle la lupa encima al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, quien apenas lleva dos meses en el cargo y llegó a la cartera después de que el presidente Duque le abriera el gabinete a otros partidos para conseguir gobernabilidad, como fue con Cambio Radical y el Partido Conservador, de donde proviene Zea.
Barbosa comenzó a indagar sobre la posible desviación de recursos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). El ministro Zea había anunciado una línea de apoyo para el agro en medio de la pandemia, dirigida a pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores afectados por la emergencia y así garantizar el abastecimiento y la producción de alimentos e el país. Pero tan solo tres semanas después la Contraloría señaló que esos recursos estaban cayendo en manos de agroindustriales que los estaban utilizando para pagar viejas deudas. De los $226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones de pesos han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones de pesos para medianos, y sólo $4.200 millones de pesos para pequeños productores.
Aunque tres empresarios ya señalaron que devolverán los dineros, las investigaciones continúan y el fiscal decidió mirar qué responsabilidad tiene el ministro. Sin embargo, por su condición de minsitro, quien debe investigar a Zea es la Corte Suprema de Justicia, que tomará cartas en el asunto, y si lo considera, lo llamará a indagatoria. Mientras tanto, la Fiscalía le abrió una ficha judicial y esperará a que llegue su turno para actuar contra el ministro, que con tan poco tiempo en el cargo ya debe enfrentar un proceso que ha sido comparado, en sus justas proporciones, con el de Agro Ingreso Seguro.
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