Ya cerró la campaña para escoger el nuevo alcalde de Cali que se desarrolló en un ambiente muy áspero y enmarañado por los métodos que la ultraderecha utilizó para enlodar a Jorge Iván Ospina, el candidato de los verdes.
Ospina fue el escogido con el voto de trescientos mil ciudadanos de la capital vallecaucana. Sin embargo, el nuevo burgomaestre tiene pendientes algunos asuntos judiciales que afectan su ingreso a la administración municipal, pues hoy 15 de noviembre debe atender una cita con la Fiscalía y en los estrados judiciales donde se adelantará una audiencia de lectura del escrito de acusación, que es el punto de partida de un juicio por un contrato, supuestamente irregular, que él no firmó.
La trama se ubica en el año 2008, cuando Ospina fue por primera vez alcalde de Cali. El secretario de despacho, Pedro Luis Barco, entregó directamente un contrato para servicios de publicidad a la empresa Visión Digital, de propiedad Guillermo Rafael Lombana, un duro del negocio de las comunicaciones que asesoró la campaña triunfante de Ospina. El contrato de publicidad se firmó para “movilizar voluntades y levantar la imagen de la ciudad de Cali” y se acordó en $450 millones.
El convenio se firmó el 4 de abril de 2008 y se estableció que la alcaldía entregaría un anticipo de $138 millones, equivalente al 30 % del total pactado. Allí empezaron las alarmas: el tesorero de la alcaldía rechazó la cuenta de cobro que presentó Lombana por no cumplir con todos los requisitos de ley. En concreto, el tesorero le advirtió a Barco que no había manera de demostrar la “idoneidad y experiencia” de la empresa para contratarla de manera directa, pues Visión Digital había sido creada como una SAS en Cámara de Comercio el 2 de abril, apenas dos días antes de la firma del contrato.
Además, dice la Fiscalía, el tesorero le dijo a Barco que la empresa no reportaba una “inscripción de ventas” en la Dian, es decir, que nunca había tenido clientes. Ante la alerta, el secretario Barco llegó a un acuerdo con el publicista Lombana y dio por terminado el contrato. Sin embargo, al cabo de un mes, “el señor Barco insiste”, dice la Fiscalía, contratando de nuevo de manera directa el 7 de mayo de 2008, pero ya no con la empresa, sino con Lombana como persona natural, y el monto del contrato, a pesar de tener el mismo objeto, quedó pactado por, exactamente, cinco pesos menos: $459.999.995.
Para la Fiscalía, el contrato es ilegal por un sinnúmero de razones:
1. Porque el secretario Barco, supuestamente, dejó en el papel que la compañía tenía más de 15 años de experiencia (experiencia que sí acredita Lombana como profesional).
2. Porque la propuesta de la compañía, supuestamente, llegó al despacho de Barco antes de que la alcaldía concluyera que necesitaba los servicios que contrató, lo que demostraría que “a partir de la propuesta presentada por Visión Digital es que se crea la necesidad de publicidad para el municipio”
3. Porque Lombana donó más de $19 millones a la campaña de Ospina.
La hipótesis criminal
La hipótesis de la Fiscalía es que la Alcaldía de Cali le entregó un contrato a dedo a Lombana para devolverle el aporte que había hecho a la campaña del recién posesionado alcalde. “Es claro el interés que existía de entregarle el contrato de prestación de servicios a este señor (Lombana)”, reza la acusación. Jorge Iván Ospina, continúa el documento, “sabía que con este contrato se le estaba devolviendo un favor político al señor Guillermo Rafael Lombana”. Por estos hechos el alcalde electo es responsable, sostiene la Fiscalía, delito de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente investigador, Ospina fue el determinador del presunto acto de corrupción. En el documento de acusación contra el alcalde electo se centra su supuesta responsabilidad en el cuestionado contrato en que él “sabía”: “El señor Jorge Iván Ospina conocía que se estaba tramitando la contratación de servicios profesionales con la empresa Visión Digital sin observancia de los requisitos legales; sabía que lo estaban celebrando sin verificar el cumplimiento de aquellos; además estaba enterado (de) que para la celebración de este contrato, la Alcaldía de Cali estaba obligada a ceñirse a los principios de la función pública y las normas que rigen la contratación estatal, entre otros”.
En los términos del debido proceso y el derecho a la defensa, el alcalde Ospina, estamos seguros, demostrara su inocencia, pues esta acción hace parte de un montaje de la ultraderecha caleña por impedir que el nuevo alcalde se posesione y ejerza sus funciones como primera autoridad municipal.
Acompañamos a Ospina en su defensa y su batalla, pero lo que resulta incoherente es que para aplacar a sus enconados enemigos los invite a participar en el gabinete del nuevo gobierno que se instala el 1 de enero. Cogobernar con el uribismo, ampliamente derrotado y repudiado por los caleños, es hacerse el harakiri en dos pasos.
Cogobernar con el uribismo enemigo de la paz es simplemente echar a la basura todo lo que fue acogido con generosidad por la ciudadanía caleña.
Ojalá se corrija semejante despropósito y se recupere el sendero de la coherencia y la consecuencia con los intereses colectivos de Cali, que rechaza de manera contundente la presencia del uribismo violento y estigmatizador.
