Cuando las autoridades no tienen claro que el interés público debe primar sobre el particular y se muestran negligentes ante ello, es fácil que empresarios y comerciantes inescrupulosos, simplemente por hacer plata, les metan los dedos a la boca.
Esto se ve claramente con las motocicletas demasiado ruidosas o con el pito de algunos camiones de carga que cada vez circulan en mayor número por las calles y avenidas de las ciudades colombianas, o por sus carreteras, alterando la tranquilidad de habitantes y residentes.
Hay que reconocer que las motocicletas han demostrado ser una opción de movilidad viable y accesible para muchos ciudadanos, principalmente por su costo. Pero hay muchos modelos con motor estruendoso, que rebasan un volumen de ruido tolerable medido en decibeles y que las autoridades deberían prohibir o restringir mediante el cobro de un impuesto especial para desincentivar su compra.
La ciudadanía no tiene por qué aguantarse ese ruidero, simplemente porque a sus conductores, algo acomplejados, les gusta llamar la atención o porque se creen corredores de carreras.
Y lo mismo ocurre con algunos modelos de camiones de carga, cuyo altísimo volumen de su pito llega a ser muy molesto al oído.
Una norma o estándar nacional que limite el volumen de ruido máximo permisible, medido en decibeles, ya sea en el motor o el pito de los vehículos sería un buen principio de solución a este problema.
