La Fiscalía dio inicio a la audiencia de imputación de cargos de los implicados en el caso de corrupción de la Unión Temporal de Centros Poblados con MinTic. El contratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque y el representante legal de Rave Seguro, Juan José Laverde, fueron acusados de fraude procesal y falsedad de documento privado.
Para su defensa, Tapia, el cerebro del Carrusel de Contratación de Bogotá, delegó su defensa a manos del penalista Alejandro Sánchez Cerón, conjuez de la Corte Suprema y el abogado de confianza del gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, con quien logró lo impensable: absolverlo de 5 años de cárcel y devolverlo a la Gobernación. En el caso de Juan José Laverde, lo representa Hernán Miranda Abaúnza
Por su parte, Luis Fernando Duque, puso su futuro judicial en manos de Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía con Eduardo Montealegre como fiscal, y quien tiene una pelea casada con Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, por actuaciones suyas cuando se desempeñó como rector de la Universidad del Magdalena. Quintana representa a las víctimas de tres homicidios en la Universidad y logró que la procuradora Margarita Cabello le abriera investigación a Caicedo.
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