Varios altos oficiales del ejército privados de su libertad por casos de falsos positivos, desapariciones forzadas, masacres y vínculos con el paramilitarismo tienen una oportunidad con la justicia especial para la paz aplicable a las fuerzas militares que anunció el presidente Santos. El general Jairo Uscátegui quien paga una condena de 37 años por su presunta responsabilidad –por omisión- en la masacre de Mapiripán en 1997; el general Jesús Armando Arias Cabrales condenado a 35 años por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia; el general y excomandante del ejército Mario Montoya investigado por los falsos positivos de Soacha y la masacre de San José de Apartadó en 2005; y el general Rito Alejo del Río quien paga una condena de 25 años por su complicidad en el asesinato a manos de los paramilitares del campesino Marino López Mena en 1997.
Si así lo quieren todos ellos y otros militares podrían acogerse a los beneficios de la justicia transicional aunque algunos como el coronel Alfonso Plazas, ya en libertad, se han negado a recibir cualquier trato que los equipare con las Farc.
