Las madres comunitarias encargadas de la primera infancia de nuestro país, quienes trabajan por más de 11 horas diarias con los recursos mínimos que el Estado les brinda y la poca capacitación que les ha prestado, luchan hoy porque sus derechos laborales sean respetados. A través de la Sentencia T- 628-12 de la Corte Constitucional se ordenó que de forma inmediata el Instituto de Bienestar Familiar iniciara, liderara y coordinara un proceso institucional para que las madres de tiempo completo devengaran un salario mínimo legal mensual vigente e incluso tuvieran el derecho a una pensión, pero lamentablemente dicho ordenamiento no se ha materializado.
Es una clara vulneración de los derechos humanos de éstas mujeres que dedican su vida a cuidar y educar a los niños de nuestro país y aunque al salir a las calles para protestar y hacerse escuchar, más de mil niños queden sin su cuidado, ellas merecen como todos los trabajadores de Colombia un salario digno, jubilación, cesantías, vacaciones y demás derechos laborales. Ya cumplido hoy más de 8 días de paro, sigue el Gobierno guardando silencio sobre el pliego de peticiones que estas madres comunitarias presentaron y el salario mínimo del cual tienen derecho. Un gran problema social de una minoría que por más de treinta años ha sido ignorada.
