En las últimas semanas la situación de la empresa TripleA de Barranquilla y Atlántico se complicó aún más por los múltiples conflictos que la aquejan desde que, en marzo de 2017, le estalló en España el escándalo de corrupción bajo el nombre de Caso Lezo. Por desviación de multimillonarios recursos, la justicia ibérica tiene acusados a altos dignatarios del Canal de Isabel II, de propiedad de la municipalidad de Madrid y de Inassa S.A., su filial en América Latina desde el año 2001, propietaria mayoritaria (82,16%) de la TripleA, que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a cerca de 2.5 millones de habitantes del distrito de Barranquilla y de otros catorce municipios del Atlántico.
El balance general de actividades del año 2018 fue presentado ante la Asamblea General de Accionistas de la empresa TripleA el 26 de marzo en Barranquilla por parte de la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda (SAE-SAS), que controla temporalmente la mayoría accionaria de la compañía bajo la figura de extinción de dominio proferida por la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador determinó el 4 de abril pasado dejar en firme las medidas cautelares tomadas hace seis meses en el sentido de “Decretar la extinción de dominio sobre el 82,16% de las acciones de Inassa S.A. en la TripleA”. El expediente quedó a cargo del juez penal de extinción de dominio Ower Gerardo Quiñonez Gaona, de acuerdo con la Ley 1078 de 2014, la cual contempla que los bienes en mención (capital social accionario) deben repartirse el 50% para la Nación, un 25% para la Rama Judicial y el restante 25% para la Fiscalía. La acusación de fondo está relacionada con un contrato ficticio de asesoría técnica a favor de Inassa, según el cual la TripleA le debía pagar el 4,5% del recaudo líquido mensual, contrato ratificado en el año 2000 por la alcaldía de la época, que también prorrogó la concesión veinte años, hasta el 2033. Por esta asesoría técnica ficticia, los directivos de Inassa recibieron hasta octubre de 2017 una suma superior a los $230.000, fecha en la que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, frenó el estropicio. Los encausados en Madrid admitieron que dicha asesoría no se prestó nunca y que fue un esguince para evadir impuestos al fisco colombiano.
Graves pérdidas en acueducto y alcantarillado
Sin dejar de reconocer que la TripleA brinda un servicio de agua de calidad, de las mejores del país en cuanto al Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para cuyo tratamiento en químicos se gastó en 2018 la suma de $123.529 millones, de un recaudo total de $508.729 millones, casi la cuarta parte solo en este rubro, también se deben denunciar algunas falencias. En 2018, por ejemplo, el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) fue de 51.5% (mejoró solo un 2,2% frente a 2017), una de las mayores pérdidas de agua de América Latina y de Colombia. La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) reconoce en la tarifa pérdidas hasta del 30% del IANC.
La situación es peor en alcantarillado y saneamiento básico, ya que el balance de 2018 es negativo frente al de 2017. El balance, publicado en el libro Sostenibilidad 2017, reconocía entonces que el 75% de las aguas servidas se vertían sin ningún tratamiento al río Magdalena y al mar Caribe por la ciénaga de Mallorquín. Para 2018, el balance oficial admite desmejoras en Soledad por el vertimiento del arroyo El Platanal hacia el río Magdalena, “sin tratamiento”. Lo mismo en Barranquilla, en la Estación Depuradora de Agua Residual (EDAR, barrio El Pueblo). El balance precisa: “Hacia el arroyo León (lago El Cisne y ciénaga de Mallorquín) disminuyó de 27,98 hectómetros cúbicos en 2017 a 25,60 hectómetros cúbicos en 2018”, un 8,5% menos de tratamiento, y eso que es cobrado en las tarifas de todos los usuarios (Página 98, Sostenibilidad 2018). También se reporta menor tratamiento de las aguas vertidas a las lagunas de Santo Tomás, Galapa y Tubará. La TripleA tampoco cumplió el compromiso de eliminar cuatro vertimientos en Barranquilla y cinco en Soledad (página 100).
La corruptela que llevó a la extinción de dominio también hizo que los bancos no le renovaran a la TripleA los cupos de crédito. Sus inversiones en las redes de saneamiento se redujeron en 29% y en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), en 43%. Lo que sí incrementó, en 30,54%, fue el recaudo de subsidios para los estratos bajos.
Sobre la evolución tarifaria, hay que tener en cuenta que TripleA cuenta con un esquema especial en el país llamado tarifa regional, por llevar el servicio a otros 14 municipios del Atlántico, lo que conlleva tarifas mayores que en el resto de los departamentos. Igual en las tarifas del aseo, que tuvieron aumentos significativos por la incorporación del reciclaje. La concesión del aseo se termina en noviembre próximo, por lo que varias organizaciones sociales vienen insistiendo que el distrito de Barranquilla debe recuperar este servicio público, que se ha convertido en un rico filón, ya que el monopolio privado obtiene ganancias superiores a los veinte mil millones de pesos anuales que debieran ser para los barranquilleros.
Es de suma preocupación lo que ha venido ocurriendo con los llamados activos intangibles, definidos en la concesión así: “Concluida la concesión por cualquier causa, el distrito pagará a Triple A S.A. E.S.P. la parte no amortizada o depreciada del valor de las mejoras introducidas e inversiones en bienes y equipos que para el mejoramiento o ampliación de la infraestructura de los servicios públicos en Barranquilla, hubiera realizado Triple A S.A. E.S.P., que no correspondan a mantenimiento preventivo y correctivo de estos bienes” (cláusula del contrato de concesión que aparece en notas a los estados financieros de los informes de sostenibilidad anuales). Es como cobrar dos veces las inversiones en infraestructura realizadas con las tarifas que pagan los usuarios. La leonina cláusula fue pactada, al parecer, en los acuerdos del año 2000 con la alcaldía distrital para ser incluidas a partir del año 2013, cuando se iniciaba la ampliación de la prórroga de la concesión hasta el 2033. Este ítem se viene incrementando sospechosamente y ha llegado a 31 de diciembre de 2018 a la escandalosa suma de $372.686 millones, el 57,87 por ciento de los activos totales, que el distrito de Barranquilla se vería obligado a cancelarle a la TripleA de concluirse la concesión por “cualquier causa”, por ejemplo, por la extinción de dominio, lo cual sería un gravoso contrasentido para los contribuyentes de la Arenosa.
En conclusión, urge una auditoría forense de todos los entes estatales competentes que vaya a fondo en las investigaciones de todos los desfalcos sucedidos en Inasa-TripleA y aprovechar la extinción de dominio para que la nación le devuelva las acciones al distrito de Barranquilla con los resarcimientos del caso, lo mismo que a los accionistas minoritarios. Ha llegado la hora de poner los puntos en las íes, para que los despojos de que fueron víctimas los usuarios engañados sean devueltos, se mantenga la calidad del servicio del agua y se mejoren lo relacionado con pérdidas de agua y con el tratamiento de las aguas residuales, todo ya pagado en la factura desde hace tiempo. Apremia esclarecer además lo de los activos intangibles, para que no termine convirtiéndose en el atraco del siglo XXI a los barranquilleros.
