Desde que era niño, mi padre, Baldomero Aldana De la Barrera (QEPD) me decía que uno de los problemas centrales de nuestra política era la apropiación de los recursos públicos por parte de los privados. Que si se indagaba por el origen y el incremento de algunas fortunas, se vería rápidamente que la mayor parte de ellos siempre tenían como rasgo común su cercanía con el poder político.
Digamos que una de las características del incremento patrimonial es, precisamente, la apropiación privada de los recursos públicos mediante mecanismos como la contratación o la utilización del poder político para apoderarse de bienes públicos. En nuestra realidad esa figura sociológica en la que insistió mi padre no es algo superado ni es cosa del pasado. Está más viva que nunca. Juzguen ustedes.
En los casos recientes de cuestionamientos de las administraciones departamentales, nuestro departamento, Córdoba, ocupa lugares privilegiados en materia de medición de corrupción en el ámbito y, como dicen por ahí, la historia se repite y repite como cuento sin fin, brindando espectáculos bochornosos como el de observar muchachas del servicios y conductores pagados con dinero de los contribuyentes. Esta es la triste captura de lo público por gente indecente que llegan a tomarse el poder para servirse y no servir a la gente.
Finalmente, habría que señalar que este mal nos aqueja a todos, y que por ello debe ser enfrentado en dos de sus componentes centrales. En primer lugar, en el plano de la cultura y de los valores éticos de nuestras sociedad. El individualismo, el afán de lucro y enriquecimiento a cualquier costo no pueden ser el centro de nuestros proyectos de sociedad.
La construcción de una cultura de la defensa de lo público como la materialización del interés general, la protección de los bienes comunes, el buen vivir, deben ser los principios y valores que se construyan en la sociedad y sobre los cuales se levanten nuestros proyectos sociales y políticos. Hay que avanzar en la construcción de un vigoroso espacio público tanto en la sociedad civil como en el Estado.
Hay que extirpar la consigna de que nuestras instituciones están diseñadas para la corrupción. No puede ser que las inmensas riquezas de unos pocos se construyan por la conquista del Estado para la defensa de sus intereses y por el uso privado de los recursos públicos. Por último, hay que avanzar en mecanismos legales y jurídicos que hagan transparente no solo el manejo de los recursos públicos, sino las licitaciones y la adjudicación de contratos.
No obstante a lo afirmado arriba, observamos que en Colombia hay una institucionalidad que ayuda a la corrupción, como son los llamados cupos indicativos entregados a congresistas de los partidos gobernantes o la entrega de los organismos de control como las Personerías, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías y la Procuraduría a miembros de los partidos que gobiernan.
Esos organismos o deberían ir a la oposición democrática o debería garantizarse el concurso de méritos para que sean ocupados por personas honestas e idóneas. Las reformas legales y la penalización de conductas por delitos de corrupción son necesarias, pero no suficientes.
