“Las cosas son y parecen ser, y nada aparenta
el secreto de la vida que lleva”:
Manía de la duda, Fernando Pessoa
En medio de la apatía generalizada, denuncias de fraude y la persecución a los líderes de la primera línea, se llevaron a cabo los comicios para la elección a los nuevos delegados a los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), una figura creada por la Ley 1885 de 2018 mediante la cual los integrantes de los CMJ deben ser elegidos en votación directa de los jóvenes que forman parte del censo electoral. Según la Registraduría, el censo lo conforman dos grupos: uno de mayores de 14 a 17 años, incorporados al censo en el lugar donde se expidió la tarjeta de identidad, y otro entre los 18 y 28 años, incorporados según la circunscripción donde se encuentren habilitados.
De acuerdo con el censo (Dane, 2018), los jóvenes en Colombia son 12.537.557, el 49,6 % mujeres y 50,4 % hombres; una fuerza electoral determinante capaz de elegir el próximo presidente de Colombia. A pesar de esto, los jóvenes solo comenzaron a tener un reconocimiento formal a través de la expedición del Estatuto de Juventudes (2018). Pero fue solo mediante el estallido social del S19 y, particularmente, del A21 que el país se dio cuenta de sus necesidades y frustraciones. Situación que la pandemia del covid-19 exacerbó, disparando los índices de pobreza, desempleo y exclusión de este grupo de población.
Por esas razones, el profundo malestar de una juventud inconforme se transformó en un torrente incontenible que desbordó los estrechos causes institucionales y se tomó las calles para hacer sentir sus voces de protesta. La respuesta del gobierno Duque fue desconocer estos reclamos y desatar la más brutal represión policial, que tuvo un altísimo costo en vidas humanas.
Hoy, siete meses después, las denuncias de violación de los DDHH (CIDH, 2021) permanecen en la impunidad y, por el contrario, la Fiscalía ha desatado una embestida judicial contra los líderes de la protesta juvenil en todo el país. Durante las últimas semanas han sido detenidos más de 200 integrantes de la primera línea, acusados por delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y tráfico de objetos peligrosos (léase escudos, cascos y guantes), secuestro y tortura de servidores públicos e instigación para delinquir con fines terroristas. Delitos que suman penas de más de 25 años de cárcel. Esto ocurre al mismo tiempo que los responsables de asesinatos, torturas, y lesiones personales de más de 4.680 víctimas de la violencia policial permanecen libres.
Esta semana se conoció un nuevo informe periodístico sobre la investigación adelantada por el grupo Cero Setenta de la Universidad de los Andes, con el apoyo de la agencia de noticias públicas FAByB, que da cuenta del evidente planeamiento y la complicidad de las autoridades de policía de Pereira con los perpetradores del crimen de Lucas Villa.
Estas dolorosas circunstancias señalan las razones por las cuales los jóvenes sienten una profunda desconfianza con el gobierno actual y carecen de credibilidad en las instituciones públicas. De acuerdo con la encuesta sobre percepciones (U. Rosario, 2020)[1], los jóvenes desconfían profundamente de instituciones como la policía (71 %), las autoridades locales (77 %), la presidencia (87 %) y el Congreso (88 %). Igualmente, la más reciente encuesta de Invamer señala que la imagen del presidente Duque cayó 16 puntos y alcanzó el 70 % de desaprobación.
En este contexto, la convocatoria a los jóvenes a participar en el proceso electoral cayó en el vacío del escepticismo y la apatía. De una parte, el desconocimiento de la mecánica electoral y, de otra, la falta de información oportuna y las fallas en el diseño del tarjetón electoral frustraron la posibilidad de participar en este simulacro de representación política.
Los resultados del reciente proceso electoral señalan que los votantes fueron menos de 1,28 millones, con una abstención del 90 % y casi 300.000 votos nulos. Lo cual señala las grandes fisuras existentes en el sistema electoral colombiano, y particularmente, el pésimo manejo de este proceso por parte del registrador nacional, quién afirmó sin sonrojarse: “Lo importante no son los votos, sino el ejercicio democrático”.
En materia de la participación política, los resultados nos dejan un sabor agridulce. La proliferación de listas (7.824) y candidatos (41.825), donde predominaron las listas de los partidos y movimientos políticos (54,2 %), seguidos de las listas independientes (28,2 %) y de listas que representaban procesos y prácticas sociales (17,5 %), señalan la profunda atomización de los procesos de organización política juvenil.
Como era de esperarse, en este río revuelto de intereses y representaciones, la ganancia la obtuvieron los partidos políticos que lograron el 56,4 % de los votos, mientras que los independientes alcanzaron el 29 % y las listas de los procesos y prácticas organizativas de las juventudes solo el 14,5 % de los votos. Así, se demuestra una vez más que, con la famosa “operación avispa”, los partidos tradicionales siempre obtendrán una cosecha electoral.
Esta vez la “cosecha” de votos fue facilitada por la resolución 15881 de la Registraduría, expedida subrepticiamente la noche anterior (4 de diciembre) al día de las elecciones (05/12/2021), por medio de la cual el avezado registrador Alexander Vega autorizó a los jóvenes entre los 14 y 17 años a votar en cualquier puesto de votación, diferente a donde se hallaban inscritos. Se abrió así la compuerta a cualquier tipo de fraude (múltiple votación de la misma persona o la trashumancia electoral) y cambiaron las reglas del juego a último momento, tal como lo advirtió la Misión de Observación Electoral.
Por las anteriores razones, se puede colegir que la abstención electoral (al igual que el voto en blanco) no constituye ningún tipo de sanción social sino la expresión de una "enfermedad infantil" que se caracteriza por una precaria cultura política que facilita el predominio de los intereses de las maquinarias electorales, acostumbradas a aceitar los procesos electorales con prebendas que les garantizan la consecución de votos y la manipulación de los resultados.
Postre 1:
La última jugadita del HP, César Lorduy, de la bancada de Cambio Radical y cercano al clan Char de incluir un articulito (art 68) en el proyecto de ley anticorrupción que ordena cárcel a los periodistas que denigren de un funcionario público es un atentado contra la libertad de expresión y constituye un descarado intento de imponer la mordaza a la libertad de prensa.
Postre 2:
Ante la presión de los organismos defensores de la libertad de prensa y de escandalo internacional, el presidente Duque tuvo que salir a regañadientes a solicitarle al Congreso el retiro de articulito Lorduy, que intenta imponer una mordaza a la prensa independiente. Esperamos que no sea solo un arrepentimiento de dientes para afuera. Como nos tiene acostumbrados el presidente, en materia de defensa de los DDHH.
Postre 3:
La senadora Angélica Lozano abandonó la tolda de los verdes para pedir oxígeno en las filas de Ingrid Betancur. Verdes se crían y el oportunismo las marchita.
[1] Universidad del Rosario y El Tiempo (2021). Encuesta '¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?'.
