Con la reforma política y electoral radicada recientemente por el ministro del interior en la Cámara de Representantes se termina la infinidad de especulaciones sobre los cambios que se avizoran en el sistema político colombiano. Su discusión anticipa uno de los debates más intensos y complejos en el marco de la implementación legislativa del Acuerdo Final. El texto tiene 23 artículos y reforma 25 artículos de la Constitución.
Será la reforma política más estructural que se haya surtido en el país desde la constituyente. Sin embargo, no vislumbro un camino sencillo en su paso por el Congreso. La cercanía de unas elecciones legislativas, la reciente sentencia de la Corte Constitucional que ya permite modificar al Congreso sin consulta previa al gobierno o la CSIVI, el arraigo de prácticas clientelares que se podrían ver eliminadas y la falta de voluntad que el mismo Congreso ha manifestado con iniciativas similares; son sombras que se ciernen sobre una reforma necesaria para fortalecer la democracia y mejorar la relación de los partidos con la sociedad civil. A grandes rasgos lo que busca la reforma es:
Sistema partidista de afiliados
A la gran mayoría de partidos poco les interesan sus afiliados. Afiliarse a un partido no resulta un compromiso ciudadano y los partidos no han establecido mecanismos de educación política para mantener políticamente actualizados a sus afiliados. Los partidos donde la figura de afiliación reviste mayor importancia son aquellos que operan electoralmente con lista cerrada y bloqueada (se vota en el tarjetón por el logo del partido). Esto se entiende porque el voto preferente (se vota por el candidato) lleva a darle mayor prelación a los electores sobre los afiliados. En esa perspectiva, la reforma busca fortalecer la creación de un sistema de afiliación y registro. Los movimientos deberán contar con una base mínima de afiliados para una adquisición progresiva de derechos en un lapso de ocho años en el caso de los nuevos movimientos políticos regionales y para la toma de decisiones internas en los partidos con personería jurídica en el caso de los nacionales. Esta reforma debe ir de la mano con el cierre de los listados porque de no ser así no tendría mucho impacto. Todos los partidos se verían obligados a ajustar sus estatutos a la nueva realidad y el congreso a expedir una ley estatutaria que reglamente la figura del afiliado.
Movimiento político regional y partido nacional
Al no ser un Estado federado pretender que en Colombia existan partidos locales y nacionales resulta extraño. Sin embargo, la reforma contempla la posibilidad de que con un 0,2% del censo electoral nacional (cerca de 70 mil personas) en el registro de afiliados se constituya un movimiento político de arraigo regional. Este movimiento político tendría un derecho restringido a postular candidatos según un porcentaje mínimo de afiliados equivalente a un 1% del censo electoral en la respectiva circunscripción, es decir, si un movimiento político quiere postular un candidato a una alcaldía deberá contar en esa circunscripción con un 1% de afiliados sobre el censo electoral respectivo. Si quiere postular un candidato a una elección nacional (a la presidencia en el caso de Compromiso ciudadano de Fajardo) el movimiento deberá tener afiliados registrados en los grandes centros electorales del país que sumen más del 50% del censo electoral nacional. En este último aspecto el proyecto de reforma no es muy claro. La posibilidad de convertirse en partido político nacional que tendrán estos movimientos se encuentra amarrada a la superación del umbral del 3% en elecciones legislativas. Este modelo es muy similar al mexicano del que posiblemente fueron tomados para su diseño algunos elementos. Se requiere para el desarrollo de estas reformas mínimo de tres leyes estatutarias.
Mejora en la financiación de las campañas
La reforma a la financiación va en doble vía: más plata para el funcionamiento de la estructura de los partidos y reglas más claras para la financiación de las campañas. En cuanto a las campañas será preponderantemente estatal, mediante anticipos, reposición de gastos a los partidos y financiación indirecta a la propaganda electoral. Para elecciones al congreso se repartirá un 50% en partes iguales y un 30% según la representación obtenida en la elección anterior, es decir, los partidos con más congresistas tendrán ventaja en ese sentido frente a los más pequeños. El restante 20% obedecerá a un criterio de postulación de mujeres y jóvenes en los listados. La misma fórmula del 30% según representación obtenida se aplicaría en las elecciones a cargos uninominales (gobernación o alcaldía) llevando el porcentaje a la representación obtenida por los partidos en contienda a los concejos y asambleas. El transporte para el día de las elecciones quedará a cargo del Estado y los aportes a las campañas deberán ser consignado en un Registro Nacional de Proveedores. Un registro que parecer ser más estricto que el actual aplicativo Cuentas claras y que estará a cargo del nuevo Consejo Electoral Colombiano.
Fin a la reelección indefinida en corporaciones públicas, lista cerrada y bloqueada y se baja la edad para aspirar al congreso
Los congresistas que llevan media vida en el capitolio serán historia patria. La reelección indefinida promueve la concentración en feudos electorales y dirigentes que no permiten la renovación en los órganos de representación. Solo se permitirán dos periodos en todos los colegiados: JAL, Concejo, Asamblea, Cámara y Senado. Asimismo, para ser representante la edad mínima se baja a los 21 años y senador a los 25. Esta última modificación me resulta innecesaria. Creo que solo los hijos de los dirigentes y fichas de los gremios podrían aspirar con posibilidades al congreso a esa edad. Finalmente, la gran reforma tiene que ver con la obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueadas; gran avance que permitirá fortalecer internamente a los partidos, creando una sola visión ideológica y programática, mejorando el proceso de rendición de cuentas y dando de baja al personalismo del voto preferente con todas sus prácticas clientelares. Resulta indispensable que vaya de la mano del fortalecimiento en la democracia interna en los partidos para ordenar los listados y no volver al temible “bolígrafo”.
A estos aspectos de la reforma se suma la creación del Consejo Electoral Colombiano, la doble instancia en los procesos de perdida de investidura respetando el funcionamiento de la sección quinta del Consejo de Estado y la participación ciudadana en los debates de presupuesto tanto en el Congreso como en las entidades territoriales. Elementos que requieren de un análisis particular. En síntesis, la reforma es monumental y realmente estructural. De aprobarse tan como fue radicada será un gran logro para nuestro sistema político. La necesidad de mejorar la credibilidad con los ciudadanos debe obligar a los partidos a pensar con claridad y participar propositivamente. La reforma es ante todo una deuda histórica con los colombianos que amerita ser saldada.
