Opinión

Las excombatientes forzadas deben ser protegidas

Están surgiendo síntomas alarmantes sobre la seguridad de las mujeres violentadas que sobrevivieron a la guerra

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agosto 16, 2018
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Las excombatientes forzadas deben ser protegidas
Las mujeres reclutadas a la fuerza por las Farc se organizaron en la Corporación Rosa Blanca, de la que hoy hacen parte varios centenares. Foto de video/ Corporación Rosa Blanca

Cuando llegó la guerra fratricida los colombianos miramos hacia otro lado y callamos En el campo nuestros compatriotas eran secuestrados, torturados, masacrados pero las noticias no trascendían. Rara vez y solo cuando se trataba de un evento protuberante,  con muchas víctimas, los medios prestaban atención. Pasado el golpe de titular, la pasajera captura de rating,  volvían la indiferencia y el  mutismo. Tanto que despotricamos del pueblo alemán por su silencio frente a las atrocidades de Hitler contra los judíos y las otras minorías étnicas, para ver que nosotros como nación tuvimos un comportamiento igualmente abominable. La historia puso a prueba nuestra capacidad para la compasión y la solidaridad, y no fuimos capaces de superarla.

Las guerras se ensañan con los seres débiles. Y no es solamente porque sean más fáciles de arrasar, es también porque sus cuerpos destrozados y mancillados sirven para portar mensajes. Representan un medio capaz de persuadir, de quebrarle el espíritu a quienes se las dan de fuertes. En esta lógica las mujeres y las niñas, depositarias privilegiadas del sentido de humanidad y la ternura, han sido víctimas preferidas de los contendores tanto  de izquierda como de derecha; de los paras, las bacrim, las disidencias y los guerrilleros. Esa entente monstruosa para vejar y dañar lo femenino será acaso, lo único en que alguna vez coincidieron.

Las mujeres victimizadas en el conflicto por paras y guerrilleros pueden contarse a millares. Entre las conductas horripilantes de las que fueron objeto se encuentran el reclutamiento forzado, las violaciones individuales y colectivas, las mutilaciones, el abortos forzado y una larga lista de prácticas impregnadas de sadismo.

Cuando se firmó el acuerdo de paz las exguerrilleras de las Farc emergieron de la clandestinidad. Se revelaron contra el silencio, contra la ninguneada sistemática que les dieron en las filas insurgentes y  que algunos de sus antiguos compañeros de armas deseaban continuar. Así buena parte de ellas comenzaron a contarle al mundo las tropelías que habían padecido como mujeres combatientes forzadas. Sobre ellas entonces llovieron las amenazas.

La aparición de intimidaciones tiene su explicación. Los delitos relacionados con la violencia sexual no se pueden amnistiar a la luz de las normas que pusieron fin al conflicto. En otras palabras sus autores no podrán invocar los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Lo anterior significa que los testimonios y las pruebas aportadas por estas damas podrían determinar condenas sin rebajas ni beneficios.

Desde el comienzo del conflicto las mujeres violentadas por la guerra entendieron que se debían organizar y hablar. Por eso las que fueran víctimas de las AUC asumieron el reto de contar sus verdades. Muchas de ellas se agruparían en colectivos como el “Narrar para Vivir”, iniciativa que en palabras de su líder Mayerlis Angarita Robles, representa “una estrategia para recuperarnos de esos dolores, de esos golpes que nos había dado el conflicto, para que las mujeres, por medio de la fuerza de la palabra, pudiéramos unirnos para superar el temor constante, los sentimientos de culpa y, sobre todo, la perdida del sentido de la vida...”

 

 

Las acciones proceden de personajes
que quisieran coaccionarlas, ensangrentarlas, quitarlas del medio
para acallar sus voces

 

A su turno las mujeres reclutadas a la fuerza por las Farc, dieron un paso determinante al organizarse en la Corporación Rosa Blanca, cuyo estatutos iniciales fueron suscritos por veinticinco damas valientes. Desde entonces la membrecía no ha dejado de crecer, hasta el punto de que ya alcanza varios centenares.  Pero el reto de lograr verdad justicia y reparación para sus integrantes, viene encontrándose con situaciones intolerables. Así por ejemplo quienes estaban a cargo del asunto omitieron informar a la JEP los nombres de varias de las exguerrilleras que habiendo sido víctimas de tropelías de carácter sexual se encontraban recluidas en las cárceles comunes. La situación que al final fue subsanada, habría dejado sin beneficios a estas ciudadanas cuyo testimonio es esencial para esclarecer las monstruosidades cometidas en la guerra.

Pero el asunto de fondo es que vienen surgiendo síntomas inquietantes sobre la seguridad de aquellas rosas blancas que sobrevivieron a la guerra. Persisten versiones relacionadas con las presiones creciente que están sufriendo, y se sabe de intentos contra la integridad física de quienes están a cargo de gestionar su agrupación. Las acciones proceden de personajes que quisieran coaccionarlas, ensangrentarlas, quitarlas del medio para acallar sus voces. Se trata de un propósito siniestro que una Colombia civilizada y comprometida con la reconciliación no puede tolerar.

El Gobierno Nacional y en su nombre la Unidad de Protección de Víctimas tienen la obligación de asumir el cuidado integral de estas personas especiales sin cuyo aporte nuestro país jamás se podrá rehumanizar. Y este no es un cometido que se logre tan solo con la entrega de celulares y chalecos, como se pretendió en el gobierno saliente. Es demostrando la voluntad soberana del Estado, poniendo todos los medios al alcance, como puede materializarse aquel propósito.

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