Es de conocimiento público que por más de 50 años Colombia ha sido víctima por el flagelo del conflicto armado, originado por los diferentes grupos al margen de la ley. Por esta razón, el gobierno nacional ha incrementado sus esfuerzos por hacer frente a esta dramática situación a través de la estructuración de los acuerdos de paz. Lamentablemente estos esfuerzos son pocos ante las diversas vidas que ha cobrado problemáticas como el desplazamiento forzado, los ataques continuos a líderes sociales la economía ilegal, el narcotráfico, la lucha por los territorios, la ausencia del Estado, entre otros.
El departamento del Cauca, ingresa en la lista de los más afectados por esta ola de violencia en Colombia. En menos de una semana del mes de octubre del 2019, el número de personas asesinadas en diferentes puntos del Norte del Cauca asciende a once personas (sin contar los hechos atroces cometidos contra diferentes líderes sociales en el pasado). En esta lista se encuentran la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez Karina García Sierra, la gobernadora del resguardo de Tacueyó Cristina Bautista en compañía de cuatro guardias indígenas, así como cuatro personas que realizaban labores de topografía en el municipio de Corinto y un escolta de la Unidad Nacional de Protección.
Según la Defensoría del Pueblo, en el departamento del Cauca entre el 1 de enero de 2016 al 22 de agosto de 2018, se registraron 569 homicidios, de los cuales 83 corresponden a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Aspecto que le asigna al Cauca el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. De igual forma, se establece que 596 personas fueron Víctimas de Minas Antipersonas, 24 de secuestro y 86 de desapariciones forzosas. También, se presentaron un total de 1.099 amenazas realizadas principalmente en contra de integrantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Estos hechos han logrado despertar las alarmas de diferentes organismos gubernamentales a nivel departamental, nacional e internacional en relación a la seguridad y protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad caucana.
Pero esta situación de conflicto armado no solo despierta las alarmas a nivel gubernamental, también se convierte en la inquietud de las diversas comunidades y familias caucanas, quienes son en últimas los que tienen que vivir día a día y en carne propia, la tensión, el temor, el desconsuelo de esta desconcertante situación.
En el centro de estas comunidades se ubica la escuela, como lugar de encuentro, ente formativo y socializador de los sujetos. La cual entra a jugar un papel fundamental en las diversas dinámicas sociales del entorno, puesto que es aquí donde se canaliza y hacen catarsis las ansiedades, miedos y expectativas de los estudiantes, generados por la situación de violencia en las que se encuentran inmersos. Lugar donde la barbarie puede llegar a naturalizarse, hasta el punto que se hace normal visualizar en los corredores escolares juegos relacionados con secuestros, enfrentamientos armados entre militares y milicianos y diversas dificultades en torno a la convivencia e interacción entre estudiantes. Juegos desarrollados por niños cargados de inocencia pero con un trasfondo de violencia simbólica y por qué no decirlo, hasta ideológica.
De lo anterior, surgen interrogantes relacionados con ¿cómo la escuela debe ser frente a tan cruciales problemáticas, en contextos tan saturados de violencia? ¿Cuál es el papel del educador frente a estas situaciones? ¿Cómo desarrollar procesos de paz, sin que se atente al derecho a la vida? Puesto que el foco de la preocupación de la escuela, es de que la violencia simbólica e ideológica tiendan a instaurarse en los estudiantes y se continúe en un círculo vicioso de reproducción de conflicto. Situaciones que en últimas, tienden a agobiar, desorientar o desequilibrar el entorno escolar.
Desde esta perspectiva, la escuela necesita asumir como reto la tarea de brindar una educación que desarme tanto ideologías, como el corazón de sus estudiantes. Generar espacios de paz dentro y fuera de sus aulas, propiciar el pensamiento crítico, democrático y participativo en el que se exorcicen los recuerdos y acciones que ha dejado el conflicto armado. Espacios que permitan reescribir la historia de cada uno de los territorios y de cada una de las personas que en él habitan.
La escuela se enfrenta a la ardua tarea de realizar procesos que permitan incluir la comunidad en general, los padres de familia y a sus estudiantes. También, de reestructurar sus dinámicas, intereses y motivaciones, con el fin de generar espacios de reflexión en torno al conflicto y sus alternativas de resolución, desde el referente histórico y la narrativa de la verdad como índice reparador, como elemento sanador y constructor de nuevas realidades; donde la reflexión sobre el conflicto nos asuma a todos como actores de resolución y creación de nuevas formas de relacionamientos, respetuosas con la vida, con el otro, con la dignidad y la convivencia.
