El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quiso mostrarse a sí mismo como víctima de un “falso positivo” el día que el presidente Abelardo De la Espriella advirtió que no le entregaría recursos públicos para su manejo porque no era digno de confianza.
El jefe del Estado se apoyó su observación directa e implacable en la existencia de trece investigaciones contra Acuña, una de ellas por un presunto enriquecimiento público. El mandatario local ocultó mal su desconcierto y adujo que nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede ignorar su presunción de inocencia.
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El episodio, inédito en la vida política y administrativa del país, hizo que todos los ojos se posaran en Acuña y que se iniciara un escrutinio público para revisar sus actuaciones públicas y también aquellas que se ocultarían tras el velo de lo subrepticio.
Las2Orillas hizo una revisión de bases de datos públicas y consultó fuentes solventes para mirar los movimientos patrimoniales de Acuña desde la época en que comenzó a aspirar a cargos de elección popular.
Uno de los primeros hallazgos consiste en que su nombre aparece en la lista de deudores morosos del Estado, llevada día a día y con rigurosidad por la Contaduría General de la República. Ese boletín es un informe hecho con base en reportes de entidades públicas sobre deudas superiores a cinco salarios mínimos y con seis meses en mora.
En este caso consultado, la obligación está asociada a un vehículo de placa MMU539 y fue reportada por el departamento de Antioquia, lo que indica que se trata de una obligación relacionada con violaciones normas de tránsito y eventualmente tributarias (impuestos y comparendos) registrados en esa jurisdicción y no de una obligación derivada de su gestión como alcalde de Sincelejo.
De manera coincidente, un vehículo con esa placa hacia parte de una caravana de campaña detenida en 2021 en la sabana sucreña, a bordo de uno de cuyos carros fueron hallados $500 millones en efectivo. Su entonces esposa Milene Jarava aspiraba entonces a la gobernación del departamento. La investigación respectiva terminó archivada.
Hace un tiempo, la aparición en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) inhabilitaba a cualquier ciudadano para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el propio certificado aclara que, desde que fue dictada la Sentencia C-1083 de 2005 de la Corte Constitucional, la inclusión en el BDME no constituye impedimento para contratar con entidades públicas y para desempeñar cargos en el sector oficial.
Una mirada a sus gastos electorales
El alcalde Yahir Fernando Acuña Cardales financió su campaña a la Alcaldía de Sincelejo en 2023 con $888 millones que reportó como provenientes en un cien por ciento de su patrimonio y el de sus familiares.
Dos años después, sus propias declaraciones oficiales muestran deudas por $1.003 millones, patrimonio líquido en cero y reportes de mora. El contraste surge del cruce de cinco bases públicas: Cuentas Claras del CNE, Declaraciones de Bienes y Rentas del SIGEP II, Declaraciones de Renta de la DIAN, Boletín de Deudores Morosos del Estado de la Contaduría General y centrales de riesgo.
En 2019, como candidato a la Gobernación de Sucre, Acuña reportó ingresos por $830 millones. El 74,7% ($620 millones) correspondió a créditos o aportes de su patrimonio y familiares, y el 25,3% ($210 millones) a donaciones de particulares. No hubo créditos bancarios.
En 2023, como candidato a la Alcaldía por el Partido de la U, el patrón se acentuó. Reportó ingresos por $888 millones, en un cien por ciento con origen en su patrimonio y el de familiares, según el Informe Individual de Ingresos y Gastos del CNE. No se registraron donaciones, créditos bancarios ni financiación estatal.
Los gastos fueron $887.963.320, concentrados en propaganda electoral por $526.6 millones y actos públicos por $202 millones.
Un inmueble que pierde la mitad de su valor
En su declaración de bienes como Diputado de Sucre para el año gravable 2022, publicada el 5 de junio de 2023, Acuña declaró una cuenta de ahorros por $32.101.574 y un inmueble en Coveñas, Sucre, por $850 millones.
Sus deudas eran $67.7 millones. Un año después, en su declaración como alcalde para el año gravable 2023, publicada el 24 de abril de 2025, el mismo inmueble en Coveñas aparece por $425 millones. Una disminución de $425 millones, equivalente al 50 por ciento.
En ese mismo formulario reportó una cuenta por $2.915.956 y obligaciones por $1.003.210.886, entre un préstamo bancario por $107 millones y créditos por $896 millones. La Declaración de Renta de 2023 confirma la tendencia. Patrimonio bruto de $620.049.000 y deudas por $1.003.211.000, lo que deja un patrimonio líquido declarado de $0.
En 2021, su patrimonio bruto era de $705.236.000 y su líquido de $619.279.000. En ambos formularios manifestó no tener participación en sociedades, actividades económicas privadas ni inversiones en Colombia o en el exterior.
La consulta en el RUES por nombre y cédula no arrojó registros mercantiles, es decir, que no hay empresas a su nombre.
El comportamiento crediticio a agosto de 2026 registra cinco obligaciones vigentes por $36.254.000, con mora de $2.869.000. Entre ellas, una tarjeta de Bancoomeva con mora superior a 60 días y una cuenta de ahorros en BBVA con estado embargada, según reporte actualizado al 31 de agosto de 2026.
Volviendo brevemente al caso del hallazgo de los $500 millones, Acuña explicó que el dinero provenía de compraventa de inmuebles. La Fiscalía señaló que las escrituras aportadas estaban fechadas el 24 de octubre, un día después del decomiso, y realizó diligencias en la Notaría Tercera de Sincelejo y en la Notaría Única de Corozal. La Misión de Observación Electoral planteó la hipótesis de posible compra de votos.
Los datos relacionados hasta aquí dejan tres preguntas abiertas: el origen de los $888 millones reportados como patrimonio propio, la razón de la variación de $425 millones en el avalúo del inmueble de Coveñas entre 2022 y 2023, y el detalle de la obligación MMU539.
Durante la validación realizada mediante la consulta a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos fueron obtenidos obtuvieron dos registros inmobiliarios asociados al documento de identificación consultado. Los registros corresponden al municipio de Sincelejo, Sucre.
Un nuevo matrimonio con Sofía Isabella Méndez Torres se encuentra inscrito en un registro civil como celebrado en la Notaría 3 de Sincelejo el 17 de marzo de 2025, bajo el serial 0008224900. Aún no está claro si la investigación por presunto enriquecimiento ilícito ha cobijado información sobre bienes de la sociedad conyugal.
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