Entre el 2002 y el 2004 no hubo un batallón que presentara más resultados que La Popa. El 25 de octubre del 2002 informó que en un combate en la hacienda El Socorro en la vereda Bosconia había matado a 19 guerrilleros del frente 6 de diciembre del ELN. La hazaña tenía unos detalles extraños. Ninguno de los 14 soldados sufrió una sola herida, algo que no le sucedía ni siquiera a los contraguerrillas más aguerridas. Lo otro que despertó sospechas es que el Frente 6 de diciembre no se movía en Bosconia que era un territorio ampliamente dominado por los paras.
Empezaba a rondar el escándalo a uno de los más destacados oficiales del Ejército de Colombia: Coronel Hernán Mejía. Se incorporó a sus filas a los 16 años y siempre fue el primero de su curso. A los 22, ya con el grado de subteniente, cobró fama al rescatar entre los hierros chamuscados y la lluvia de metralla que dejaba la toma del Palacio de Justicia al magistrado Humberto Murcia Ballén. Su ascenso fue imparable y su hoja de vida impecable hasta que estalló el escándalo.
El suboficial llamado Edwin Manuel Guzmán afirmó que Mejía recibía un sueldo de 30 millones mensuales por parte de Jorge 40 y hacía tratos con los jefes paramilitares del Bloque Norte Omega y 39. Además relató que al mes de estar al mando del Batallón La Popa el Coronel conformó un grupo especial con 14 militares que tenía como fin hacer golpes en acciones rápidas. Al grupo se le conoció desde el principio como El zarpazo. Sus correrías solo demoraban cinco horas y siempre traían uno o dos guerrilleros muertos. Según Guzmán a todos les parecía raro estos resultados pues las contraguerrillas más avezadas no tenían resultados tan espectaculares.
El 9 de septiembre de 2013 el juzgado sexto de Bogotá lo condenó a 19 años y 6 meses de prisión por su participación y responsabilidad en la conformación de una alianza con los paramilitares que delinquían en la región. Siempre lo negó e incluso escribió un libro que tituló Me niego a arrodillarme donde afirmaba que había sido parte de un complot de Santos a quien llamó traidor.
La pena no se extendió tanto tiempo en el Centro de Reclusión Militar de la Escuela de Artillería en el sur de Bogotá. El Coronel es el oficial de más alto rango beneficiado por la Justicia Especial para la Paz. Las decenas de deudos de indígenas y campesinos de la zona del Cesar asesinados extrajudicialmente esperan que el coronel Mejia cuente toda la verdad. Esa parecería ser su intención al acogerse al Tribunal de Justicia Especial.
Hoy los hechos del auto y las conductas del subcaso de la Costa Caribe, en el que imputa Mejía, a su sucesor el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, y a otros 13 militares por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas atribuidas al batallón de Artillería No. 2 'La Popa', ubicado en Valledupar, son publicados.
De todos los asesinatos presentados en el auto de la JEP, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía, quien ya fue condenado por la Justicia ordinaria en 2013 por nexos con el paramilitarismo justamente por casos relacionados con los "falsos positivos", y 52 bajo el de Figueroa Suárez, que no ha comparecido a las citaciones de la JEP.
58 de estos crímenes fueron investigados en la Justicia ordinaria y 13 por la militar, y estaban vinculados alrededor de 280 integrantes del Ejército, pero sólo hubo 14 condenas sobre 5 de estos hechos y solo 7 fueron ejecutadas.
También están siendo procesados los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero. El teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.
Cesar es el cuarto departamento del país con mayores registros de 'falsos positivos': 323 de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre 2002 y 2008 se habrían cometido allí.
En dicho fallo se concluyó que el oficial había tenido participación en la presentación irregular de bajas en combate. El fallo advierte que 23 personas fueron presentadas como integrantes de grupos ilegales abatidos en combate.
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