Ya hay gente que no aguanta más, que se reventó. No sólo tuvieron que esperar en sus casas los dos meses de cuarentena estricta sin poder trabajar. Gente que se valía de sus propios medios para poder subsistir, trabajadores informales, rebuscadores. Y muchos gobiernos locales, como el de Claudia López en Bogotá, habían prometido congelar los servicios básicos de energía eléctrica, alcantarillado, acueducto. Todo lo contrario pasó, se dispararon los precios y también las denuncias. Se estima que más de 9.000 reclamos llegaron a Enel-Codensa. La compañía está en Bogotá, Cundinamarca y en algunas partes del Meta, Tolima y Boyacá.
Ellos no son los únicos que están contra la pared. También las empresas de alcantarillado de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Manizales y Popayán. Según declaró Natasha Avendaño, Super Intendente de Servicios Públicos en una entrevista a Blu Radio: "Nuestra gestión en esta etapa es determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio".
La Súper Intendencia tiene sobre la lupa también a tres empresas de gases como son Cedenar, Alcanos y Gases del Caribe. Este era el momento clave para que el viejo odio de los colombianos a las empresas de servicios públicos cediera pero volvieron a fallarle a la gente y demostraron que para ellos lo más importante es facturar.
