El pasado fin de semana se dio en el municipio de Cajamarca Tolima la votación de la consulta popular minera en donde la población que acudió a las urnas decidió con una apabullante mayoría del 97% no permitir la explotación de oro en su territorio por parte de la multinacional Anglogold Ashanti.
El hecho de que la población, por su propia iniciativa, sin necesidad de la intervención de colectivos ambientalistas o de otros órdenes. Se allá dado la pela de lanzarse en la defensa del territorio y de su derecho a un ambiente sano para ellos y sus hijos, constituye una acción de carácter histórico, digno de respeto y admiración. Toda vez que la explotación de oro es de las que más perjudica el medio ambiente y la salud humana, debido no solo a las grandes excavaciones que exterminan la biomasa, sino a las ingentes cantidades de químicos tóxicos como cianuro y mercurio que son vertidos en las fuentes de agua y son (por más que se hable de minería responsable) totalmente incompatibles con la vida.
Es por estas razones que ha sido totalmente vergonzosa e indignante (aunque no inesperada) la actitud de los actores de poder en el país después de conocerse los resultados de la consulta. Comenzando por los medios de comunicación privados. Donde la noticia ha sido la incertidumbre jurídica que de ahora en adelante tendrán que afrontar las nobles empresas que vienen a invertir en Colombia y sus recursos no renovables.
Los grandes medios en Colombia, dedican amplios espacios a las declaraciones del gerente de comunicaciones de la Anglogold, hablando de los perjuicios que traerá a la inversión extranjera, el hecho de que sea la gente la que toma este tipo de decisiones. Porque eso de la democracia es mejor que se quede en la gente eligiendo candidatos cuyas campañas son financiadas por empresas como esta, en lugar de los peligros que se ciernen sobre los negocios, cuando el pueblo la ejerce directamente. Así palabras más palabras menos, los medos Invisibilizaron de un plumazo las voces de las personas que valientemente se levantaron contra esta multinacional.
Por otra parte, el ministro de minas Germán Arce en representación del gobierno no se ha quedado atrás, fungiendo de abogado de empresas como la Anglogold con el débil argumento de que esto abrirá la puerta a la minería ilegal que terminaría apoderándose de los territorios que no sean intervenidos responsablemente por compañías extranjeras. Ante este argumento lo que tendríamos que decirle al ministro es, que lo que debe hacer en este caso es su trabajo, coordinando con las diferentes autoridades y ejerciendo controles para que esto no ocurra.
Igualmente se arguye de manera falaz, que los resultados de la consulta no se pueden aplicar de manera retroactiva a títulos mineros que están ya aprobados. Cuando la realidad es que mientras se está en fase de exploración estos pueden ser revocados a discreción del gobierno, más aún si los resultados de la consulta se toman como un mandato legal.
Todas las argumentaciones de estos actores, Gobierno, medios, Mega-mineras, giran en torno a la idea de lo nefasto que sería para el país que estas empresas no nos complazcan viniendo a dejarnos sus riquezas para el desarrollo y bien del país. Cuando la realidad es que no vienen a dejar riquezas, vienen a llevárselas. Y lo que dejan en impuestos y regalías no compensa los daños ambientales y sociales que causan. Y a aquellos que por sus intereses directos en el tema les parece terrible el antecedente que sienta hoy el pueblo de Cajamarca, habría que preguntarles ¿qué pensarían de tener un boquete infecto de cianuro y mercurio en su patio trasero? Por lo que, si la voluntad popular en este caso es ignorada, no solo Cajamarca sino todo el pueblo colombiano debería hacerse sentir.
