"La verdad estábamos perdiendo la guerra", le dice a la JEP el general acusado de 55 crímenes de inocentes

Las2orillas conoció la versión que rindió Paulino Coronado ante el tribunal que en una decisión histórica lo imputó por ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo

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agosto 01, 2021

En las filas militares, el brigadier general (r) Paulino Coronado es considerado un referente por crear el sistema de comunicaciones públicas del Ejército e intentar implementar una política en defensa de los derechos humanos; sin embargo, sobre su nombre pesan duras y serias acusaciones que lo señalan como uno de los principales responsables de los llamados "Falsos Positivos" o ejecuciones extrajudiciales de civiles en la región del Catatumbo. Coronado fue comandante de la Brigada 30 entre 2007 y 2008, precisamente, los años más sangrientos de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, como lo registró la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 6 de julio: 120 jóvenes, campesinos, obreros o desmovilizados fueron asesinados para presentarlos posteriormente como bajas en combate.

Las2orillas conoció el testimonio que Paulino Coronado rindió ante la JEP el 25 de noviembre de 2019. El general retirado fue citado luego de que cinco comparecientes lo mencionaran dentro del caso 03 Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Durante más de seis horas hizo un repaso de sus 33 años de carrera militar, explicó su rol como comandante en el Catatumbo e intentó justificar su accionar y responsabilidad frente a los falsos positivos.

A lo largo de su declaración Coronado deja claro un punto: la "teoría de la inflexión física", un plan estratégico impartido por el general Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, para derrotar militarmente a las FARC, fue determinante para que los falsos positivos se convirtieran en una realidad.

Cuando Paulino Coronado aterrizó en la región del Catatumbo en 2006 para asumir la comandancia de la Brigada 30, el entonces recién ascendido brigadier general ya se había fogueado en territorios como el departamento del Chocó, donde hizo parte de la fuerza de tarea conjunta que el Ejército tenía entre los años 95 y 97 para enfrentar a las FARC y al ELN. Pero nada de lo que había visto en sus años de carrera se compararía con lo que viviría entre 2007 y 2008. Coronado fue nombrado comandante de una brigada que, según él, estaba "derrotada" y era "fracasada", pues en tan solo un año había tenido tres comandantes distintos. "La verdad, estábamos perdiendo la guerra, aunque no se quisiera aceptar", le dijo Coronado a la JEP.

La presión por parte de los altos mandos era constante. Para Álvaro Uribe, presentar resultados a la opinión pública para demostrar que la guerra contra las guerrillas se estaba ganando era eje central de su política de Seguridad Democrática. En esa tarea, Mario Montoya era un aliado clave del presidente. Según Coronado, el entonces comandante del Ejército insistía constantemente en la necesidad de presentar bajas en combate. De hecho, desde la comandancia se clasificaban las divisiones, las brigadas y los batallones en un ranking de la muerte: quien presentara más bajas era considerado el mejor grupo.

Además, como se supo posteriormente, las muertes en combate traían consigo una serie de premios y estímulos que fueron establecidos desde el Comando del Ejército. Esto provocó que los soldados presentaran resultados a como diera lugar.

Dichas presiones no solo las ha señalado Coronado en su versión ante la JEP. Ya son varios los oficiales que aseguran que Mario Montoya tenía como prioridad las bajas en combate y, como contó el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien fue jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15 con sede en Ocaña y también rindió testimonio ante la JEP, el comandante del Ejército exigía "litros de sangre".

Diapositiva de la presentación de Mario Montoya sobre la “teoría de la inflexión física” y expuesta por Paulino Coronado ante la JEP.

El 6 de diciembre de 2007 Paulino Coronado fue convocado a una audiencia pública en el Teatro Leonela de Ocaña para darle a conocer las denuncias que venían haciendo las juntas de acción comunal de los municipios de Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí, La Playa y El Carmen sobre los asesinatos que se estaban presentando en la región y la posible responsabilidad de los soldados del Batallón de Infantería Nº 15 Francisco de Paula Santander —comandado por el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo— y la Brigada Móvil 15 —cuyo comandante era el coronel Santiago Herrera—, ambas adscritas a la Brigada 30 y por ende bajo el mando de Coronado. En dicha reunión, que estuvo intermediada por las organizaciones MINGA, CISCA y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se denunció públicamente las muertes de personas de la comunidad que estaban siendo presentadas como guerrilleras y dadas de baja en combate. Aunque Coronado le dijo a la JEP que sí asistió a la audiencia, negó que en algún momento se hablara explícitamente de "falsos positivos". Sin embargo, la JEP cuenta con pruebas suficientes para cuestionar sus afirmaciones y en su poder tiene una convocatoria oficial y la agenda de la reunión en la que estaba planteado explícitamente abordar las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Coronado sí tuvo conocimiento de las denuncias en concreto.

Durante su declaración, Paulino Coronado insistió en varias oportunidades sobre su poder de mano real sobre el Batallón Santander, que según la JEP asesinó a por lo menos 44 personas para presentarlas como bajas en combate, y la Brigada Móvil 15, que es responsable de por lo menos 76 ejecuciones extrajudiciales. Aunque Coronado aseguró que desde su llegada al Catatumbo estas dos unidades nunca estuvieron bajo su control por orden del general Carlos Saavedra, entonces comandante de la Segunda División, lo cierto es que existen grabaciones y testimonios que contradicen lo dicho por Coronado. Entre las pruebas que tiene la JEP hay una grabación del 10 de diciembre de 2007, apenas cuatro días después de la audiencia en el Teatro Leonela de Ocaña, en la que Coronado le habla directamente a todas las unidades de la Brigada Móvil 15 en un programa de radio y asegura que "quisieron hacer un juicio público para incriminar las tropas, pero se fueron con el rabo entre las piernas. Las tropas siempre deben estar, siempre preparadas para cualquier actitud en contra de estas jurídicamente, hay que tener las armas para contrarrestar cualquier denuncia interpuesta por los bandidos. Se deben golpear contundentemente dándolos de baja en combate" [sic]. Tanto esta grabación como otras que tiene en su poder el tribunal de paz y fueron expuestas parcialmente en el Auto 125 de 2021 demostrarían que Coronado sí les impartía órdenes y les hacía controles tanto a la Brigada Móvil 15 como al Batallón Santander y por lo tanto era responsable por su accionar.

"No estamos ante un falso positivo"

El caso que destapó la olla podrida de los falsos positivos fue el de los 19 jóvenes de Soacha asesinados en Ocaña en 2008 y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Hoy se sabe con toda certeza que, a través de un plan organizado y criminal, soldados del Batallón Santander y de la Brigada Móvil 15 reclutaron varias personas con engaños para llevarlos hasta Ocaña y allí matarlos. En septiembre de aquel año el general Paulino Coronado salió a dar declaraciones a los medios de comunicación para asegurar que los 19 jóvenes habían muerto en combate: "aquí no estamos ante unos falsos positivos, estamos frente a personas que se enfrentan al ejército".

Sin embargo, para Coronado este no era un hecho nuevo. Las denuncias adelantadas por las comunidades más otros casos en los que había alguna irregularidad eran antecedentes suficientes para que el general y comandante de la Brigada 30 sospechara. Durante su versión rendida ante la JEP, Coronado aseguró que hoy se arrepentía de haber dado esas declaraciones y, todavía más importante, señaló que el general Mario Montoya le dijo que no podía estar seguro de que todo lo relacionado con el caso de los jóvenes de Soacha estuviera en orden.

Tras el escándalo por el asesinato de los jóvenes de Soacha, Álvaro Uribe se vio obligado a hacer una purga en el Ejército para sostener ante los medios de comunicación y la opinión pública su política de Seguridad Democrática. En alocución presidencial pidió el retiro, precisamente, del general Paulino Coronado y otros 24 oficiales —entre los que se encontraban el comandante del Batallón Santander y los dos comandantes que tuvo la Brigada Móvil 15 entre 2006 y 2008—.

Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, después de escuchar los testimonios de decenas de militares, decidió imputarlo por "31 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida". De esas 31 víctimas, 11 fueron asesinadas por el Batallón Santander y las otras 20 por la Brigada Móvil 15. Además, también lo responsabilizó por "24 casos de desaparición forzada […] en concurso, en cada uno de estos casos, con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida". De estos casos, la mitad fueron ejecutados por el Batallón Santander y la otra mitad por la Móvil 15.

Paulino Coronado es hasta ahora el militar de más alto rango imputado por la JEP. En una decisión histórica, el tribunal apuntó a lo más alto para determinar responsabilidades, no solo de los soldados rasos, los cuales en algunos casos ya han sido condenados por la justicia ordinaria, sino también de los altos mandos. Los falsos positivos pesarán siempre sobre el Ejército y la JEP está dispuesta a escarbar hasta lo más profundo para dar con todos los responsables, sin importar su rango o poder político.

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