La trampa de condenar a Petro con sospechas

Texto escrito por: Carlos Enrique García Prieto

Quien escribe no pretende sumar una opinión más al coro de réplicas; pretende desmontar, con razones y con hechos, la arquitectura de un texto que se presenta como crónica objetiva cuando en realidad opera como pieza de convicción. El artículo de José Guillermo Mejía J. no informa, sentencia. Toma resoluciones judiciales, varias de ellas controvertidas, algunas abiertamente contaminadas por la política, y las eleva a veredictos morales irrevocables, con lo cual sustituye la pregunta por la justicia por la pregunta por la decencia, y la decencia, se sabe, es un tribunal sin código penal. A continuación, se demuestra por qué esa operación es intelectualmente insostenible, y por qué la figura de Gustavo Petro, a quien el texto dedica sus párrafos más densos en insinuaciones y más pobres en contexto, merece una defensa que el autor no quiso siquiera intentar.

I. El silencio que delata: la omisión del Lawfare

El artículo que nos ocupa no es un análisis; es una pieza de convicción. Su arquitectura retórica descansa sobre un mecanismo tan simple como eficaz. Tomar resoluciones judiciales, muchas de ellas controvertidas, algunas abiertamente contaminadas por la política, y presentarlas como veredictos morales irrevocables. Bajo ese procedimiento, la pregunta por la justicia se sustituye por la pregunta por la decencia, y la decencia, se sabe, es un tribunal sin código penal.

Nada más elocuente que el caso de Lula da Silva. El texto reconoce que sus condenas fueron anuladas, pero lo hace con una concesión mezquina, las reduce a “errores procesales”. La realidad es más grave y reveladora. El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró, por ocho votos contra tres, que el tribunal de Curitiba carecía de competencia para juzgarlo; y más tarde, por siete contra cuatro, confirmó que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad manifiesta, coordinando con la fiscalía antes de dictar sentencia y aceptando después un cargo ministerial en el gobierno de Bolsonaro. No estamos ante una falla técnica, no señores, estamos ante un juez y un fiscal que conspiraron para sacar de la contienda electoral al candidato mejor posicionado. El artículo exige “precisión” para hablar de Lula, pero se niega a aplicarla a quienes lo encarcelaron.

Algo semejante ocurre con Cristina Fernández de Kirchner. El texto la presenta como condenada “en firme”, y omite que la defensa aportó, en agosto de 2026, documentación oficial de Vialidad Nacional según la cual la empresa de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos fiduciarios viales entre 2009 y 2015 —unos 18 millones de dólares—, mientras que la beneficiaria principal fue IECSA, firma del primo del expresidente Mauricio Macri, con el 16,36%, equivalente a unos 360 millones. La causa está hoy sometida al Comité de Derechos Humanos de la ONU por denuncia de “lawfare” y proscripción política. Llamar “condena firme” a un proceso que se encuentra bajo escrutinio internacional no es informar, es elegir la versión que conviene al relato.

Y en cuanto a Correa, el texto lo llama “fugado”. Obtuvo asilo en Bélgica porque la agencia de asilo de ese país reconoció riesgo de persecución política. Podrá discutirse ese reconocimiento, pero sustituir el análisis por la etiqueta de “prófugo” es reemplazar el argumento por el adjetivo. Más aún cuando el propio texto evita mencionar el contexto regional, como las reformas judiciales financiadas por agencias estadounidenses y bancos multilaterales en América Latina durante la última década, que introdujeron la negociación de la declaración de culpabilidad y la delación premiada, no fueron diseñadas en el vacío. Fueron diseñadas, en buena medida, para convertir el sistema judicial en un instrumento de gobernabilidad política. Juzgar a la izquierda latinoamericana sin nombrar ese entramado es como juzgar un partido de fútbol mirando solo un arco.

II. Gustavo Petro: el miedo de la derecha no es al expediente, es a la multitud

El artículo dedica a Petro su párrafo más denso en insinuaciones y más pobre en contexto. Vale la pena desmontarlo pieza por pieza.

Primero, la sanción de la campaña presidencial por irregularidades financieras. El propio texto admite que no equivale a condena penal. ¿Por qué, entonces, la incluye en la lista de “controversias” junto a cargos por narcotráfico? Porque el objetivo no es informar, es producir la sospecha por contaminación. Una falta administrativa, resuelta por un órgano electoral de composición política, se coloca al lado de imputaciones criminales para que el lector asocie lo que el texto no se atreve a afirmar.

Segundo, las pesquisas estadounidenses. El texto dice que Reuters informó de ”exámenes” sobre posibles vínculos con narcotraficantes. Entre examinar e imputar hay un abismo. Petro lo ha negado. Y lo que el artículo omite es decisivo; las revelaciones sobre el llamado “Honduras Gate”, con grabaciones en las que se planifica una campaña de desprestigio contra gobiernos de izquierda, incluidos Petro y Claudia Sheinbaum, con aportes comprometidos de 350.000 dólares por parte del gobierno de Milei y 150.000 del Ministerio de Infraestructura hondureño, para “atacar y erradicar el cáncer de la izquierda”. Cuando las acusaciones contra un presidente provienen de un entramado que documentadamente se coordina para difamarlo, el periodismo serio está obligado, como mínimo, a mencionar ese entramado. Este artículo no lo hace. Y ese silencio no es neutralidad, es complicidad narrativa.

Tercero, el “Pacto de Valledupar” y las denuncias de excolaboradores. Son señalamientos en investigación, que Petro niega. Pero el texto no los presenta como acusaciones. Los presenta como la prueba de que “pertenecer a la izquierda no convierte a nadie en una alternativa honesta”. Es decir, convierte una denuncia no probada en una conclusión moral. A los adversarios de Petro se les exige, en cambio, nada. Del uribismo, con sus propios escándalos judiciales y su paramilitarismo documentado, no hay una sola línea. De la connivencia de sectores políticos colombianos con el narcotráfico, históricamente probada en la financiación de campañas de derecha, tampoco. El rasero no es un rasero, es una balanza inclinada.

Cuarto, la inclusión en la lista OFAC junto a su exesposa. El texto la califica de “grave”. Lo grave, en rigor, es otra cosa; la OFAC es una lista administrativa unilateral, sin juicio, sin pruebas públicas, sin derecho de defensa. Confundir una designación administrativa estadounidense con una responsabilidad judicial es, precisamente, revelar la lógica profunda del artículo. El poder administrativo de Washington funciona como tribunal supremo del hemisferio.

Ahora bien, ¿por qué esta acumulación? ¿Por qué Petro y no otro? La respuesta no está en los juzgados de Bogotá. Está en la calle.

Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Su elección rompió dos siglos de alternancia entre élites tradicionales. Su gobierno impulsó reformas pensional, agraria y de salud que tocan los cimientos de un orden social construido sobre la exclusión. Y su movimiento político, el Pacto Histórico, sigue siendo la fuerza electoral más competitiva del país, con su candidato Iván Cepeda liderando las encuestas antes de las elecciones y después de ellas en el año 2026. Si Petro fuera el personaje deslegitimado que este artículo describe, ¿cómo se explica que su proyecto político siga siendo el más popular de Colombia?

Aquí está el núcleo del miedo. No es el expediente, es la multitud. No es el supuesto desfalco, es la evidencia de que un gobierno de izquierda puede gobernar, resistir y conservar el apoyo popular en un país donde el poder siempre había sido patrimonio de unos pocos. Eso es lo que la derecha no perdona, porque desmiente su tesis fundamental, que la izquierda solo puede llegar al poder por la fuerza o por el fraude, y que, una vez allí, necesariamente lo destruye. Petro, con todos sus errores y controversias, demuestra lo contrario, que la izquierda puede administrar el Estado, ampliar derechos y ser mayoría. Y eso es más peligroso para el grupo de poder que cualquier escándalo.

Sus votantes no necesitan un santo. Necesitan un Estado que deje de ser ajeno. Y este artículo, al reducir su gobierno a una suma de sospechas, no está defendiendo la honestidad pública, está defendiendo el privilegio de quienes siempre tuvieron el monopolio de la virtud y de la ley.

III. Epílogo: la honestidad como coartada

El texto cierra con una sentencia que se pretende definitiva: “pertenecer a la izquierda no convierte a nadie en una alternativa honesta”. Es cierto. Pero la proposición simétrica también es verdadera y el artículo la silencia, pertenecer a la derecha tampoco convierte a nadie en un perseguidor legítimo.

Refutar este artículo no exige negar que todo político deba rendir cuentas. Exige señalar algo más elemental. Cuando el sistema judicial se politiza, cuando una potencia extranjera designa unilateralmente a un presidente, cuando se documenta una coordinación internacional para difamar a gobiernos de izquierda, equiparar el resultado judicial con la verdad moral es, en sí mismo, un acto político. Que Petro sea o no condenado no lo decide este texto. Pero la pregunta que este texto realmente quiere responder ¿merece izquierda conservar su autoridad moral? ya quedó contestada por sus propias omisiones. La honestidad, cuando se invoca para linchar, deja de ser una virtud y se convierte en una coartada.

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