Señorías, nos hemos negado a ceder a la tiranía avasallante de la Corte Constitucional, lo cual constituye un peligro real, un auténtico veneno para la democracia y el futuro del país. El resultado de la Corte Constitucional no representa, a mi juicio, un camino valiente y estimulante hacia la democracia constitucional compuesta por tres poderes independientes, sino más bien la senda fácil del populismo y el activismo judicial, que conduce directamente al infierno de la autocracia institucional. Mediante su jurisprudencia excesivamente celosa, la Corte Constitucional se desvió de su mandato inicial dando cabida a distintas interpretaciones, lo que conlleva con no poca frecuencia a comparaciones de contenidos disímiles y a interpretaciones erróneas y que inciden sobre la vigencia del Estado de derecho, pilar de la democracia.
Aunque las cualidades jurídicas e institucionales necesarias del tribunal constitucional proyectan una imagen de respetabilidad y representatividad, manifiesta una marcada tendencia hacia la autocracia y no está a la altura de las de una corte respetuosa de la Constitución política y del Estado de derecho, y muy especialmente de los principios de la independencia de la judicatura y estándares internacionales que rigen el ejercicio efectivo de la soberanía de un Estado y de las normas internacionales para un justo proceso, que consagran los artículos 14 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La corte, bajo la excusa de imponer un modelo igualitario, no solo exalta la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria y glorifica la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad, sino también ensalza la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón.
Pero si es así será porque dicha corte ha abandonado el nuevo rol que le asigna la Constitución, el rol del "centro" vital que debe "sostener" si queremos tener una sociedad libre y democrática en la que impere el Estado de derecho. Por desgracia, hemos perdido lo que Learned Hand se refiere como el espíritu de moderación, que es la base de una sociedad libre y del progreso humano. Esta corte —a favor de mantener el statu quo— con una perspectiva militante, activista y “progresista” de la supremacía del poder judicial sobre la Constitución y a favor de la acción normativa o la concepción y la orientación de un modelo de jueces estadistas se opone a las reformas democráticas y actúa como una oposición política, respalda y utiliza su alta función para intervenir en el juego político democrático o, peor aún, por su poder de interpretación, sustituyendo al legislador con una invasión en sus competencias o una interpretación extensiva, legislan desde la magistratura o se erige en un verdadero poder legislativo, pero sin ningún control parlamentario o político.
El ejercicio de este poder por parte de la Corte es frecuentemente cuestionado y va más allá de lo permitido por la ley nacional y los tratados internacionales y su infracción constituye una violación grave de la Constitución, en la medida que la judicatura es, precisamente, uno de los principales custodios. A todo ello viene a sumarse la prolongación indebida de facultades extraordinarias que corresponde prima facie a los poderes políticos e interferencias políticas indebidas durante la vista de una causa que sobrepasan ampliamente las limitaciones y derogaciones permitidas. Ocurre de hecho con frecuencia que la corte en sus decisiones dicta orientaciones que podrían servir de guía al legislador y al gobierno para saber qué es lo que se debe hacer y cuándo se lo debe hacer e incluso modifica instrumentalmente sus sentencias como instrumento de presión política para defender cualesquiera reivindicaciones.
Los intereses políticos coyunturales o afinidades políticas que tienen un peso decisivo en el contenido de sus sentencias, que presenta todo lo tradicional y católico de forma desfavorable y todo lo laico y socialista de forma favorable, son temas recurrentes en las quejas que se reciben y constituyen una de los más graves "enfermedades" del Estado de derecho. Esto plantea distintas y delicadas cuestiones. La preeminencia de la Corte Constitucional sobre los otros poderes debilita los mecanismos democráticos en los que se asienta el principio de la separación de poderes. En la medida en que nadie ha elegido a los jueces, ello representa una disminución del gobierno democrático. El temor se agudiza también por la percepción muy fuerte de que el sistema de justicia constitucional está en crisis. La democracia puede ser poco práctica, pero es lo único que tenemos entre la libertad y la tiranía. La tiranía de una minoría de jueces —que no son elegidos por nadie y pocos saben cómo han sido elegidos— con derecho de veto es lo más antidemocrático que existe.
La experiencia adquirida en la batalla heroica contra la injusticia y la opresión, venga de donde venga, es que el enemigo, cualquiera que fuese su fuerza, no podría vencer al pueblo que, con integridad y valor en el corazón enfrentaron los obstáculos necesarios en la lucha contra la tiranía, la defensa de los ideales de justicia, democracia y libertad. Quien cree que puede agachar la cabeza esperando que la tormenta pase por otro lado a menudo se equivoca, como demuestra la historia. A veces el pacifismo allana el camino al horror. ¡Esto tiene que cambiar! La corte no puede actuar bajo los únicos dictados de su voluntad o capricho debido a la existencia de una constitución cuya vigencia no puede ignorar y a las que debe dar respuestas. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático: "La ley es igual para todos, no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que perjudica". Siempre seremos partidarios de la democracia y no de la tiranía.
Es un hecho absurdo y, en muchos aspectos, intolerable, que —en el ya debilitado y politizado sistema de justicia colombiano— los jueces constitucionales sean capaces de erigirse en legisladores con el pretexto de interpretar la ley—o ejercer un control a priori sobre la constitucionalidad de las leyes— o actos de los órganos del Estado al margen de los estándares universalmente vigentes, claramente atentatorias al control de la legalidad de los actos de las Instituciones. Es un fenómeno tan frecuente como preocupante. Y cabría preguntarse: ¿ de qué disposición constitucional deriva esa competencia?
Y por si eso no fuera suficiente, hemos visto trucos engañosos, manipulación y, finalmente una corte hegemónica que ignora los principios democráticos y la voluntad democrática del pueblo colombiano, que votó en contra del llamado tratado de paz que, en varios aspectos no supera el test de constitucionalidad de toda ley, y su negativo impacto sobre el estado de derecho. Resulta preocupante que, a pesar de las garantías legales y de los múltiples instrumentos internacionales destinados a preservar su independencia, esta corte ignore los derechos legítimos del pueblo o la voluntad de los ciudadanos, que les son propios, sobre todo para los parientes de las víctimas. A veces cabe preguntarse si esta corte compite con otras sobre cuál es la que más ignora las víctimas, los derechos humanos y el imperio de la ley. La complacencia mostrada por la Corte Constitucional debilita el mensaje que llega de este plebiscito y poco a poco desvanece el estado de derecho y el funcionamiento de instituciones fuertes y permanentes.
La corte quiso dar carpetazo al asunto, del mismo modo que lo han hecho con el trato dado al glifosato o las 16 curules de paz, muestra indiferencia hacia la opinión de nuestro pueblo, el libre consentimiento de cada uno de los ciudadanos y también lo que el pueblo está diciendo. Decir lo contrario sería mentir. Esto no es justicia. Esta corte no puede abiertamente burlarse de la voluntad popular, de los millones de personas que votaron No en 2016 y no quieren la JEP o ridiculizar y burlarse de la democracia de esta forma tan insultante.
No es admisible actuar en contra de lo que quieren los ciudadanos o utilizar cualquier excusa que le sirva de coartada para ignorar e intentar saltarse la voluntad democrática y soberana y a la vez crear una fractura social y política. La problemática jurídica en torno a dicho tribunal y por otro, su filiación ideológica y exageraciones en su búsqueda por una agenda partidista, constituye un error que debilita gravemente la legitimidad del Estado y de los problemas que afectan el sistema judicial y el estado de derecho, es motivo de gran preocupación. Esto crea gobiernos inestables y clientelares, a menudo poco democráticos. Al analizar este punto, que ha sido materia de constante examen y debate, no es posible ignorar que ningún funcionario público puede servir a intereses partidistas y, de ningún modo, sacar provecho de su cargo para beneficio personal, para servir intereses privados, suyos o ajenos, de manera más o menos oculta. Solamente una corte creíble, que sea digna de crédito, puede servir a los intereses de los ciudadanos y de la población de este país, que ha sufrido durante tanto tiempo.
Señores jueces, todo el arsenal de una super corte hegemónica que se arroga unilateralmente el derecho sobra. Lo siento mucho, pero sus miopes o torpes sentencias entorpecen seriamente la labor judicial y el reconocimiento legal de los derechos individuales y colectivos y pone en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales y, por consiguiente, en cuanto a su capacidad para celebrar, sin interferencias políticas, los juicios. Tienen ustedes graves problemas y algunos de ellos han sido diseñados por ustedes mismos. Con la certeza de estar en justo equilibrio con la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, al menos en este asunto, rechazamos tanto un gobierno de funcionarios como un gobierno de jueces.
Rechazamos, por tanto, la potenciación de una nueva forma de imperialismo de los jueces, en contra de la voluntad de su pueblo. Debe evitarse la selectividad, la parcialidad y la politización de lo jurídico, oponerse al uso de dobles raseros y promover el respeto del sistema de control y equilibrio. Un alto grado de activismo judicial puede afectar negativamente los derechos y libertades garantizados por la ley y minar la confianza pública en la integridad e independencia de la judicatura, el orden político y constitucional.
Eso, en sí, es un factor de riesgo para los valores universales de la imparcialidad, la neutralidad, el principio de independencia judicial y la integridad, incluidos los estándares de conducta profesional, la competencia y atribuciones del poder judicial, situación que se ve agravada por una progresiva erosión de la confianza del pueblo hacia la justicia en general y los magistrados en particular, lo que afecta negativamente el "sentimiento popular" sobre la justicia y la igualdad en la aplicación de la ley. La confianza del público en el sistema de justicia es fundamental para una sana administración de justicia. Esto se desprende igualmente del principio de la confianza del público en el Estado. Dicha confianza se erosiona si se percibe que las decisiones judiciales están sujetas a influencias externas inapropiadas o puedan estar teñidas por esas influencias.
Por último, para concluir, quiero decir que es intolerable que dicha institución siga escapando a un control democrático y que sus acciones no correspondan en absoluto a las necesidades del pueblo y a la letra y al espíritu de la carta, los tratados y las leyes en el marco de los límites fijados por la Constitución. Apoyo todos los esfuerzos encaminados a garantizar una transparencia total. Un principio fundamental de las democracias modernas es que toda institución independiente que tenga encomendada una función pública ha de rendir cuentas de su actuación a los ciudadanos y a sus representantes elegidos democráticamente, respetando las reglas de ética profesional.
Un aspecto de vital importancia es conseguir que se refuerce la independencia real e imparcialidad y representatividad de la Corte Constitucional y su línea de actuación independiente, transparente, profesional, conforme con las normas pertinentes del derecho internacional y con los principios de legalidad para asegurar que se respeten los derechos y las obligaciones de los funcionarios y que los administradores y los funcionarios respondan por igual de sus actos.
El juez o magistrado tiene el deber de aplicar la ley con fidelidad, sin preferencias ni favoritismos, en forma justa y pareja, sin atender a las presiones sociales o políticas contingentes, es decir, sin tener en cuenta si la decisión final puede ser popular o no (Couture, Eduardo J., Fundamentos, p. 131); sin ardides legales ni influencias externas, ya sea sean directas o indirectas, y sin temor a la interferencia de nadie –gobierno, grupo de presión, persona o incluso otro juez, basado en los principios de la total libertad y disposición mental, con garantías objetivas y en el interés público para garantizar la protección y el respeto de la Constitución y la garantía básica de los derechos. La reforma de la Corte Constitucional es, sin lugar a dudas, uno de los temas más sensibles y donde la transparencia del proceso de designación de los jueces es determinante para generar la confianza de la ciudadanía en todo el sistema de administración de justicia.
Esperamos que, prontamente, la corte abandone definitivamente su papel de actor gubernamental, burócrata y representante de la sociedad civil mantenga su cometido en la determinación de una judicatura de integridad inobjetable, de resuelta dedicación a esta noble tarea, garantice la vigencia de la democracia y la legalidad contra los atropellos a los derechos y libertades garantizados por la ley y vele por el desempeño de todas sus misiones y funciones en la sociedad. Amen
Nota: Palabrería política aparte, desde la responsabilidad política y desde la conciencia del valor que el derecho tiene para todos nosotros, quisiera decir que la Corte Constitucional, así como numerosos jueces de izquierda, tienen unos órganos sensoriales muy útiles en su afán por resolver problemas relacionados con los partidos progresistas, y los mecanismos se activan con gran celeridad. Sin embargo, cuando se trata de los problemas de los partidos de la centroderecha, se aprecia un deliberado obstruccionismo. El poder del bloque comunista, socialista, liberal y anticatólico en esta corte es muy preocupante.
