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Opinión

La tierra aceitada de Manuelita en Casanare

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Noviembre 18, 2014
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Casi todos los análisis más informados del Proyecto de Ley 133 de 2014 coinciden en que su real propósito es blanquear el irregular acaparamiento de predios baldíos realizados por corporaciones nacionales y extranjeras, además de legalizarlo y hacerlo expedito a futuro.

El fenómeno de la acumulación de tierras baldías en la Orinoquia colombiana podría ser uno de los más grandes entre los conocidos recientemente a escala orbital (escuché que José Félix Lafourie la calculaba en 2 millones de hectáreas en una altillanura que mide 6 millones) y sin duda el mayor escándalo en materia de tierras en los últimos tiempos en Colombia.

La Contraloría General ha recogido parcialmente las denuncias que al respecto se documentaron en el Congreso de la República durante los últimos cuatro años. Catorce casos abordados por el organismo de control suman 101.180, 57 hectáreas y nos encontramos a la espera de un nuevo informe anunciado por la CGR para el mes de octubre, que comprendería entre otros los casos de las propiedades de Poncho Mattos —pupilo de Germán Vargas Lleras y candidato de Cambio radical al senado de la República—; de prestantes familias allegadas al ingenio Mayagüez y a la senadora Susana Correa del Centro Democrático, y de la compañía norteamericana Forest First.

Entre los catorce casos contenidos en el primer informe de la Contraloría destacan algunos que merecen profundización porque ilustran tanto la gravedad del fenómeno como la lógica “empresarista” de un acaparamiento que a veces raya en lo criminal, y las implicaciones de su legalización, que ocurriría por la vía de incluirlos como parte de los proyectos productivos “asociativos” a adelantar en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico

Uno de ellos es el de Aceites Manuelita y la Hacienda San José S.A. ambos de propiedad de la familia Eder, también del Valle del Cauca, y que acumularon irregularmente predios en San Carlos de Guaroa, Meta (5884 hectáreas) y en Orocué, Casanare (16.823 hectáreas).

Sus adquisiciones fueron tachadas de irregulares por la Contraloría, de un lado porque comprendieron baldíos adjudicados en procesos de reforma agraria, cuyo sujeto son los campesinos sin tierra. Y de otro lado, porque acumularon una extensión muy superior a la Unidad Agrícola Familiar —que para la zona oscila entre 623 a 843 hectáreas—, tamaño máximo permitido a quienes poseen baldíos de la Nación.

Pero lo que poco se conoce es que Manuelita, pese a estar presente en el Casanare desde 1987, compró parte de sus tierras a dos oscuros personajes del narcoparamilitarismo en la región, Oscar de Jesús López Cadavid y Gelmer Mauricio Oicata Morales, lugartenientes de las estructuras criminales de los Llanos, partícipes de una convergencia criminal que se hizo al poder político, extendió el narcotráfico, capturó las rentas y acaparó tierras incluso como cálculo de negocios en un escenario futuro a la negociación con el paramilitarsmo.

Portales como Verdad Abierta (“Así fue la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave”, 2009) se ocuparon de la situación en la zona, que su exdirectora María Teresa Ronderos integra hoy magistralmente en una lectura más comprensiva del paramilitarismo en la región y el país, así como de sus complejidades políticas y sociales (Guerras recicladas, 2014).

Difícil, para un actor empresarial importante de la zona, alegar que no conocía de la ocurrencia de hechos de una gravedad extrema y ciertamente ostensibles, como que Héctor Buitrago (padre), alias Tripas, nos notificó de la conformación del grupo paramilitar “Los Buitragueños” (1986) “para enfrentar a la guerrilla”, aunque con el verdadero propósito de encadenar su negocio de cocaína. “Pero también comenzaron a asesinar gente por montones”, decían los artículos de Verdad Abierta.

Dicha violencia contó con un capítulo de enfrentamiento entre grupos paramilitares que hizo historia. Antes de ello, habían resonado en el país las 31 masacres cometidas entre 1997 y 2001, 12 de las cuales solo en Yopal en los primeros meses del 2001, año en que se desplazaron 2.404 campesinos de un departamento de bajísima densidad poblacional. Y 15.000 personas se reunieron para denunciar la “falta de seguridad”. Desde la masacre de Mapiripán (1997), que ganó los ojos del mundo; la de una Comisión Judicial (1997) entre San Martín y San Carlos de Guaroa, y la cruenta guerra entre paramilitares, nadie en la región podía decirse no enterado. La tierra se manchó de sangre, petróleo y aceite de palma.

Las preguntas surgen no ya por esa empalagosa responsabilidad empresarial de la que se ufanan los empresarios cuando financian a la feligresía o donan en la universidad con aspaviento. Sino por la “debida diligencia” que deben tener los empresarios en materia de Derechos Humanos. Y su cálculo rentista que hoy les autoriza a pedir legalización de baldíos malhabidos y ferrocarril hasta sus predios, mientras la “extinción de dominio” duerme el sueño de los justos.

 

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