Tradicionalmente el ejercicio del uso de la fuerza es una potestad que le corresponde únicamente a los Estados. Por tanto, los mismos están en la obligación de contar con una institucionalidad legitimada por mandato constitucional para cumplir con funciones propias de seguridad y defensa. Colombia no es ajena a esta lógica y cuenta con una Fuerza Pública que a su vez es conformada por dos instituciones fundamentales: las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Ahora bien, la doctrina establece que las Fuerzas Militares están para preservar la soberanía, el orden constitucional y la defensa del territorio nacional, mientras que la Policía se encarga de la resolución de conflictos sociales y de velar por la seguridad ciudadana.
He aquí el escollo: la seguridad ciudadana, más que una exigencia, es un derecho fundamental que no ha sido garantizado por el Estado, no solo por la falta de fortaleza institucional sino por problemas de enfoque de política. Y es que Colombia, con su vasto territorio rural (94%) no cuenta con una institución que desde el punto de vista operativo pueda garantizarle la seguridad a aproximadamente el 32% del total de la población que allí habita.
Habiendo dicho esto, en RÓTULOS decidimos conversar con Jairo Libreros, experto en temas de seguridad ciudadana, quien nos ayudó a entender más a fondo esta problemática:
