¡Qué lío! Otro deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana en Bogotá. Sucesivas administraciones han tratado este relleno como si fuera un botadero de basura. ¡Quién lo creyera! El más grande del país y preciso en estos momentos de pandemias restricciones, confinamientos y demás… Vamos a ver las ías cómo funcionan.
A la expectativa por las declaraciones del procurador que tanto ama los flashes, las cámaras y los micrófonos. Cuando hubo (existe) la emergencia del Carrasco, relleno sanitario de Bucaramanga, su despacho fue laxo, aún si las repetidas emergencias se declaran cada tantos años. A pesar del alarmante y permanente peligro e incomodidad para la población y el medio ambiente, la algarabía inicial se calmó sin mayores consecuencias ni responsabilidades. Solo lo de siempre: actos de contrición, datación de plazos y todo cambió para que siguiera lo mismo.
Lo anterior para traer a cuento lo sucedido el año pasado con las Terrazas del Porvenir, relleno sanitario de Sogamoso. Este relleno es propiedad y es administrado por la compañía de servicios públicos local, Coservicios S.A. E.S.P., entidad con mayoría accionaria del Municipio y cuyo presidente de la junta directiva es el alcalde de turno.
Coservicios S.A. suspendió en 2017 la recepción de los residuos sanitarios de 43 municipios de Boyacá. Las razones, de acuerdo con la compañía, estaban relacionadas con el agotamiento de la terraza en funcionamiento que, sin duda, amenazaba una emergencia sanitaria y ambiental.
Pero la Procuraduría Delegada en Sogamoso decidió suspender al alcalde, Sandro Condía por, precisamente, evitar esa catástrofe que hubiera afectado a los habitantes de los municipios del Valle de Sugamuxi (Nobsa, Firavitoba, Iza, Tota, Aquitania, Pesca, Corrales, Tibasosa y Tópaga, entre otros).
Se les negaba el recibo de los desechos a los demás municipios porque, además del volumen, los alcaldes habían incumplido con los compromisos adquiridos con Coservicios S.A. consistentes en promover que sus respectivos habitantes reciclaran y clasificaran los residuos. Por el contrario, desde 2016 cuando firmaron tales obligaciones se incrementó el volumen de desechos.
Pero esos son detalles que la Procuraduría no vio ni entendió. Tampoco, para tomar su decisión final, mostró experticias de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ni de técnicos o expertos de la Supersevicios, entre otros. Solo bastó un documento escrito en volandas por abogados, otrora tinterillos, desconocedores de lo que es un relleno sanitario.
Jamás entendió, por ejemplo, que el principio de precaución y prevención prima ante la duda de un desastre. Aun si, a posteriori, se compruebe la demasía de la decisión tomada. Pero los funcionarios, "procuranoicos" únicamente tuvieron oídos para las consejas del gobernador de entonces, Carlos Amaya —hoy aspirante a la candidatura de vicepresidente de la República y quien además paradójicamente pertenece al Partido Verde—. Muchos intereses le movían a Amaya, un hábil político que como dicen por aquí: “se comió enterita a toda la clase política boyacense”, supuestamente muy avezada y zorra.
Así las cosas, Amaya ganó varias batallas, empezando por lograr sus pretensiones no públicas; además colocó al remplazo del alcalde suspendido, al elegido popularmente y a su sucesor en la gobernación. Al final perdió Sogamoso, se desbarajustó la culminación del Plan de Desarrollo y el alcalde remplazante, debido a su precipitada y cuantiosa contratación durante los dos últimos meses de 2019, a decir de muchos, resultó un desastre. Sin embargo, la Procuraduría con esta última contratación no ha dicho ni mu.
Ahora, para ver, ¿qué acción emprenderá la Procuraduría con el caso de Doña Juana? ¿Utilizará el mismo rasero con Claudia López que con Sogamoso?
