La ministra de Educación secundada por el presidente Duque ha anunciado que recurrirán a los recursos de Sistema General de Regalías (SGR), creado en 2011, mediante el Acto Legislativo 05, el cual sustituyó la asignación directa a las entidades territoriales, culpada de ser foco de la rampante corrupción, para enjugar el déficit que padecen las 32 universidades públicas del país.
El SGR está conformado por cuatro fondos: Fondo de Desarrollo Regional (DR), Fondo de Compensación Regional (FCR), Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI) y el Fondo de Ahorro y Estabilización(FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que son dos en uno. El sistema es la fuente de recursos para financiar el gasto social en municipios y departamentos, donde se explotan los recursos naturales no renovables y se extraen, principalmente, petróleo y gas. El SGR está por fuera del presupuesto del Gobierno nacional y complementa al Sistema General de Participaciones (SGP) surgido en 2001, que arbitra recursos que superan los $ 35 billones. Los dos fondos con mayor peso en el sistema de regalías son el FDR y el FCR, representando cerca del 54%. El FCTI copa el 10%.
El anuncio del Gobierno nacional de utilizar un billón del SGR para sofocar el malestar universitario derivado de la insostenibilidad del sistema de educación superior estatal, tal como ocurrió el año pasado reorientando partidas del FCTI para financiar las vías terciarias, no es procedente. Como se aprecia en el cuadro siguiente, paradójicamente, a la par del repunte del precio de los hidrocarburos que se situó recientemente en 75 dólares, la producción interna del crudo se ha visto menguada, sin sobrepasar el umbral del millón de barriles diarios, presupuestándose para el bienio 2019-2020, inicialmente, $18,5 billones. El reaforo lo ha elevado a $19,2 billones. En los bienios subsiguientes se ha proyectado un persistente descenso en el llamado “plan de recursos”.
Pese a que se aprobaron $11,7 billones para el bienio 2017-2018, al cierre de este periodo de espera que esta cifra suba a $17,2 billones, resultante, parcialmente, del incremento de la cotización internacional del petróleo, dado que el supuesto inicial era un precio de 60 dólares; para 2019 se ha anticipado un guarismo de 65 dólares, distante de los 111 dólares, que fue el pico alcanzado en 2012.
Evolución de los indicadores minero-energéticos
Cambiar de destinación los recursos del SGR supone una reforma constitucional, ya que los receptores de estos recursos son las entidades territoriales, no la nación, los que reaccionarán ante la merma de sus ingresos, cuyas prioridades son los proyectos de impacto regional y local, aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que permitan cerrar las brechas sociales y apalancar la competitividad. El anuncio no es sino un globo distractor para asordinar la crispación de profesores y estudiantes. Como lo han sostenido algunos analistas, es más expedito recurrir a fuentes como el gravamen a las transacciones financieras, calculadas para 2019 en $8,1 billones.
El billón prometido por el Gobierno es una estratagema dilatoria, las universidades requieren $3,2 billones para 2019, no el billón en dos años, con todo el laberíntico proceso para acceder a los recursos del SGR. Si el fondo objeto del zarpazo es el FCTI será otro atentado contra el desarrollo tecnológico del país, de por sí menoscabado con la inclusión en el presupuesto del año entrante de una irrisoria partida presupuestal de $357.000 millones para Colciencias. Ese es el precio de la economía naranja.
