La Fábrica de Licores del Tolima se libró de pagar una indemnización cercana a los $54.000 millones, luego de que el Consejo de Estado revocara la decisión de primera instancia que favorecía a la Unión Temporal Caesca & Licorsa. El litigio, originado en una licitación de 2001, representaba un riesgo financiero para la empresa, hoy gerenciada por Jesús Carvajal Duque.
El pleito se relaciona con la adjudicación del contrato de distribución de bebidas, entre ellas el aguardiente Tapa Roja, su producto insignia y motor comercial. Según el fallo, no quedó demostrada la cuantía de los perjuicios reclamados, razón por la cual la entidad quedó eximida del pago, tras una disputa judicial de décadas.
El proceso comenzó en 2001, cuando la Fábrica de Licores del Tolima abrió una licitación para seleccionar al distribuidor de sus productos. En ese momento, Guillermo Alfonso Jaramillo era el gobernador del departamento. El contrato fue adjudicado a Representaciones Continental S. A., firma que distribuyó las bebidas entre 2001 y 2007.

Foto: Gobernación del Tolima
Entre los participantes que no obtuvieron el contrato estaba la Unión Temporal Caesca & Licorsa, conformada por Caesca y Licorsa. Sus integrantes consideraron que la selección no había sido objetiva. Por ello, acudieron a la justicia para reclamar una indemnización.
La unión temporal estimó sus perjuicios en cerca de $14.600 millones, correspondientes a las utilidades que habría obtenido de resultar favorecida. A esa suma agregó conceptos relacionados con la actualización monetaria y los intereses, hasta elevar su reclamación a aproximadamente $54.000 millones.
El 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima determinó una indemnización de $53.850 millones. El cálculo incluyó $16.083 millones por la utilidad esperada, $19.651 millones por su actualización, $11.161 millones en intereses liquidados hasta abril de 2017 y $6.958 millones correspondientes al interés técnico legal del seis por ciento acumulado posteriormente.
La decisión generó preocupación por su posible impacto sobre las finanzas de la empresa. En 2025, la Fábrica de Licores del Tolima registró ventas cercanas a $26.963 millones y transfirió alrededor de $16.644 millones a la Gobernación para financiar sectores como salud, educación y deporte. Una obligación de esa magnitud habría presionado sus recursos y puesto en peligro su capacidad operativa.
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El Consejo de Estado revisó el caso y revocó la providencia del tribunal. En su decisión, concluyó que la cuantía del perjuicio no estaba probada. Así, la controversia dejó de representar para la licorera la obligación económica establecida en primera instancia.
La decisión se conoce durante la gerencia de Jesús Carvajal Duque, cuya trayectoria también esta vinculada al conservatismo tolimense. Carvajal es señalado como cercano a Óscar Barreto Quiroga, exgobernador y exsenador, quien lo nombró gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia durante su segundo periodo al frente de la Gobernación del Tolima, entre 2016 y 2019. En 2026, Carvajal regresó a la dirección de la Licorera del Tolima por decisión de la gobernadora Adriana Magali Matiz, integrante de la misma corriente política de Barreto.
Matiz justificó el nombramiento por la necesidad de poner la empresa en manos de un gerente con experiencia para liderar una ofensiva comercial ante los cambios en los hábitos de consumo. Por su trayectoria en el sector, Carvajal conocía los antecedentes del litigio que ahora concluye con una decisión favorable a la empresa.
Con el pronunciamiento del Consejo de Estado, la Fábrica de Licores del Tolima cierra uno de los capítulos judiciales más prolongados y cuantiosos de su historia reciente.
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