Como lo viene demostrando Venezuela con amplitud, la verdadera democracia está hecha de una justicia honesta, independiente y regida por leyes garantistas. Nada de eso tiene nuestro vecino. El Tribunal Supremo de Justicia Venezolano está conformado por magistrados cuestionados y cuestionables; el presidente tiene un prontuario por delitos de corrupción, por ejemplo. Sus decisiones parecen dictadas desde el Palacio de Miraflores, sin ninguna separación de los intereses políticos del ejecutivo y se rige por normas, procedimientos y leyes redactadas de afán, según sus necesidades pero no por la rama legislativa, que es desconocida olímpicamente, sino por Maduro y sus secuaces. Allá no hay democracia, la justicia se aplica a discreción.
Esos elementos deben servirnos de alerta, en especial por el susto de convertirnos en un régimen castrochavista. Si hay un camino expedito para llegar a parecernos a esa nación fallida, es el deterioro de nuestra rama judicial. Lamentablemente, eso es lo que está pasando ahora que se confirma el grado de corrupción alcanzado en la Corte Suprema y nos hace recordar los escándalos que se develaron antes en la Constitucional y en la Judicatura.
Si hay un camino expedito para llegar a parecernos a esa nación fallida,
es el deterioro de nuestra rama judicial
Y es que corrupción es corrupción, sin importar si es de izquierda o derecha. Cuando un magistrado empeña su potestad para obtener un beneficio ilícito, no importa si el que le pague es Maduro u Odebrecht, un presidente de un país o de una compañía, un gobernador o un congresista. Simplemente, ese magistrado no está ejerciendo justicia, sino haciendo negocios y de paso pisoteando el fundamento de la democracia: que la justicia sea igual para todos y en defensa del bien común.
José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino, están involucrados en un escándalo de corrupción que da asco y coloca un velo de duda sobre los fallos que pasaron por sus manos. Lo grave es que también esas dudas se hacen extensivas a todo el colectivo, a los magistrados actuales y en general a todo el sistema judicial. No más en el caso de la oposición cerrada que tuvieron a las propuestas de reforma a la justicia y en especial a la creación de un Tribunal de Aforados que se hiciera cargo de juzgar a estos altos magistrados, se puede deducir ahora con las denuncias que se conocen, que no actuaron pensando en el bien del país sino en proteger su pellejo privilegiado.
Que estén implicados excongresistas no sorprende a nadie. Más desprestigio no puede caber en el Congreso porque no tiene más integrantes; pero que en una sola investigación afloren tres exmagistrados, no solo sorprende sino que desmoraliza y enfurece.
Ojalá que no haya solidaridad de cuerpo, por el bien de la rama judicial y de la democracia, se requiere que la Corte Suprema colabore con la investigación, que abra todos sus secretos, que se auto examine y, sobre todo, le dé total respaldo a la Fiscalía y después a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que sería la encargada de abrir el proceso contra estos tres nombres rodeados de privilegios.
No puedo imaginar peor momento para tanto desprestigio de la justicia,
ahora que necesitamos un Tribunal Especial para la Paz y el posconflicto
y que se comprometa a cerrar las heridas de la guerra
No puedo imaginar peor momento para tanto desprestigio de la justicia, ahora que necesitamos un Tribunal Especial para la Paz y el posconflicto y que se comprometa a cerrar las heridas de la guerra y a construir un nuevo país. Nada de esto se puede hacer con la justicia corrupta que tenemos, donde los fallos se compran y se modelan como un traje a la medida del comprador.
¿Justicia corrupta? Eso sí es castrochavismo, así los corruptos sean de derecha, como lo son algunos de los involucrados.
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