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La infiltración de las Bacrim en la política colombiana

León Valencia y Paz y Reconciliación analizan las similitudes con los paramilitares y se establecen los pasos a seguir para acabar con estas estructuras

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Septiembre 11, 2017
La infiltración de las Bacrim en la política colombiana

En agosto de 2007 a través de la Policía Nacional el gobierno del presidente Uribe acuñó la denominación Bandas Criminales –Bacrim-para designar a los diversos grupos del crimen organizado que aparecieron en el país después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Dijo en su momento que se trataba de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico que nada tenían que ver con los antiguos paramilitares. Quería el gobierno despojar a estas expresiones delincuenciales de cualquier connotación política y social. Quería señalar que la negociación con las Autodefensas había sido un éxito completo y bien podíamos doblar la página del paramilitarismo en Colombia.

A partir de esas definiciones el general Óscar Naranjo, en ese entonces Director Nacional de la Policía, trazó una estrategia de Combate a las bandas criminales cuyo elemento central era la captura o baja de objetivos de alto valor. Se trataba de perseguir a las cabecillas de estos grupos mediante sofisticadas operaciones de inteligencia y dar partes de victoria con mucha frecuencia.  Naranjo que, además de haber liderado la inteligencia desde los años noventa, es un comunicador excepcional, logró un gran impacto en la opinión pública y generó confianza en la ciudadanía con la captura de más de una centena de jefes de las bandas. Se pensó entonces que le estábamos ganando la batalla al crimen organizado y que era cuestión de pocos años la desaparición o reducción definitiva de las grandes estructuras criminales.

Pasados siete años, por encargo de Conflict Prevention, nos hemos ocupado de hacer un estudio de la situación de las bandas criminales para descubrir la presencia territorial,  los mercados y rentas que controlan, la influencia social y política que tienen  y  la manera como están asumiendo las negociaciones de paz  que el gobierno nacional adelanta con las guerrillas. Sobre esa base queremos contribuir a dibujar una política del Estado colombiano y de la comunidad internacional frente al crimen organizado en función del postconflicto con las guerrillas.

El estudio ha tomado los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Meta y Magdalena como casos a partir de los cuales hacemos una radiografía general del fenómeno. Se realizaron entrevistas con autoridades locales o con líderes sociales y políticos de las zonas más afectadas por las bandas, se establecieron contactos con personas cercanas o participes de ellas, se recogieron los informes que entidades públicas y privadas han hecho sobre las bandas en estos últimos años y se utilizaron los estudios y reportes que año tras año ha hecho el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación que es el mismo que antes le hizo el seguimiento a este tipo de organizaciones desde la Corporación Arco Iris.

Las conclusiones no son muy alentadoras. Ahora podemos decir que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y que los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales. Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior. Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente.

Insisten en la infiltración y en la cooptación política y social en varias regiones del país, sólo que en las elecciones de 2010, 2011 2014 la forma principal de su influencia fue la movilización de grandes sumas de dinero en función de candidatos afines a sus intereses y no la presión violenta. Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las Bandas Criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las FARC y el ELN.

También hubo variaciones en el entronque con el crimen transnacional y acoplándose a las nuevas realidades nacionales ampliaron sus alianzas con los carteles mejicanos de las drogas y migraron hacia al sur del continente participando en redes criminales tanto en la Zona Andina como en Brasil y Argentina.

Lo encontrado en las seis monografías regionales dice entonces que hay a la vez continuidades y diferencias entre las Bandas Criminales de hoy y la organización que adoptó el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia a finales del siglo pasado y principios de este.  La minimización de las continuidades y la exageración de las diferencias de estas organizaciones con los antiguos paramilitares, ha llevado a los organismos de seguridad del Estado y a la dirigencia política del país a cometer errores en las estrategias para Combatirlas.  Asignarles el rol exclusivo de narcotraficantes y no ver la diversidad de negocios que tienen en sus manos y el control social que ejercen en muchas zonas del país, lo mismo que las diversas relaciones que ostentan con sectores políticos y empresariales y con miembros de la Fuerza Pública a los más altos niveles, ha limitado el alcance de las estrategias para buscar el desmonte de estos grupos.

La presencia territorial

Fue Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien le advirtió al Comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo, en una carta enviada desde la Cárcel de Itagüí, en diciembre 28 de 2006, que una parte de los paramilitares se había quedado por fuera del proceso de paz y estaba dando vida a nuevas organizaciones criminales, le decía: “En fin, en medio de este panorama de equivocaciones tampoco podría sustraerse usted a sus propias equivocaciones entre las cuales brilla, por su inexactitud, aquella de afirmar en su entrevista que el paramilitarismo se había desmontado y que sus jefes están en la cárcel. Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las AUC, 19 están detenidos, esto indica que más del cincuenta por ciento de estos altos mandos, gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las AUC. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios. Nadie como usted en el fondo sabe, que las mal llamadas bandas emergentes, nos son más que grupos paramilitares reconstituidos por muchos de los grandes jefes que huyen prófugos del incumplimiento, de la burla y del sueño destruido de la paz”.

Báez ponía el dedo en la llaga.  Las Autodefensas Unidas de Colombia habían logrado reunir a la gran mayoría de narcotraficantes y paramilitares del país en una confederación liderada por los hermanos Castaño, formados al lado de Pablo Escobar fundador y principal jefe del Cartel de Medellín. El Cartel de Cali se había disuelto y para reemplazarlo se habían desarrollado el Cartel de Norte del Valle, del cual se derivaron posteriormente los “Machos” y los “Rastrojos”. Estos grupos habían tenido alguna relación con las Autodefensas de Castaño contribuyendo a la conformación del Bloque Calima de las Autodefensas. Algunos miembros de estos grupos vallunos alcanzaron a cobijarse en las Autodefensas y entraron al proceso de paz.   Pero la gran mayoría persistieron en el crimen organizado y una vez desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia vieron la oportunidad de reconquistar otra vez le hegemonía que habían logrado entre la criminalidad en los años que siguieron a la muerte de Pablo Escobar.

Entre 2007 y 2011 asistimos a este proceso. La Policía Nacional que había advertido las pretensiones de los del Valle se lanzó sobre los “Machos” y capturó a sus principales jefes. No obstante al lado estaban los “Rastrojos” que tomaron un vuelo inusitado. Esta vez fueron los llamados hermanos Comba quienes lideraron la expansión de esta organización criminal. Empezaron por acabar con los rivales al interior del grupo.  Fue así como uno de los “Comba”, Javier Antonio Calle Serna, persiguió hasta Venezuela a Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”, en ese entonces principal capo de los Rastrojos, lo asedio, lo mató y se apoderó de su imperio. A la cabeza de los Rastrojos desafiaron a la “Oficina de Envigado” y a los “Urabeños” y entre 2008 y 2011 se extendieron por todo el país matando a quienes se atravesaban en el camino.

En la monografía sobre el Valle, realizada por Elizabeth Escobar, está bien descrita esa expansión. Los Rastrojos pasaron de tener actividades en 6 departamentos en 2008 a hacer presencia en 22 departamentos en el 2010.  Su área de influencia se amplió desde el Valle y Risaralda hacia la zona suroccidental, hasta la frontera con Ecuador y Perú y hacia el Norte, incluyendo a Antioquia, Chocó, los departamentos de la Costa Atlántica y Norte de Santander.

La característica principal de los Rastrojos ha sido, sin duda, la de traficar con cocaína, pero en años recientes ha sido evidente su dedicación a la extorsión y a la captura de rentas muy diversas en el litoral pacífico donde ha tenido su mayor influencia. Este grupo es el que más se parece a la caracterización inicial que hizo el gobierno de Uribe de estas fuerzas criminales, ya que ha mantenido como renta principal la derivada del tráfico de drogas. Una de las personas que sirvió de intermediario entre los hermanos Comba y el gobierno del presidente Santos para buscar el sometimiento a la justicia de los Rastrojos le comentó a los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación que uno de los delegados de la Banda Criminal le había dicho con desparpajo que en Colombia no era posible separar cocaína y política, que estas dos cosas estaban indisolublemente ligadas  y por eso acudían al alto gobierno y no directamente a la Fiscalía para buscar caminos de sometimiento. Después vendría el escándalo en el que Calle Serna señalaría, desde una cárcel de los Estados Unidos, que le había dado 12 millones de dólares a JJ Rendón y a Germán Chica, asesores de Santos en la campaña electoral, como estipendio para lograr la negociación con el gobierno, cosa no del todo creíble, pero reveladora de los alcances políticos que tiene el entramado criminal en el país.

El reinado de los Rastrojos duró hasta 2011. Las bandas criminales con asiento en Antioquia, una vez culminada la desmovilización de las Autodefensas, se trenzaron en agudas confrontaciones, en peleas a muerte por la sucesión del mando que habían dejado los grandes jefes paramilitares, por el dominio territorial, por el control de rentas y la influencia social. Los herederos directos de los Castaño reaparecieron con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. En los medios de comunicación los llamaron comúnmente “Los Urabeños”.  En Medellín persistió la Oficina de Envigado y es Carlos Mario Aguilar Echeverri quien sucede a alias Don Berna en la jefatura.  También aparecen “Los paisas”, que tienen todas las trazas de ser una derivación rural de la Oficina de Envigado, encargados de hacer presencia en el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur de Córdoba. Estas organizaciones cumplieron la misión de repeler la ofensiva de los Rastrojos que intentaron llegar a las Comunas de Medellín y a Córdoba y Urabá y de hecho hicieron presencia en esos lugares por cerca de dos años. También afrontaron la ofensiva de la Fuerza Pública que somete a presión a estas organizaciones y logra capturar a alias Don Mario y obliga a varios mandos de la Oficina de Envigado a negociar con Estados Unidos el sometimiento a la justicia. Paralelamente se desarrolla una intensa disputa por la jefatura y el control de los grupos que da como resultado la subordinación de la mayoría de los integrantes a los Urabeños bajo la férula de los hermanos Úsuga, Juan de Dios y Dairo, antiguos guerrilleros del EPL y también largamente vinculados a los hermanos Castaño en los tiempos de las Autodefensas.   El detalle de estos reacomodos y confrontaciones está en la monografía de Antioquia a cargo de Juan Diego Restrepo.

La presentación pública del grupo se había dado el 1 de octubre de 2008 cuando convocaron a un paro armado en la región de Urabá para protestar por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos de paz con las Autodefensas. Con eso reafirmaron su origen en los antiguos paramilitares, pero también mostraron una característica esencial: su capacidad de control social y de influencia política.  Lograron paralizar la región al viejo estilo de las guerrillas y de las propias fuerzas de los Castaño.  Ahora bien, esto fue sólo el arranque.  El primero de enero de 2012 fue la constatación de que habían logrado reunir a los mandos medios y a los reductos que habían quedado por fuera del proceso de paz de las Autodefensas y querían mantener su connotación política y social. Es decir, se estaba cumpliendo lo que Ernesto Báez le dijo al comisionado Restrepo a finales de 2006.  Ese día con el pretexto de rechazar el asesinado de Alias Giovanni, uno de los hermanos Úsuga, convocaron un paro armado que tuvo impacto en siete departamentos y alcanzó a generar una parálisis total de las actividades en la ciudad de Santa Marta en plena temporada turística y en varias comunas de Medellín. Las indagaciones de ese entonces y los trabajos monográficos recientes nos mostraron que los Urabeños habían formado una organización de alcance nacional. Pero pudimos ver también que no se trataba del mismo tipo de organización que se generó alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los Urabeños buscaban subordinar a la fuerza o establecer alianzas con los grupos locales sin que estos perdieran su condición, incluso, en algunas zonas donde empezaron a hacer presencia directa  dieron en utilizar otros nombres para realizar sus actividades delincuenciales. Por ejemplo, para amenazar a líderes sociales y políticos utilizaron en algunas zonas el nombre de Águilas Negras, una denominación que le ha servido también a sectores de inteligencia de la Fuerza Pública para amedrantar y crear confusión, en especial, en los últimos dos años a raíz de los avances en el proceso de paz.

A la vez que reconstruían sus nexos y sus alianzas en el norte del país, los Urabeños se extendían hacia la frontera con Venezuela desde la Guajira hasta Norte de Santander donde libraron una disputa con los Rastrojos que habían alcanzado una presencia importante allí.  Empezaron a llegar también a Cali y a la Costa Pacífica desde el Chocó hasta Nariño.  Particular mención merece el caso de Buenaventura. De esa ciudad se había apoderado una banda criminal llamada “La empresa” que en principio tenía nexos con los Rastrojos. La llegada de los Urabeños significó una confrontación con esta organización que dejó decenas de muertos y una tragedia espantosa que los medios de comunicación reflejaron a la largo de 2013 y 2014. Fue en esa ciudad donde se descubrieron las llamadas “casas de pique”; lugares tenebrosos donde se descuartizaba a seres humanos.  A finales de 2014 los Urabeños habían logrado establecer su presencia en ocho de las doce comunas de la ciudad y “La empresa” se había refugiado en cuatro.  Lo mismo había ocurrido en la ciudad de Cali. La capital del Valle fue escenario otra vez del enfrentamiento del crimen organizado en la disputa feroz por las zonas de Siloé y Agua Blanca. El Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, denunció una y otra vez la desmesura de esta lucha y el daño inmenso que le estaba haciendo a la juventud de la ciudad.

Al finalizar 2014 es posible afirmar que los Urabeños son la banda criminal más extendida, la de mayor número de miembros y la que ha tejido una red de alianzas más diversa y compleja, incluso con las FARC con quien, en algunos lugares, tienen pactos de respeto y división de territorios para controlar mercados ilegales.  Los Rastrojos no han desaparecido, mantienen su presencia con pequeños grupos en algunos sitios del país, pero se han debilitado ante la ofensiva de los Urabeños. El momento del declive de los Rastrojos estuvo signado por la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Javier Antonio Calle Serna, quién después de intentar una negociación con el gobierno colombiano decidió colaborar con la justicia del país del norte.

Estas, sin embargo, no son las únicas bandas con poder, mando y autonomía.   La monografía sobre el departamento del Meta da cuenta de la labor criminal de “Libertadores del Vichada” y el “Boque Meta”, herederos del Ejército Revolucionario Anticomunista –ERPAC- . Una extraña negociación de sometimiento a la justicia dio por disuelto a este agrupamiento, pero dejó vigentes a estas bandas en los llanos orientales.  Particular importancia tienen los Libertadores del Vichada que están controlando los negocios del narcotráfico en la frontera con Brasil, en el municipio de Cumaribo.

La captura de Francisco Kico Gómez, gobernador de la Guajira, y de su aliado Marquitos Figueroa, dejó al descubierto ante las autoridades judiciales, la trama criminal que se había fraguado en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, especialmente en este último con conexiones importantes en el lado venezolano y en Brasil. Era algo que los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación habían advertido desde las elecciones de 2011.

Siempre se ha hablado poco de la potente estructura mafiosa que organizó Víctor Carranza alrededor del negocio de las esmeraldas, del narcotráfico y el lavado de activos, pero últimamente a raíz de la muerte de Carranza y de la disputa a muerte que se libra en Boyacá, los llanos y la propia Bogotá, por el control de los territorios, las redes y el dinero ligados a este jefe mafioso, han saltado a la prensa las noticias de este gran poder criminal.

Menos notorias que estas organizaciones existen alrededor de 90 grupos en todo el país, algunos como la Banda la Cordillera con asiento principal en Dos Quebradas y Pereira han ganado nombre y cierta independencia por su actividad en el microtráfico y la extorsión, pero buena parte de estos grupos, como lo muestran las investigaciones, mantienen lazos con las grandes bandas, especialmente con los Urabeños.

En los tres últimos años han proliferado en diversos lugares del país panfletos con amenazas de muerte a líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de la paz, firmados por las Águilas Negras. El surgimiento de este grupo se dio a comienzos de 2005 en Norte de Santander. Un mes antes, el 10 de diciembre de 2004, se había realizado la ceremonia de desmovilización del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso.   Pero, según versiones en esa región, la desmovilización no fue completa y Mancuso le entregó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un grupo de hombres y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y fue ese reducto el que continúo las actividades criminales después de la desmovilización y tomó el nombre de Águilas Negras. Pero esta banda no mantuvo su autonomía y muy pronto se vinculó a las filas de las Rastrojos.  Ahora el nombre de las Águilas Negras es utilizado tanto por grupos ilegales como por sectores de la inteligencia policial y militar para amenazas, presiones y atentados a líderes sociales y políticos.

Sobre la presencia de las Bandas Criminales en el territorio nacional hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales. La Fundación Paz y Reconciliación ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos. En una entrevista con una persona ligada de mucho tiempo atrás a las Autodefensas y conocedora de primera mano de los Urabeños, decía que esta banda criminal estaba organizada de la siguiente forma: un primer núcleo conformado por 50 comandantes vinculados de manera estrecha con Dairo Usuga, alias Otoniel. Después 2900 integrantes que componen la fuerza directa y propia de los Urabeños y luego nexos y alianzas con diversos grupos que pueden tener 12.000 integrantes. Estos números se pueden prestar para muchas discusiones. Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unos 4900 miembros en estas organizaciones.

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Las Bandas Criminales mostraron desde 2008 una tendencia a intensificar su penetración en las ciudades. Bogotá es un caso especial.  En los años noventa y a principios del siglo, cuando el gran negocio era el tráfico de drogas hacia el exterior, la Capital era atractiva para el lavado de activos y las inversiones; pero al decaer este negocio y emerger el microtráfico y otros mercados ilegales, Bogotá adquirió una importancia notoria. Una población que se acerca a los ocho millones de habitantes y un crecimiento importante de las clases medias, la convirtieron en objetivo del crimen organizado.  La investigación sobre los mercados de la criminalidad en la ciudad realizada por el equipo que hoy trabaja en la Fundación Paz y Reconciliación mostró el entramado mafioso que se había generado en siete puntos clave del territorio y las conexiones de estos nodos con grupos criminales asentados en Medellín, Cali y el Eje Cafetero. Al principio estas organizaciones se contenían para no desatar oleadas de violencia, pero a medida que va pasando el tiempo se registran más y más episodios violentos ligados a estas organizaciones. En el 2014 se contaron 215 casos de homicidio por sicariato. La situación dista mucho de lo que aconteció en Medellín y Cali, pero es bastante preocupante por la resonancia nacional e internacional que puede tener un crecimiento inusitado de la disputa mafiosa en la ciudad capital.

Además de privilegiar algunas ciudades para su expansión el crimen organizado ha dedicado especial atención a los puertos y fronteras en esta nueva etapa de vinculación a mafias transnacionales. Las investigaciones dieron seis lugares principales de enlace: Buenaventura, Tumaco, Urabá, la frontera con Venezuela en la conexión entre la Guajira y Maracaibo y también la región del Catatumbo, así mismo la salida por el Vichada y Putumayo hacia el sur.

La diversificación de las rentas

Hacia finales de los años noventa del siglo pasado Colombia alcanzó la hegemonía completa en el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína.  El momento más decisivo de esta hegemonía fue año 2001 cuando el país llegó a las 160.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca, a la exportación de setecientas toneladas de cocaína y al involucramiento de cerca de un millón de personas en todas las fases del negocio. Fue también el momento de auge de la fuerzas paramilitares y la antesala de las elecciones del 2002 y 2003 donde se gestó el fenómeno de la parapolítica y el control de una tercera parte del congreso, de 250 alcaldías y 12 gobernaciones por parte de esta alianza entre políticos y fuerzas ilegales. Aún en ese tiempo el narcotráfico no era la única renta.  Mauricio Romero (2001) en su libro sobre las Autodefensas muestra la importancia que ya tenía la venta de seguridad a particulares y los jugosos recursos económicos que salían de las empresas para las arcas de los paramilitares. Los casos más sonados, ahora bien documentados, son las contribuciones de las empresas del banano y del carbón en las zonas costeras, casos especiales el de Chiquita Brands y la Drummond. No se quedaban ahí y lograron capturar rentas públicas impresionantes como quedó demostrado en la investigación realizada sobre los recursos de la salud transferidos a las EPS y ESE que terminaron en manos de los políticos ligados a los paramilitares organizados en flamantes cooperativas, que significaron una quiebra en el sistema y una tragedia social impresionante en lugares como Barranquilla donde se instaló el llamado paseo de la muerte, es decir, el deambular de los pacientes por clínicas y hospitales que se habían quedado sin posibilidades de atender a los usuarios.

Para el año 2005 empezó a cambiar la economía del crimen organizado. Cayó la hegemonía colombiana en el cultivo, el procesamiento y el tráfico de cocaína. Los cultivos de coca se redistribuyeron en Perú, Bolivia y Colombia.  Los carteles mejicanos entraron a comandar el tráfico. Las organizaciones mafiosas colombianas asumieron la segunda línea de mando en el procesamiento y el tráfico. Las hectáreas cultivadas se redujeron a una tercera parte y las toneladas de cocaína destinadas a la exportación disminuyeron a la mitad. En cambio se incrementó el consumo interno de las drogas ilícitas y el microtráfico.  Hubo entonces una reestructuración de las organizaciones mafiosas. Encontramos en los estudios de los mercados criminales en Bogotá que alrededor del microtráfico se establecieron las llamadas “ollas”  en diversos lugares de la ciudad que además del expendio de drogas asumían el control de otros negocios ilegales, especialmente la extorsión, el robo de celulares, el contrabando, el trasiego de autopartes. Situaciones similares hayamos en Medellín y Cali. Corabastos, La central de abastos de Bogotá y el llamado “Hueco”, el gran centro comercial de Medellín, son lugares que ilustran hasta dónde ha llegado la mano larga de las mafias en los negocios.  Todas las investigaciones destacan la gran influencia de las organizaciones ilegales en las centrales de abasto y en lugares clave del comercio urbano.

Mención especial merecen los cambios en la geografía de la extorsión. El cobro de dinero con la promesa de proteger o dejar operar a las empresas y a los medianos y grandes negocios en el campo se trasladó a las ciudades como un hecho generalizado y corriente. Ahora los pequeños negocios, el transporte, todas las actividades económicas, en zonas populares de por lo menos 30 ciudades del país están obligados a pagar una cuota mínima para poder funcionar. Cobran hasta por permitir el paso de las personas de un barrio otro en algunos lugares de Medellín.  Las tarifas van desde mil pesos hasta cien millones. Es lo que encontramos en las monografías realizadas. Pero ya un informe del diario el Tiempo del 19 de marzo de2013 había cuantificado en dos billones de pesos el dinero obtenido por las organizaciones criminales en esta modalidad delictiva. Por su lado la encuesta nacional de victimización de 2012 calculó en 125.000 las personas golpeadas por este flagelo.

La disminución de las entradas de dinero a las mafias por tráfico de drogas hacia el exterior coincidió también con una mayor demanda del oro y un alza inusitada de su valor en los mercados internacionales, que en algún momento elevó el precio de la onza hasta 1800 dólares.  El negocio del metal se avivó en Colombia.  Vinieron las compañías extranjeras a buscar títulos mineros y se intensifico la explotación ilegal facilitada por una muy deficiente legislación y una precaria institucionalidad en el sector. Una investigación de la Contraloría General de la Nación coordinada por Luis Jorge Garay señala que el 63% de la explotación minera no es legal y de esta una parte importante es abiertamente criminal, es decir, ligada a organizaciones del crimen organizado o a las guerrillas.  La hipótesis que se mueve ahora entre los expertos es que la principal fuente de financiación de estas organizaciones es la minería ilegal y no el narcotráfico.

Un escándalo reciente parece darle mucho sentido a la hipótesis. A mediados de enero de 2015 se tuvo la primera noticia sobre una gran operación de lavado de activos realizada por la empresa Goldex dedicada el negocio del oro. A la cabeza estaba Jhon Uber Hernández y su esposa quienes fueron capturados al lado de otras 30 personas.  El reporte de las autoridades señala que en los papeles de Goldex figuran compras de oro a veinte empresas, muchas de ellas ficticias; dice, igualmente, que el monto de las operaciones ascendió a 2.3 billones de pesos y buena parte de ese dinero fue a parar manos de las bandas criminales y de su entorno político y eventualmente a las arcas de las guerrillas. Las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación, especialmente un largo trabajo de indagación sobre la explotación minera realizado para AngloGold Ashanti, en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, apuntan en la misma dirección. La explotación y el comercio del oro están en el centro de los negocios de las bandas criminales.

No es la única industria extractiva que le sirve de fuente de recursos al crimen organizado. Las monografías del Magdalena y de Norte de Santander, lo mismo que la investigación realizada para el libro La Frontera Caliente (Ávila, 2012), muestran como el contrabando de gasolina desde Venezuela se convirtió en un codiciado botín para las bandas criminales. El transporte de combustible no se limitó a las ciudades fronterizas. Las indagaciones mostraron que llegaba a Santa Marta y a ciudades del interior, especialmente a Medellín, atravesando varios departamentos lo que implica una complicidad abierta de una red de miembros de la Fuerzas Pública.   No es menos de un millón de barriles de gasolina al año lo que llega a Colombia de manera ilegal, dejando ganancias cuantiosas a las mafias.

El contrabando desde Venezuela no se limita a la gasolina, por esa frontera porosa entra whisky, cigarrillos y salen alimentos, en una variada amalgama de negocios que lideran las organizaciones ilegales del país y cuentan con la complicidad de personas y autoridades del vecino país.

Las investigaciones judiciales sobre Enilse López, alias la Gata, mostraron que las Apuestas Permanentes, o Chance, como se le llama popularmente, era un negocio al que tenían fácil acceso las organizaciones ilegales. Anclada en este negocio “La Gata” forjó un gran imperio económico, político y social.  La historia de alias la Gata señala una ruta que va desde dineros venidos del narcotráfico, pasando por inversiones en las cooperativas de salud y por la toma de las apuestas permanentes en varios departamentos de la costa, hasta llegar a una inversión especial en la política y a una movilización de los trabajadores de sus negocios para obtener alcaldías, influir en gobernaciones y lograr que su hijo y sus aliados llegaran al congreso de la república. No es el único caso. Las apuestas permanentes y los casinos son otro lugar importante del lavado de activos y de movilización del dinero de las fuerzas ilegales.

En los tiempos de las Autodefensas Unidas de Colombia algunos investigadores le siguieron la pista al dinero que salía de los negocios ilegales y llegaron a la conclusión de que algunos jefes de las mafias   blanqueaban estos recursos a través de cooperativas financieras que tenían un menor control. Luego estas cooperativas podían mover en los grandes bancos estos capitales.  Pero en el año 2012, Simón Gaviria, en ese entonces representante a la cámara y jefe único del Partido Liberal,   en una denuncia que no tuvo la repercusión que merecía, señaló que la mitad de los comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia se prestaba para lavar dinero de las organizaciones mafiosas.  Esto significaría, de ser cierto, nada más y nada menos, que los dineros mafiosos estarían entrando por la principal puerta de las inversiones en el país.

En todo caso la dificultad para establecer la magnitud de los dineros mafiosos y para conocer el circuito que recorren es mayor. El crimen organizado cuida más este aspecto que cualquiera otro. La forma como se comportaron los jefes paramilitares en el proceso de justicia y paz retrata de cuerpo entero la situación.  En las audiencias, los postulados de las Autodefensas, confesaron crímenes de una atrocidad impresionante pero tendieron siempre a ocultar el botín de guerra: las tierras despojadas, los bienes esquilmados, la gran riqueza acumulada en las jornadas de violencia. Las cifras oficiales sitúan en seis millones las hectáreas de tierras abandonadas y despojadas, la Contraloría en un estudio reciente habla de siete millones y medio de hectáreas y el Superintendente Nacional de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en conversación para esta investigación, se atrevió a decir que en su criterio las hectáreas despojadas y abandonadas rondan los diez millones.

En el seguimiento que la organización Forjando Futuros realiza a la restitución de las tierras despojadas se ha descubierto que ocho personas se vienen presentando como opositoras a la restitución predios y repiten una y otra vez su demanda. El indicio es que obedecen órdenes de los despojadores que luego acuden a una nube de abogados para impedir la aplicación de la ley.  Entre tanto ha crecido el número de asesinatos de líderes de la restitución, ya son setenta y dos las personas sacrificadas en la lucha por que se cumpla la ley de víctimas y restitución de tierras.  Los panfletos que circulan en muchas zonas con amenazas a reclamantes de tierra y a funcionarios del estado muestran que las Bandas Criminales no son ajenas a esta disputa.

La influencia política y social

Las cifras son asombrosas.  61 parlamentarios han sido condenados por vínculos con los paramilitares y 67 más han estado en investigaciones por nexos con estos grupos. Así mismo cerca de 500 dirigentes políticos regionales y locales –entre gobernadores, alcaldes y concejales- han sido vinculados a procesos judiciales acusados de ser aliados a miembros de estas organizaciones ilegales. Es el fenómeno de la parapolítica del que los investigadores de Arco Iris tuvieron noticia en el 2004 cuando adelantaban una indagación sobre las dimensiones territoriales y sociales del paramilitarismo, con el fin de que el gobierno del presidente Uribe tuviera una mirada completa de la contraparte en la mesa de negociaciones de Santa Fe Ralito.

Han pasado diez años desde aquellas primeras investigaciones y el grupo que hoy hace parte de la Fundación Paz y Reconciliación ha realizado reportes sobre cuatro elecciones parlamentarias y tres elecciones locales.  En todas ha detectado la huella indeleble de la influencia de las organizaciones ilegales sobre grupos políticos y candidatos, muchos de los cuales han sido elegidos y reelegidos.  La investigación realizada para las elecciones locales de 2011 se le entregó completa al presidente Santos en una reunión en la que participaron el Ministro del Interior y el de Defensa, los altos mandos de las fuerzas militares y de policía, también miembros de los organismos de inteligencia y la fiscalía. En el reporte sobresalían 130 candidatos a gobernaciones y alcaldías con el algún nexo con fuerzas ilegales. Esta información les fue enviada a los partidos políticos y sirvió para intentar retirarles el aval a varios candidatos, pero las disposiciones legales impedían que esto se hiciera después de estar inscritos ante el registrador.  Las consecuencias vinieron después. En los últimos tres años han sido destituidos, de esa lista, cuatro gobernadores y treinta alcaldes.

Para las elecciones parlamentarias de 2014 la Fundación Paz y Reconciliación se propuso investigar qué candidatos a Cámara y a Senado eran herederos directos de los parlamentarios condenados, es decir, cuales aspirantes eran familiares o allegados políticos que se basaban en las estructuras electorales y en los dineros que habían forjado los dirigentes políticos condenados por vinculación con organizaciones ilegales. También nos propusimos indagar qué candidatos podrían recibir ayuda de las bandas criminales ahora asociadas al narcotráfico, a la minería ilegal y a rentas derivadas de la contratación con el Estado. Igualmente estudiamos la manera cómo estas casas o clanes políticos con herencias ilegales accedían y utilizaban los llamados “Cupos Indicativos” o recursos de inversión pública en función de sus intereses electorales.

El resultado es descorazonador. Setenta de los 263 congresistas elegidos tienen serios cuestionamientos por estas vinculaciones indebidas o ilegales.  Así fue consignado en el libro Los Herederos del Mal (Valencia y Ávila, 2014) . La realidad es contundente.  La vinculación entre líderes políticos y fuerzas ilegales no es un dato aislado, es un hecho en el corazón de la vida pública colombiana. Lo cual indica que no bastan las reformas que se han hecho y los controles que se han derivado de esas medidas. Tampoco es suficiente con la acción de la justicia, que en el caso de los parlamentarios ha sido francamente admirable. Se necesita algo más y ese algo está en el escenario político y en la ciudadanía. Los partidos políticos, con contadas excepciones, continúan cobijando a líderes con nexos actuales, o en el inmediato pasado, con fuerzas ilegales. Lo saben y lo toleran con argumentos diversos. Dicen los jefes de los partidos para justificar su actuación que no se puede excluir a nadie por sus vínculos de sangre, pasando por encima de la demostración palpable de que son esos vínculos los que les permiten triunfar en la política. O, aún, de manera más cínica, dicen que si no hay condena judicial no es posible cerrarle las puertas nadie así sea un secreto a voces sus acciones ilegales. La responsabilidad no es sólo de los partidos. La ciudadanía también es culpable de ese desastre. Las votaciones por estas personas son enormes.

El caso de Yahir Acuña es emblemático. Estuvo al lado de las Autodefensas Unidas de Colombia desde su época de estudiante y después en el ejercicio de la política fue aliado del exgobernador Salvador Arana condenado por asesinato y alianzas con paramilitares, fue de las huestes de Enilse López, alias la Gata, y de Juan Carlos Martínez Sinisterra, también preso por parapolítica. Salió electo a la Cámara de Representantes por Sucre en una lista del movimiento Cien por Ciento Colombia que obtuvo 126.000 votos con lo cual metió a otro de su grupo al Congreso. Por ese movimiento obtuvo otra curul en el departamento del Casanare. También apoyó la lista de la suscripción especial para negritudes y obtuvo dos curules que aún están en litigio. Además hizo acuerdos para ponerle votos a siete de los senadores elegidos. Es decir, hay por lo menos 9 parlamentarios que tienen algún compromiso con el señor Acuña quien acaba de retirarse del Congreso para aspirar a la gobernación de Sucre.

Un capítulo aparte merece la relación de las Bandas Criminales con la Fuerza Pública. En el 2014 fueron capturados 57 miembros de la Policía acusados de pertenecer a estas organizaciones. Es la punta del iceberg de un fenómeno profundo. La corrupción ha sido uno de los factores determinantes en el crecimiento del crimen organizado tanto en el tiempo de las Autodefensas Unidas de Colombia como en la actualidad. En la época de los paramilitares al vínculo entre agentes del Estado y organizaciones ilegales se le daba una explicación ideológica, se lo justificaba señalando que se trataba de alianzas para perseguir a la subversión armada. Ahora ha quedado el desnudo como un mal endémico cuya erradicación implica una drástica reforma en las fuerzas policiales y militares.

La influencia social de las fuerzas ilegales no es menor. En los primeros días de enero de 2012 se discutió en los medios y en los corrillos políticos sobre el real alcance del paro convocado por los Urabeños. El balance de ese paro fue una sorpresa. En Córdoba, Urabá, Santa Marta y en una parte de los barrios de Medellín hubo cese de actividades en el comercio y en el transporte.  Operaba, desde luego, la intimidación, pero era innegable el respaldo de sectores de la población al llamado del grupo ilegal.

El control social de las fuerzas ilegales tiene una causa básica y elemental: en muchas zonas del país son proveedores de empleo. La gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz, causó un gran revuelo cuando le dijo al presidente Santos que en su departamento las bandas criminales eran las principales empleadoras de los jóvenes. Las críticas llovieron, pero en la opinión quedó la sensación que había mucho de verdad en esta declaración.

Alrededor de todos los mercados ilegales o de los mercados legales influenciados por las mafias se articulan millones de personas. Algunos sociólogos han dado en llamar “capital social perverso” las redes sociales que se tejen en función del narcotráfico y el microtráfico, de las minerías ilegales, del contrabando, de los juegos y casinos, de explotaciones agrícolas controladas por mafiosos, de centros comerciales y cooperativas de seguridad con nexos ilegales. En todo caso estas redes han hecho demostraciones de poder nada desdeñables en acciones sociales o en eventos electorales. Lo pueden hacer porque las Bandas Criminales y las mafias son depositarias de importantes experiencias de movilización y organización social que gestaron las guerrillas o las organizaciones de izquierda y porque responden a necesidades de encuentro y protección de la población, en especial de los jóvenes. De manera que los parches, las pandillas, los combos, incluso las barras de los equipos de fútbol, son población objetivo de las organizaciones ilegales.

Las dos caras de una misma tragedia la han tenido en los últimos dos años Urabá y Buenaventura. Urabá tiene ahora la más baja tasa de homicidios de su historia, quizás la más baja de todo al país si pudiéramos hacer comparación entre regiones. Se debe a un pacto implícito entre las fuerzas de seguridad y todos los actores ilegales para no agredirse y para no permitir que la población lo haga, entre tanto funcionan a la perfección todas las actividades económicas ilegales. En cambio Buenaventura tiene la más alta tasa de homicidios con manifestaciones inconfesables de crueldad producto de la aguda disputa que se presenta entre las bandas criminales en medio de la mirada impotente de las autoridades nacionales. En ambos casos las fuerzas ilegales arrastran a importantes sectores de la población en sus decisiones.

Más allá del sometimiento a la justicia

Hace tres meses el Fiscal General de la Nación, con el ánimo de enviar un mensaje al crimen organizado y buscar camino para el desmonte de estas organizaciones delictivas, anunció el nombramiento de un fiscal negociador con las bandas criminales.  Al instante se generó un debate sobre las pretensiones del Fiscal y cundió el temor de que se estuviera urdiendo algún tipo de negociación política con estas fuerzas ilegales. Las aclaraciones posteriores del Fiscal mostraron que se trataba de aplicar la figura de sometimiento a la justicia, es decir, de ofrecer incentivos judiciales a la vez que se demandan compromisos serios de las bandas en el desmonte de sus estructuras y de sus negocios.

El episodio evidenció que en el país existe una gran sensibilidad al respecto y que la opinión pública estará vigilante de las estrategias del Estado para conjurar el peligro de que estas organizaciones tengan un nuevo impulso después de la firma del acuerdo de paz con las guerrillas.  Pero el reto del presidente Santos va más allá de contener el desarrollo de estas fuerzas.  Tiene la oportunidad de reducirlas a una mínima expresión y de bajar los índices de violencia, llevando al país a un estado de normalidad democrática.

Los acuerdos de paz firmados en Colombia han disminuido temporalmente todas las violencias y han creado un ambiente de esperanza. Esa es una conclusión inapelable que se saca al mirar las estadísticas.  Fue así después del acuerdo del Frente Nacional. Desde 1958 -que fue el punto culmen de la violencia partidista- se empezaron a reducir los homicidios hasta finales de los años setenta.  Sólo a principios de los años ochenta, con la aparición de organizaciones criminales ligadas al tráfico de cocaína y con la intensificación del conflicto con las guerrillas, empezó nuevamente a crecer la violencia y se gestaron los magnicidios y se desató la agresión a los partidos de la izquierda. El acuerdo con el M19 y seis grupos guerrilleros más, la muerte de Pablo Escobar y la promulgación de una gran reforma constitucional a principios de los años noventa, volvieron a reducir significativamente las violencias entre 1991 y 1995. Lo mismo ocurrió después de culminada la desmovilización de los paramilitares. Todo esto se puede ver en estas dos gráficas, la una elaborada por el Grupo de Memoria Histórica con base en datos del Iepri la Universidad Nacional y del Cerac; y la otra elaborada por el equipo de la Fundación de Paz y Reconciliación con base en los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Policía Nacional.

Evolución de Civiles Muertos en el Conflicto Armado en Colombia,

1958-2010.

Fuente: Base de Violencia política Letal del IEPRI. Actualizada y depurada por el GMH/Base de datos del conflicto armado colombiano de CERAC. Versión 11.2

 

Tasa de homicidio en Colombia 1990 – 2010

Fuente: Procesado por Fundación de Paz y Reconciliación con base en los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y la Policía Nacional.

¿Qué ocurrió después de los acuerdos?  ¿Por qué no se mantuvo la disminución de la violencia?  La respuesta no es difícil.  Porque los acuerdos de paz no cobijaron a todos los grupos que participaban en el conflicto y porque no se desarrolló un plan nacional integral de postconflicto con énfasis especial en los territorios. Por esas dos cosas, pasado un tiempo, se gestó otro ciclo de violencias.

Ahora las cosas parecen ir en una dirección contraria. En el gobierno hay conciencia de que es necesario tener un plan integral de paz que incluya acuerdo político con las guerrillas, sometimiento a la justicia de las bandas criminales y una movilización del Estado y la sociedad para el postconflicto.

También las bandas criminales dan señales de querer el sometimiento a la justicia.  Tanto el gobierno nacional como el Fiscal General de la Nación han recibido mensajes de los urabeños para adelantar contactos con miras a negociaciones de tipo judicial.  Se está poniendo de presente en estos mensajes que estas organizaciones ven el riesgo de que luego de terminado el conflicto con las guerrillas la presión del Estado se concentré en ellos. Es esa una ventana de oportunidad que el gobierno no puede dejar escapar.

Ahora bien, si para el caso de la negociación con las guerrillas se ha necesitado una fina y sofisticada planeación con la participación de importantes asesores internacionales y con una aplicación extraordinaria de un grupo de experimentados líderes y funcionarios del gobierno, para trazar una política de sometimiento a la justicia y una estrategia de desmonte del crimen organizado es necesario hacer una cosa parecida.

De la negociación con los paramilitares no se ha podido hacer una evaluación equilibrada, una reflexión que ponga en la balanza los aciertos y los errores. Es bueno hacer eso antes de tomar una iniciativa seria con las bandas criminales.  Pero hay algo que serviría de punto de partida de la evaluación. No puede haber ambigüedad en el tipo de negociación que se establezca y tiene que haber completa transparencia.

El gobierno del presidente Uribe cometió un grave error al ilusionar a los paramilitares con una negociación política. El comisionado Luis Carlos Restrepo se inventó la idea de que los paramilitares podrían ser considerados sediciosos y por esa vía podría darles un status político. La Corte Constitucional en la sentencia C 340 tumbó completamente esa pretensión en la ley de justicia y paz. Fue el momento en el que una parte de los paramilitares empezó a desistir del proceso tal como lo enuncia Báez en su carta.

Otra cosa atrabiliaria que se hizo en esa negociación fue excluir el delito de narcotráfico de los beneficios jurídicos. Nadie puede entender cómo se negocia con un grupo manifiestamente vinculado al narcotráfico y se excluye este comportamiento criminal de la ley que los cobija. Por eso después se acudió al expediente de que una parte de los jefes paramilitares desde las cárceles seguía en el negocio y con esa acusación se les envío en extradición hacia los Estados Unidos. La trampa fue tan grande que ahora, si se quisiera, se les podrían abrir investigaciones a todos los paramilitares que están a punto de salir de las cárceles colombianas por cumplimiento de sus penas para mantenerlos allí.

Nada de eso puede ocurrir en esta coyuntura vital para el país. Desde el principio las reglas tienen que estar claras:  no cabe la negociación política, y es indispensable que haya un  sometimiento a la Justicia.  Pero no puede ser sólo sometimiento a la justicia porque la naturaleza de estas organizaciones es más compleja que la proclamada al momento de roturarlas como bandas criminales. Es preciso que el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación tengan un diagnóstico y un mapa de las bandas criminales antes de abordar el sometimiento a la justicia y un proyecto integral para desmontar o reducir drásticamente el crimen organizado.   Deben saber cuántos son, dónde están, qué actividades realizan, en qué tipo de estructuras se han organizado, cuáles son las rutas y los territorios que controlan, qué alianzas tienen, qué incentivos esperan del Estado para su entrega y a qué compromisos están dispuestos.

Para que el proyecto de superación de las bandas criminales se eficaz tiene que haber ocho estrategias:

  1. Persistir en el debate global sobre la liberalización de las drogas sicoactivas y alucinógenas y avanzar en nuestro país por ese camino de acuerdo a las posibilidades que ofrezca la comunidad internacional.
  2. Un plan consistente de sometimiento a la justicia.
  3. Un diálogo nacional para buscar un pacto en torno a las industrias extractivas que ofrezca alternativas sociales a las comunidades.
  4. Un compromiso entre los partidos para cerrarle las puertas a militantes y candidatos que presenten indicios de vinculación a organizaciones ilegales.
  5. Un proyecto de depuración y reforma de la Fuerza Pública.
  6. Una intervención en los juegos de azar para le regularización y depuración de estas rentas.
  7. Una línea de perfeccionamiento de los acuerdos entre los gobiernos y las policías de toda América Latina para atacar al crimen transnacional.
  8. Una ofensiva policial y militar que eleve la presión sobre todas las estructuras de las bandas criminales una vez firmado el acuerdo de paz con las guerrillas.

 

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