Es una nueva acusación contra el mandatario peruano, Pedro Castillo. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, elevó una denuncia constitucional contra el presidente izquierdista por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión.
"Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas", señaló Benavides en una conferencia virtual.
Una acusación que ya está en el Congreso y que ahora deberá de atravesar un proceso de trámites hasta llegar a debatirse en en el pleno de este organismo. Por el momento, tendrá que ser analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento que, de determinar su procedencia, pasará a la Comisión Permanente.
El recurso también se dirige contra dos ex ministros de Castillo: Juan Silva, al frente de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, responsable de Vivienda. Son acusados de tráfico de influencias y se les considera parte de la supuesta organización criminal dirigida por el presidente de izquierdas.
"Si hay que entregar la vida, lo voy a hacer", reaccionó Castillo
"Hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una modalidad de golpe de Estado en el Perú", declaró el mandatario en una primera reacción con la prensa extranjera, mientras los periodistas locales esperaban en otra sala. "Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer".
Esa denuncia constitucional tiene especial relevancia en Perú, donde los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad ante los tribunales.
La noticia se conoció el mismo día en el que la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular, así como la vivienda de una hermana del presidente.
"Hoy se le quiere bajar al Gobierno, hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre", denunció Castillo durante una actividad pública en el Palacio de Gobierno de Lima.
Estos parlamentarios fueron acusados en los medios por la empresaria Karelim López de coordinar presuntamente actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo, a cambio de respaldar con sus votos al Gobierno. La bancada de Acción Popular, sin embargo, rechazó que se vincule a algunos de sus integrantes a esas acusaciones y recordó que sus miembros considerados sospechosos habían entregado sus pasaportes, hecho que demostraría que no existe intención de fugar del país.
Seis investigaciones y una inmunidad
Hasta el momento, el presidente Castillo tiene seis investigaciones de la Fiscalía pendientes, todo un récord para el presidente que lleva 15 meses en el cargo. Cinco de ellas están a cargo de la fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno, mientras que la última está en manos del Ministerio Público de la norteña región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes.
A lo largo de estos procesos, la fiscal general denunció una "constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno".
El presidente peruano niega todas las acusaciones, afirmando ser víctima de una campaña para apartarlo del poder. La derecha, que tiene mayoría en el Parlamento, exige su dimisión y ya ha intentado en dos ocasiones destituirlo.
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