Marie Juliana Ruiz, la esposa del presidente Duque, llegó al Palacio de Nariño el 7 de agosto del 2018 con agenda. El país no la conocía por haber sido muy discreta en la campaña presidencial pero desde un primer momento tenía claro que quería diferenciarse de su antecesora, Maria Clemencia de Santos, y su programa de 0 a siempre. Aunque sus tres hijos están pequeños, estaría más concentrada en adolescentes y jóvenes, aunque sin descuidar la niñez. Tenía también claro con quien quería trabajar y pidió, desde un primer momento, que fuera nombrada para asistirla a su amiga la abogada Carolina Salgado. Tendría el nivel de consejera presidencial.
Tardó bastante tiempo, mucho más de un año para que su programa Sacúdete tomara forma. Era ambicioso porque involucraba diez ministerios y cinco institutos descentralizados, todo coordinado desde la Presidencia de la República con la Consejería para la Juventud a la cabeza y se buscaba una ambiciosa financiación a largo plazo. Había que buscar recursos internacionales y los ojos fueron puestos en el BID, que finalmente viabilizó USD $50 millones en el que el componente de infraestructura es clave: 423 obras, de las cuales 338 son parques Sacúdete.
Y aquí es donde el tema político pesa, porque son los alcaldes los encargados de la ejecución con el dinero que reciben vía el Ministro de Interior, encabezado por Daniel Palacios, un funcionario de toda la confianza de Duque y por ende de la primera dama. Aunque supuestamente la selección de los municipios beneficiados, que solo incluye la tercera parte de los 1101, es sobre variables técnicas, se sabe que en la práctica pesan otros criterios.
Atento a raspar la olla presupuestal del 2021, el ministro Palacios afanosamente, firmó en los tres últimos meses, de octubre a diciembre, 115 convenios para la construcción de parques Sacúdete. En total fueron más de $160.000 millones, que son ejecutados por las alcaldías con bastante libertad y casi sin vigilancia.
De allí que con los parques Sacúdete políticos y contratistas locales pueden hacer fiesta. Se trata de licitaciones públicas con un solo oferente; es decir, que casi a dedo se pueden escoger los contratistas. Personas cercanas a los alcaldes o políticos intervienen, como ya la Fiscalía lo demostró con el senador liberal Mario Castaño, conformando empresas o uniones temporales para acceder a los proyectos Sacúdete, unos parques que se entregan con los diseños listos.
En Santander se han construido once proyectos Sacúdete, de los cuales la mayoría solo tuvieron una propuesta que terminó siendo contratada. En Cimitarra, por ejemplo, se contrató el 26 de mayo de 2021 a la Unión Temporal Sacúdete Cimitarra 2021 por $1.124 millones para la construcción del parque en dicho municipio.
Esta Unión Temporal, representada por el señor Reyes José Mateus León, quien apoyó a Wilfran Sabogal elegido alcalde en octubre de 2019 y quien falleció a finales de 2021 por Covid-19, no tuvo ninguna competencia y desde entonces ya ha recibido más de $500 millones en adiciones, a pesar de que la obra tenía que haberse entregado en seis meses. El caso de Cimitarra se repite por lo menos en otros cinco municipios de Santander, en los que los parques Sacúdete fueron contratados a un único oferente.
En el municipio de Yacopí, Cundinamarca, la Unión Temporal Sacúdete Yacopí 2021 se quedó con el contrato por $1.796 millones en diciembre de 2021. Integrada por la empresa Panam Ingenieros SAS y William Cardona Olmos, también fue la única que presentó una oferta para quedarse con el proyecto.
En El Espinal, Tolima, el alcalde Tamayo, del que se conocieron audios a principio de marzo en los que estaría presionando con contratos de funcionarios para apoyar un candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, el único que se presentó para construir el parque Sacúdete fue el Consorcio Consasu SA, representado por Lorena Catalina Quevedo, que es una vieja conocida en el departamento, donde también se ha ganado otros contratos. El proyecto, por $1.796 millones, fue adjudicado en julio de 2021.
La lupa que este modelo de ejecución de los parques Sacúdete tiene encima, incluida la de la Fiscalía, empezó a tener sus efectos en un municipio tan necesitado de infraestructura como es Juradó en el Chocó. En junio de 2021 la alcaldesa, Jenny Lucía Rivas Herrera, anunció con bombos y platillos que comenzaba el proceso para contratar la construcción del Parque Sacúdete. Sin embargo, en septiembre, apenas tres meses después, la alcaldía declaró desierta la licitación por falta de proponentes. Al parecer, nadie quiso presentar una propuesta porque ya existía una alerta sobre las investigaciones que estaba adelantando la Fiscalía sobre la contratación en el departamento a donde habían llegado los tentáculos del carrusel de corrupción del senador liberal Mario Castaño.
Los Parque Sacúdete, tan necesarios para niños y jóvenes en los municipios del país, un componente clave del programa bandera de la Primera dama, están camino a convertirse en una oportunidad para alimentar la corrupción en la contratación local, permeada por los políticos y los financiadores de las campañas. El control de la ejecución de las obras es precario. El proyecto continuará hasta 2024, cuando se sabrá si los casi 400 parques serán una realidad o los dineros se habrán quedado en los contratistas.
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