La foto: Edgar Parales, 79 años, anti-Somoza, sacerdote adscrito a la Teología de la Liberación, escritor, exembajador sandinista ante la OEA (1982-1986), exministro de Bienestar Social (1980-1982), cuestionó la salida de Nicaragua de la OEA y pasó a ser el último de los 40 opositores —entre los cuales siete candidatos presidenciales— que han sido detenidos por Daniel Ortega y suman más de 150 rehenes de la dictadura sandinista.
La definición: «Ortega transformó la revolución sandinista en una dictadura bananera. Nicaragua nos muestra cómo los viejos progresismos se han degradado y no dan respuesta a las necesidades presentes de los pueblos»: Gustavo Petro, candidato presidencial de la izquierda colombiana, , casi seguro contendor en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2022.
La farsa: Elecciones calificadas de «pantomima» por la comunidad internacional, salvo por Cuba, Bolivia, Venezuela, Rusia y alguna otra dictadura. Ortega apoyado por un 19 % de la población, según sondeos independientes, obtuvo el 75 % de los votos, de acuerdo a resultados de los organismos controlados por el propio régimen, asegurándose fraudulentamente otros cinco años de mandato, con lo que sumaría 31 años al frente del gobierno. En la elección del 7 de noviembre participo el 65 % del padrón electoral, pero la organización Urnas Abiertas informó que, según sus 1.450 observadores en todo el país, la abstención media fue del 81,5 %.
El proceso: «Nuestros sueños se han venido desvaneciendo por revueltas, guerras civiles, dictaduras, deterioro moral, corrupción, lo cual ha empobrecido más al país y nos ha llevado a una humillante dependencia de la cooperación internacional. Desde entonces pues, hemos vivido y seguimos viviendo en una crisis política, económica, y social y de valores, que de ciclo en ciclo, ha profundizado el retroceso del Estado nicaragüense, haciéndolo pasar de un Estado arcaico a un Estado inviable, al carecer de los medios económicos para sobrevivir por sí mismo», me resumía una mañana de diciembre de 2009, bajo el cielo azulísimo de Managua, el periodista y maestro de periodismo, Danilo Aguirre Solís (1939-2015), por entonces director del hoy desaparecido Nuevo Diario de la capital nicaragüense.
Esa mañana, la última que nos vimos, también conversamos sobre el tango para Sandino y Nicaragua, Caballo criollo —Danilo era un erudito del género del 2 por 4— escrito por el periodista mexicano Jacobo Dalevueltas e interpretado por Oscar Chávez. Como despedida me obsequió un CD, que conservo, de grandes éxitos de Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, de sentido recuerdo en la memoria montevideana.
Danilo Solís— quien había perdido un hijo en la defensa de la revolución sandinista de 1979, luego envuelta en una guerra civil financiada por la administración Reagan— junto a los abogados Alberto Saborío (1933-2016) y Juan Carlos Vilchez (1952), integraban la secretaria ejecutiva de la iniciativa Ciudadana por la Democracia (Incide) y habían redactado un «Llamado de la sociedad civil al pueblo de Nicaragua», titulado «Como construir la Democracia en Nicaragua».
Ya en 2010 el primer paso que Solís —luchador antisomocista y antiorteguista— entendía imprescindible era «establecer en el país un Estado de Derecho, ya que la democracia es inexistente fuera del imperio de la ley, porque la ley en la democracia representa el máximo valor de la sociedad».
Lo que siguió en Nicaragua en relación a ese respeto por la ley a lo largo de los últimos 11 años es conocido y ha sido refrendado, entre otros, por informes de Michelle Bachelet en su carácter de Alta Comisionada para los DH de la ONU.
En el que comprende el período entre 2019 y 2020 se sostiene: «117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados «opositores».
Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas».
No se menciona en ese informe acotado a un año los 300 muertos en las calles de Nicaragua— varios ejecutados mediante francotiradores— ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, ni las 40 detenciones, incluidas las de 7 candidatos presidenciales, ocurridas en el 2021, así como las condiciones de detención y tortura de decenas de presas políticas en la cárcel de El Cipote.
La OEA. El 12 de noviembre del 2021, luego de rechazar las elecciones en Nicaragua, la OEA votó discutir la situación del país centroamericano. Esta discusión fue aprobada por 25 países, 1 en contra (Nicaragua), y 7 abstenciones. El Consejo Permanente la OEA desarrolló una sesión virtual el lunes 29 de noviembre.
En esa sesión, los informes de la ONU, la OEA y otras organizaciones de DH sobre las violaciones a las libertades democráticas en Nicaragua fueron calificados como «falsedades», que buscan «promover una campaña cruel de agresiones contra Nicaragua», por el representante del gobierno de Managua, Michael Campbell.
También sostuvo que la OEA es un «foro decadente» [que] «todos los procesados, [a quienes denominó] agentes extranjeros son culpables», por lo que ya quedó sellado el futuro de los presos políticos, supuestamente bajo proceso judicial en trámite.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, reclamó incrementar las presiones sobre la dictadura de Ortega para que se realicen nuevas y auténticas elecciones.
Los defensores incondicionales de la dictadura son, en primerísimo lugar, Cuba, Bolivia, Venezuela, Rusia y algunos otros regímenes antidemocráticos y/o autoritarios. El Foro de São Paulo respaldó a Ortega en su versión delirante de que en 2018 [cuando asesinó a 300 nicaragüenses] en realidad lo que hubo fue un fallido intento de golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos.
Luego están los aliados por omisión Argentina y México [que no condenan las violaciones a los DH] y levantan, con mayor o menos vigor, el argumento de la «soberanía» y la «no intervención»: el representante del gobierno de Alberto Fernández ante la OEA, Carlos Alberto Raimundi, cuestionó la conducción de la organización panamericana, aunque ratificó su compromiso con el sistema interamericano y de DH. El mexicano Luis Elena Baño, en la reunión del lunes 29 de noviembre, invocó el «respeto la soberanía y no intervención».
En junio, los gobiernos de Argentina y México emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación «por la detención de figuras políticas de la oposición», lo que motivó que Ortega retirara a los embajadores de ambos países gobernados por mandatarios de izquierda.
La Internacional Socialista expulsó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en enero de 2019.
El Grupo de Puebla, fundado a mediados 2019 para reimpulsar la izquierda latinoamericana, no ha mencionado la situación de Nicaragua en sus declaraciones, aunque uno de su impulsores, el expresidente colombiano Ernesto Samper, admitió en entrevista con la BBC —realizada en agosto del 2021— que el régimen de Ortega-Rosario Murillo «nos está comprometiendo la propia imagen del progresismo hemisférico».
Ese mismo mes, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aconsejó a Ortega «no apartarse» de la democracia , pero la dirección de su partido, el PT, saludó la victoria electoral del 7 de noviembre como una «gran manifestación popular y democrática», lo que generó cuestionamientos al interior del PT y el retiro del comunicado de apoyo del sitio oficial del partido que aspira a ganar las elecciones brasileñas del 2022.
Más allá de esas paulatinas desafectaciones que van dándose en algunos dirigentes, no es menor que el presiente peruano Pedro Castillo haya condenado la farsa electoral armada por Ortega, y de otras personalidades de izquierda — súmese la carta de 140 intelectuales dada a conocer en julio del 2021—quedan aún millones de latinoamericanos de izquierda renuentes a condenar lo que décadas atrás inflamaba sus posturas en contra de las dictaduras de la region.
Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, de la administración Roosevelt (1933 -1945) hablando del entonces dictador nicaragüense Anastasio Somoza sostuvo: «Puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta» …quienes en este 2021 siguen defendiendo a Ortega pueden cambiar el sujeto de aquella expresión y proclamar que Ortega «puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».
