Es sencillo decir que la pandemia ha significado una revolución y un avance digital en la creación o implementación de plataformas que permiten la comunicación y aprendizaje a través de aparatos tecnológicos; sin embargo, esto deja de ser tan simple y sencillo cuando, en lugar de fijarnos en quienes gozan de las capacidades económicas para continuar con su educación normalmente, nos fijamos en la gran cantidad de familias colombianas que no cuentan con estas posibilidades.
A pesar de que en la actualidad se están retomando las clases presenciales, podemos decir que la pandemia ha servido para dar visibilidad a la enorme situación de desigualdad de la que son parte muchas familias en Colombia, dejando entre ver el esfuerzo diario que realizan para poder ofrecer una educación de calidad a sus hijos aún a pesar de no contar con recursos tecnológicos que les faciliten en desarrollo de actividades, talleres y mayores posibilidades de capacitación y aprendizaje continuo.
Es responsabilidad del gobierno dar garantías de sostenibilidad a los futuros adultos y profesionales que se están formando en cada núcleo familiar y en las instituciones educativas del país, con el fin de que en un mañana estos niños y jóvenes no tengan que recurrir a trabajos informales y mal remunerados por el hecho de haberse visto perjudicados en la calidad de educación que se les brindó.
El proceso de enseñanza no es solo una responsabilidad de padres y profesores, es una responsabilidad social y debe ser encabezada por el gobierno nacional promoviendo la equidad de condiciones e invirtiendo recursos en lo que realmente hace rico a un país: la educación de sus ciudadanos.
