Dice el refrán “no hay almuerzo gratis”, de la misma forma la educación pública la paga la sociedad por medio del Estado, por lo que la gratuidad de la educación es un imposible. Sin embargo, eso no justifica el déficit presupuestal en las universidades públicas, de donde provienen las protestas estudiantiles que comenzaron el 10 de octubre y que originaron el paro en 12 universidades del Estado, en donde a pesar de la justeza de la movilización, también se muestra el oportunismo de algunos sectores de la llamada izquierda pescando en río revuelto.
Se habla de un déficit en la universidad pública de 20 billones de pesos, con lo que el gobierno tendría que hacer alrededor de 5 reformas tributarias para cubrir semejante faltante. De hecho, con la nueva reasignación al presupuesto general de la nación para 2019 todavía faltarían 18 billones y medio. Con eso en mente queda claro que la crisis de la educación superior es monumental.
No obstante, de lo que se trata es de buscar soluciones concertadas entre el gobierno y todos los estamentos universitarios, sin olvidar que los costos de la educación pública los pagan todos los colombianos con sus impuestos de una u otra manera.
En algunas universidades públicas el costo por estudiante para los contribuyentes es de más de 30 millones de pesos anuales, lo que equivaldría a estudiar una carrera en una universidad privada costosa, por eso el Estado debe garantizar una educación de calidad, cuidando los recursos destinados a los centros educativos y haciendo un replanteamiento sobre la autonomía de los mismos, para ampliar la cobertura y así buscar que un mayor número de estudiantes puedan ingresar a la educación superior en los establecimientos del Estado.
Indiscutiblemente hay que fortalecer la educación superior, por ejemplo tomando los recursos de Ser Pilo Pago, que según anunció el pasado 6 de septiembre la ministra de Educación no va a continuar. Entonces se trata de plantear propuestas y no utilizar la coyuntura educativa con intenciones políticas electorales, como se vio el pasado 10 de octubre en la Plaza de Bolívar, en donde el senador Gustavo Petro se montó en la tarima para arengar con intereses político radicales, antes que esbozar soluciones viables.
Cabe anotar que en Chile hasta 1981 la educación fue pagada por el Estado, o sea con la plata de los contribuyentes, lo que llaman eufemísticamente “gratuidad universal”. Además, en esa fecha la dictadura de Augusto Pinochet redujo los requisitos para la creación de universidades privadas, lo que hizo que se multiplicaran hasta llegar a 40. Ahora bien, este año, en el mes de enero, se aprobó de nuevo en el Congreso chileno el retorno de lo que ocurría hasta 1981.
No se puede comparar en educación superior el caso colombiano con el chileno, ya que en el país austral habían antecedentes sobre la financiación estatal a toda la educación universitaria, mientras que en nuestro país han convivido todo el tiempo la universidad pública y privada, lo cual quiere decir que la consigna de los estudiantes chilenos copiada acá, que pide “educación pública gratuita”, es desfasada para Colombia por los costos económicos que ello implicaría. Lo anterior, sin olvidar el fortalecimiento progresivo de una educación pública de calidad, buscando superar la Ley 30 de 1992 que fija un incremento mínimo del IPC en los recursos que van a la universidad estatal.
Así como la educación privada se paga, la pública también, una por las familias y otra con el fisco nacional, por lo que hablar de gratuidad no responde a la realidad. En lugar de debates baladíes lo que hay que hacer es incrementar el número de estudiantes que ingresan a la universidad, ampliando el presupuesto de los establecimientos públicos y superando el discurso falaz de politiqueros que medran alrededor del estudiantado, buscando satisfacer sus apetitos burocráticos con el Estado, haciendo expresiones públicas de sus pasiones privadas.
