Después de la visita a Colombia del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), James Kirkpatrick Stewart, la preocupación en el Tribunal no se hizo esperar. Varios reparos fueron enumerados al saberse que el Congreso había aprobado modificar la JEP para darle un trato especial a los militares después de una negociación entre varios senadores encabezados por Uribe y Petro, que se encontraron en una sorpresiva reunión para acordar aumentar el número de magistrados del Tribunal de Paz para que se enfoquen en los casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Si la proposición llegara a buen puerto, la CPI dejó claro que para la Fiscal Fatou Bensouda es un motivo de entrar a intervenir, lo que dejaría a los militares en manos de la justicia internacional. "La creación de una sección, y de un procedimiento separado para las fuerzas militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente. Esto será visto de forma negativa por parte de la Fiscal de la CPI por razones que ya deben ser ampliamente conocidas". Aunque a la proposición en el Congreso todavía le falta sortear varios debates, la advertencia está hecha y la lupa puesta sobre la JEP.
