Un nuevo caso de abuso de la autoridad pública se ha registrado en la comunidad negra de Punta Arena, en la isla de Tierra Bomba frente a Cartagena de Indias. La comunidad ha sido objeto de hostigamiento y constante invasión e intimidación por parte de uniformados armados y funcionarios del Ministerio de Defensa que aducen pertenecer a la Armada Nacional, sin contar con la autorización judicial correspondiente.
La Comunidad Negra de Punta Arena, compuesta por cerca de 700 familias que han habitado el territorio desde hace más de 200 años, ha luchado por el reconocimiento de sus derechos ancestrales y tiene razones para temer ser desalojada de su hogar por la intervención del gobierno.
Recientemente, uniformados armados con ametralladoras llegaron a la isla, amedrantando a los raizales y reclamando la propiedad de las tierras como propias de la Armada Nacional. Estas actuaciones constituyen una amenaza grave para las comunidades negras que han luchado por la consolidación histórica de sus derechos territoriales, derechos que han sido tramitados de manera legal ante las autoridades gubernamentales y de protección constitucional.
Esta situación sugiere que, a través de funcionarios corruptos, la Armada Nacional busca intereses económicos, por encima de los derechos ancestrales colectivos de las diversas comunidades que habitan el territorio.
Los habitantes de Punta Arena exigen la protección de sus derechos ancestrales, que no deben ser vulnerados a través de la intimidación por parte de uniformados del gobierno. La intervención de la Armada Nacional viola los derechos colectivos adquiridos por las comunidades negras y debe ser investigada de manera independiente para asegurar que la lucha de los habitantes de Punta Arena por el reconocimiento de sus derechos no sea socavada por el abuso de la autoridad pública.
