“La corporación se encuentra en una situación financiera crítica que se observa en sus estados financieros y pese a ello no ha implementado políticas adecuadas de reducción de gastos”. Bastaría esta sola observación expresada en la Resolución No. 0335 de septiembre 30 de 2020 del Ministerio de Trabajo – Superintendencia del Subsidio Familiar y suscrita por Julián Molina Gómez en su calidad de superintendente del Subsidio familiar para expresar que Comfamiliar se encuentra en estado crítico a tal punto que se hizo necesario adoptar determinaciones tan drásticas como una medida cautelar de vigilancia especial por un término de hasta seis meses.
Delicado que esto ocurra en una empresa de tanta trayectoria e impacto económico y social como Comfamiliar, que se exprese que se encuentre en estado crítico sin que se implementen las correspondientes medidas que faciliten una reducción de gastos. En otro de los apartes de la Resolución No.335 se deja en claro que “desde la visita ordinaria que Comfamiliar Nariño no cuenta con liquidez y respaldo financiero para el pago de la cuota monetaria a los afiliados, situación de suma importancia en tanto tal concepto corresponde a uno de los subsidios más importantes para los afiliados de las categorías A y B”. Y como si lo anterior fuera poca cosa, también manifiesta que “se evidenciaron prestamos internos de la caja de compensación familiar al programa de salud los cuales no son procedentes por cuanto los recursos del 4% tienen destinación específica…”. Y se agrava por el hecho perturbador de que “no se advirtió la aplicación de políticas y medidas adecuadas para la contención y disminución de costos y gastos en la corporación…”.
Con lo anterior bastaría para que rueden cabezas y se determinen responsabilidades al interior de Comfamiliar, pero la situación se agrava por cuanto se evidencia “la existencia de embargos y bloqueos a productos financieros de la Corporación que en su mayoría corresponden a procesos judiciales y coactivos ordenados por empresas del sector salud…”. Todo lo anterior, según lo observado en esta Resolución, debido a una “indebida gestión administrativa y jurídica ante las autoridades judiciales, recursos de destinación específica se han visto afectados con el embargo y congelamiento de los productos financieros…”.
Negligencia que debe traducirse, necesariamente, en juiciosos análisis administrativos, financieros y jurídicos al interior de Comfamiliar. Todo indica que se encuentra mal dirigida, peor asesorada y erróneamente administrada. Aquí se debe hacer un juicio de responsabilidades al consejo directivo, director de la entidad y a revisoría fiscal. No es de poca monta lo observado y sí es preocupante que ocurran estas anomalías que dejan entrever la desidia, el clientelismo y la injerencia de actores externos en el manejo de Comfamiliar.
Como nariñenses únicamente reclamamos claridad en el manejo de esta corporación. Se encuentran en riesgo y de manera importante “el desarrollo de los servicios y programas sociales a cargo de esta”. Cómo es posible que “no se han implementado en la corporación políticas contables y financieras claras que propendan por una disminución significativa de los costos y gastos tanto de la operación del programa de salud como de los servicios y programas que adelanta la caja de compensación, así como una adecuada depuración de las cuentas por cobrar y por pagar”.
Lo expuesto nos permite afirmar que no hay una cabeza idónea y preparada, que se presenta una total incertidumbre y que “la corporación tiene dificultades relevantes para el desarrollo de su objeto…”. No hay duda, Comfamiliar se hunde, la corporación hace aguas por todos sus flancos.
