La dependencia de los municipios a las transferencias de la nación, emitidas básicamente por dos Sistemas, el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalias (SGR), limita el gasto de inversión social, funcionamiento y apuestas como consolidar los sistemas de información en la mayoría de municipios o departamentos con altos índices de necesidades básicas insatisfechas (cerca de 947 de 1103 municipios). Hay una deficiencia de los entes territoriales en materia de recaudo por Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), recursos destinados a cualquier tipo de actividad, es decir, puede invertirse en proyectos de impacto social, funcionamiento u otras dimensiones. Dicho ingreso tiene como fuente los impuestos, tasas, entre otras aristas.
El grueso de los recursos económicos del SGP recibidos por los municipios configuran dos sectores: educación y salud. Cabe mencionar que son recursos manejados mayoritariamente por los Departamentos, entes intermediarios entre el municipio y la Nación. Razón sustentada en que solo municipios certificados y con cierto número de población e ingresos corrientes aceptables tienen competencias para autónomamente ejecutar los recursos, aunado a un buen desempeño fiscal.
Así las cosas, Sucre administrativamente tiene 26 municipios, donde 25 no tienen certificación en educación, solo la capital Sincelejo, por ejemplo. Acentuando que la partida presupuestaria en educación para efectos del SGP se traduce a un 58,5% del total en recursos (96% para sectores). Por otro lado, ahora con la nueva ley de regalías se garantiza una adición no prevista anteriormente en los recursos para inversión del SGR en el sector educativo. Solo por mencionar un caso e indicar algunas fuentes y destinos de recursos.
Más allá de la forma, en el fondo es observable que los municipios y departamentos poseen una serie de recursos económicos como también de talento humano, lo que por antonomasia soslaya en la idea de por qué el gasto público no impacta eficazmente en el desarrollo económico, social y político de los territorios. Los indicadores en el sector salud, cultura, emprendimiento, educación, entre otros, muestran una situación crítica en múltiples aspectos del ejercicio pleno de los sectores, sintetizando que en gran concentración la causa principal es la inoperancia administrativa de los entes territoriales para hacer una gestión pública eficaz en los territorios. La tesis de que son solo cuatro años de gobierno y la ejecución del presupuesto debe darse porque después otro mandatario si lo hará, sin medir técnicamente las necesidades de inversión existentes en la comunidad y no apostar a consolidar una información base que ayude a tener un diagnóstico situado de la realidad conducen a un mal manejo.
En muchas regiones de Colombia realizar una investigación académica sobre la toma de decisiones en la acción de gobierno es una odisea, no hay sistemas de información actualizados que ayuden al proceso de investigación, ni qué decir de la ciudadanía que se ve abocada a radicar derechos de petición o tutelas para obtener una información pública. Es tiempo de buscar salidas a la dependencia y falta de sistemas de información eficaces de los entes territoriales, la administración pública debe avanzar al compás de las épocas. Asimismo, quiero aplaudir los actuales esfuerzos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) frente a los requerimientos históricos coyunturales como el apoyo a la investigación académica para el fortalecimiento de sistemas de información que respondan a las expectativas y capacidades de los mandatarios de turno en el país, más en tiempos de COVID-19.
