Las ciudades de Colombia necesitan una política de cambio climático con enfoque de justicia climática, desde las ciudades en las montañas que verán afectados sus páramos hasta las ciudades costeras que padecerán la subida del nivel del mar. Este año el Sexto Reporte del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas reconoció que hay una tendencia global de urbanización que concentra mayor vulnerabilidad humana en las ciudades de países emergentes como Colombia. Fue en el año 1963 que pasamos del 50 % al 51 % de la población colombiana viviendo en ciudades y desde entonces esta concentración aumentó en forma forzosa y desordenada hasta llegar a que el 82 % de las colombianas y colombianos vivamos en ciudades en 2022, según el Banco Mundial. Las ciudades ocupan apenas 2 % de la superficie del Planeta y sin embargo concentran la mayoría de la población, la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero o la mayoría de la producción económica. Mejor dicho, la respuesta al cambio climático depende de lo que hagan y dejen de hacer las ciudades.
Es sorprendente que las ciudades colombianas estén tan relajadas ante la crisis climática que ya las impacta y que en cuestión de pocos años será fuertemente padecida. Los páramos son el sustento de agua para las grandes ciudades en Colombia, como Santurbán para Bucaramanga, Chingaza para Bogotá, Belmira para Medellín o Farallones para Cali. Los páramos en las próximas décadas serán afectados por la elevación en la temperatura del planeta que pondrá en riesgo una de sus características esenciales: la temperatura fría todo el año. Cuando esto ocurra es posible que se alteren los ciclos del agua que atraviesan el páramo y en consecuencia llegue menos agua a las ciudades de montaña en Colombia, que para ese entonces tendrán más población. Por el otro lado, las ciudades costeras colombianas como Barranquilla o Buenaventura padecerán un grave desplazamiento forzado climático. Al subir el nivel del mar, barrios tendrán que ser reubicados y esto requerirá una política pública macro, no solo de mover o reconstruir las viviendas, no solo en las mismas condiciones, sino ojalá mejores para revertir la inequidad y la pobreza.
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Es posible que se alteren los ciclos del agua que atraviesan el páramo y en consecuencia llegue menos agua a las ciudades de montaña en Colombia, que para ese entonces tendrán más población
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De hecho, el Panel Científico de Naciones Unidas reconoció que las soluciones climáticas inclusivas basadas en la justicia climática reducen los riesgos y promueve el Desarrollo Resiliente al Clima. Necesitamos entonces una política pública de cambio climático en las ciudades colombianas con enfoque de justicia climática. ¿Pero qué es la justicia climática? Autores como Schlosberg han explicado que el concepto de justicia climática tiene sus orígenes en el concepto y movimientos sociales por la justicia ambiental y en contra del racismo ambiental, que proviene de los movimientos por los derechos civiles y la justicia racial en Estados Unidos. De hecho, a pesar de la diversidad de movimientos sociales, momentos históricos y literatura sobre el tema, la justicia ambiental y la justicia climática tienen los mismos tres pilares fundamentales de las justicias distributiva, procedimental y de reconocimiento. El panel científico de Naciones Unidas los sintetizó así, y sirve como punto de referencia para nuestro debate y decisiones en Colombia:
“El término justicia climática, aunque se usa de diferentes maneras en diferentes contextos por diferentes comunidades, generalmente incluye tres principios: justicia distributiva que se refiere a la asignación de cargas y beneficios entre individuos, naciones y generaciones; la justicia procesal que se refiere a quién decide y participa en la toma de decisiones; y el reconocimiento que implica el respeto básico y un compromiso sólido y una consideración justa de las diversas culturas y perspectivas”. (Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, 2022).
Entonces, la justicia climática con sus tres pilares de justicia sirve bien como criterio para diseñar e implementar política pública de cambio climático. Aunque esto no es suficiente. Señala también el Panel de Cambio Climático que necesitamos un enfoque de interseccionalidad en la política pública de cambio climático. Esto permite ver, identificar, reconocer y hacer algo para revertir formas de discriminación e injusticia histórica. Simplificando la explicación de interseccionalidad, este concepto reconoce que la discriminación y la injusticia nunca se dan en forma aislada y única, sino que una forma de injusticia se traslapa con otra. A una mujer la pueden discriminar por ser mujer, pero también por ser afro, o de origen humilde, o de un país vecino, o usar silla de ruedas. Una perspectiva de justicia que se enfoque en una sola forma de discriminación probablemente será muy limitada.
En conclusión, vale la pena leer y releer el Sexto Reporte del Panel de Cambio Climático de Naciones Unidas donde por fin hicieron un abordaje al asunto desde la justicia. No solo necesitamos una política de cambio climático general, sino que necesitamos que se enfoque en las ciudades tanto montañeras como costeras, que se enfoque en las ciudades donde se concentra la mayoría de la población y la economía productiva, que tenga un enfoque de justicia climática (distributiva, procedimental, representación) y que además sea interseccional para revertir las distintas formas de discriminación.
