“Se ha llegado a tener desviaciones cercanas a los $400 mil millones de pesos. Si eventualmente, hacemos buenas prácticas desde el punto de vista electoral, atenuar estos riesgos puede ser minimizar el país un gasto en exceso en esa cantidad y esos recursos pueden estar mejor invertidos en temas sociales que en estas imperfecciones”, anotó.
Por su parte, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que se están adelantando estrategias como plataformas tecnológicas para que las campañas asignen testigos electores en las mesas de votación.
“Los partidos podrán asignar los testigos, pero además por medio de las aplicaciones los testigos pueden estar en comunicación con los partidos e informar sobre lo que está sucediendo”, señaló Galindo.
Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), la rentabilidad que obtienen quienes financian campañas políticas, puede ser por cada peso aportado de un beneficio económico de $3.741.
La Contraloría activará el 27 de octubre, día de elecciones, a su personal de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana en todo el país para que, in situ, haga presencia en los sitios más delicados en materia de riesgo electoral, de tal manera que se pueda acompañar el ejercicio democrático del voto y recibir denuncias de posibles irregularidades.
