Colombia se encuentra en una encrucijada en la cual se juega el futuro de su democracia. El partido de extrema derecha Centro Democrático ha desatado toda una estrategia de desprestigio contra las altas cortes. Se busca mediante la promoción de un referendo y una constituyente eliminar la Justicia Especial para la Paz, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, creando una sola “supercorte” sobre la que el gobierno pueda manipular sus decisiones y utilizarla como arma de guerra legal (lawfare).
Grandes medios de comunicación en conjunto con políticos y seguidores del senador Uribe se encargan de crear un “estado de opinión” adverso a la justicia, acudiendo a la indignación para que la gente crea que la administración de justicia, aún con fallas, es totalmente corrupta y debe ser reemplazada por una que sea hecha a la medida de ese grupo político que tiene centenares de investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad y por apropiación ilegal y violenta de millones de hectáreas de tierras.
A pesar de las deficiencias del sistema de justicia colombiano, aún marca diferencia con los demás poderes públicos respecto de la defensa de algunos derechos fundamentales de la población y en la investigación de políticos y empresarios corruptos. Ese es el quid del asunto. Se pretende mediante la revocatoria de las cortes y, adicionalmente, del Congreso, concentrar todo el poder en el ejecutivo y así proteger la impunidad frente a miles de crímenes cometidos mediante masacres y desplazamiento forzado. Por ello, el país no debe caer en la trampa de entregarle la justicia en bandeja de plata a quienes han demostrado que obran contra la legalidad, la paz y el respeto por la dignidad humana sin importarles nada.
La posición de la ciudadanía debe ser de rechazo ante esa propuesta que busca socavar la democracia. Si hay que salir a la calle a expresar el desacuerdo, no hay que dudarlo ni un solo momento porque está en juego el futuro del país.
