Los campesinos, colonos e indígenas de los territorios que recorre el río Guayabero, de la región de la Macarena, del sur del Meta, del norte de San Vicente del Caguan y del Guaviare, están en el peor de los mundos, consecuencia de las condiciones de atraso, pobreza, exclusión social y desigualdad que padecen desde hace décadas. En tales zonas, la producción agraria es marginal, los productos que se cosechan difícilmente llegan a los mercados de Villavicencio y la ganadería es una actividad de importancia, pero es monopolio de algunos hacendados que presionan la deforestación para la siembra de pastos.
Lo que está ganando terreno es el extractivismo toda vez que esta región hace parte de la cuenca petrolera del Caguán/Putumayo con importantes reservas del combustible, motivo de interés de las grandes multinacionales que extraen y explotan este recurso, sin beneficiar a las comunidades y las instituciones locales que observan indefensos el saqueo tolerado por los poderes políticos hegemónicos en el Estado y la nación. Para favorecer este extractivismo está previsto construir un gigantesco oleoducto que lleve dicho producto hasta las costas del mar pacifico colombiano [1].
De igual manera, esta área, que comprende los municipios de la Uribe, Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San Vicente del Caguán, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico, Castillo, el Dorado, Lejanías, San Juan de Arama, Puerto Concordia, San José del Guaviare, Calamar, el Retorno y Mapiripán, es objeto de un interés estratégico por parte de poderosos conglomerados de la industria azucarera del Valle del Cauca, que han promovido un masivo proceso de apropiación de baldíos nacionales ubicados en la altillanura de la Orinoquia, para ampliar los espacios de la agroindustria capitalista con cultivos de caña, palma africana y ganadería tech. De lo que se trata es de organizar una gran reserva alimentaria global en la que muestran intereses multinacionales de los alimentos y otros estados como Israel, China y Estados Unidos. Para tal cometido, dichos grupos empresariales han diseñado la construcción de una gran vía que conectaría rápidamente el Pacifico colombiano con la Orinoquia y los Llanos de San Martin.
A lo anterior se debe agregar que en este sector de la Amazonia colombiana se encuentran recursos ambientales del mayor valor como el Parque de la Macarena, el Parque del Chiribiquete, el Parque Tinigua, el Parque de los Picachos, la Serranía la Lindosa, además de una densa red hídrica con un valor incalculable dada las crisis del agua que se avecina por los estragos del calentamiento global. Como quiera que la deforestación/reforestación y la protección del bosque amazónico será una prioridad del capitalismo verde del nuevo gobierno de los Estados Unidos es previsible que se canalicen grandes sumas de dinero para programas de recuperación del bosque y otros recursos ambientales con el fin de mitigar las emisiones de carbono.
Pero hay un elemento fundamental que se debe considerar en esta caracterización de la región. Me refiero a los procesos de organización y resistencia social y popular. En efecto, las tierras que bañan los ríos Losada, Duda, Ariari, Guayabero y Guaviare, están marcadas por la presencia de importantes corrientes de colonización campesina y por la existencia de históricas comunidades indígenas. Con la adecuación de tierras y la ampliación de la frontera agrícola por los colonos, sobrevinieron los procesos de despojo adelantados por poderosos hacendados y terratenientes, los cuales recurrieron a la organización de bandas paramilitares, apoyadas por el Ejército y la policía, para imponer el asalto a las tierras y su despojo; en este proceso también jugaron un papel central las elites políticas e institucionales del departamento del Meta y de Villavicencio, que ampliaron su poder por el contubernio con los expropiadores de los colonos.
Los colonos a su vez debieron recurrir a la resistencia y a la acción armada defensiva para intentar proteger sus escasos bienes. Dicha posición es la que da pie a la expansión y consolidación de la guerrilla de las Farc-Ep desde los años 70 del siglo XX. Allí se organiza este Ejército revolucionario que con el paso de los años se consolida y se plantea objetivos estratégicos nacionales para disputarle el poder a las rancias oligarquías nacionales asentadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otros centros urbanos del país.
Las Farc-Ep, no obstante la parafernalia y la propaganda con los acuerdos firmados por Santos y Timochenko (de la facción desertora y traidora de los campesinos) en noviembre del 2016, mantiene su presencia con los frentes 1, 7, 3, 16, 43, 27, 62, 14, Comandante Jorge Briceño y el Comando Conjunto Manuel Marulanda Vélez, con el liderazgo de Iván Lozada, Calarcá y Gentil Duarte. Además de la activa presencia de Oscar el “Paisa” y la columna Teófilo Forero de la Nueva Marquetalia.
Las Farc del Guayabero, el Caguán y el Guaviare es una importante subjetividad de la “resistencia armada” que sirve de mecanismo defensivo a los colonos e indígenas enfrentados a la casta oligárquica de la región y a sus aparatos militares promovidos por el imperialismo gringo.
Visto de conjunto, todos estos elementos explican la organización y operación de un dispositivo militar de enormes proporciones.
Desde principios de este siglo, la oligarquía colombiana montó con el apoyo del gobierno yanqui el Plan Colombia, que ha sido la base del Plan Patriota y de otros planes de guerra para, mediante un sistema violento y antidemocrático, imponer un sistema de dominación y control militar absolutos de esta área de la Amazonia colombiana.
Un sistema de poder que desconoce los problemas sociales y políticos estructurales, pero que prevalece con la fuerza y la violencia aplastando los derechos fundamentales de los colonos, indígenas y campesinos.
Como lo han señalado desde la Defensoría del Pueblo en varias alertas tempranas se trata de la preponderancia de la respuesta militar por parte del Estado para mitigar amenazas y conflictos socio ambientales, bajo un enfoque de seguridad nacional contrainsurgente, sin considerar respuestas a los otros factores estructurales que determinan la población y el territorio como el precario funcionamiento del Estado social y de derecho en el territorio que impide el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos residentes en él; las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales del territorio, sin resolver por parte del Estado: indefinición de derechos de propiedad sobre la tierra, conflictos socio ambientales activos (campesinos/colonos/ganaderos Versus áreas protegidas o de reserva, PNN, CAR, etc.), zonas de reserva campesina sin reconocimiento jurídico, entre otros; la débil infraestructura de bienes y servicios públicos, comunicaciones, asistencia técnica y financiera, entre otras, para soportar e impulsar el desarrollo agropecuario, eco turístico, comercial y de servicios; la alta presión por los recursos naturales del territorio; disputa por los baldíos de la nación, zonas de reserva campesina, ganadería extensiva, PNN, construcción de infraestructura, narcotráfico y minería. Medio ambiente: el Estado ha desplegado estrategias y programas de protección ambiental con fines de evitar ampliación de frontera agrícola y de cultivos de coca. Minería: interés en desarrollar exploración y explotación de recursos mineros (hidrocarburos, metálicos, etc.) en el territorio, tanto de interés público como de empresas privadas, nacionales e internacionales.
A partir de la convergencia de estos factores estructurales, la dinámica de la violencia y las estrategias militares, han retomado la forma de escenario de guerra con expresiones de violencia constante contra la población civil y de afectación a sus derechos humanos.
El foco de tal violencia es el engranaje militar del gobierno organizado en un poderoso dispositivo bélico contrainsurgente y anticomunista, al frente del cual están asesores norteamericanos y generales colombianos subordinados a los lineamientos del Comando sur.
Esa telaraña militar y máquina de la muerte fue designada como Fuerza de Tarea Conjunta Omega que hoy está al mando del Brigadier General Raúl Hernando Flórez Cuervo [2], en mi opinión, empeñado en estigmatizar a los colonos, campesinos, indígenas y a las guerrillas para enlodarlas como narcotraficantes, cuando en realidad los grandes capos del negocio de la droga son muchas veces los aliados de las brigadas militares y los comandos de la policía antinarcóticos.
Dicha Fuerza de Tarea Conjunta Omega es una unidad integrada por aproximadamente 30.000 miembros del Ejército de Colombia, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional de Colombia que ha buscado en vano aplastar la resistencia agraria guerrillera de las Farc.
La Fuerza de Tarea Conjunta Omega es el resultado de distintos planes militares estratégicos de la oligarquía colombiana para blindar sus privilegios. Esos planes han sido conocidos como el Plan Colombia (1998-2004), Plan Patriota (2004-2006), Plan Consolidación, Plan Bicentenario, Plan de Guerra Espada de Honor en sus etapas IV y V y Plan Victoria. Planes impregnados hasta la medula de las doctrinas anticomunistas y contrainsurgentes del Comando sur de los Estados Unidos.
El Plan Colombia inició como un programa para afectar los cultivos de coca en el país, pero pronto se enfocó en operaciones contrainsurgentes. Fue continuado por el Plan Patriota, bajo el marco de la política de Seguridad Democrática. El Plan Patriota, también conocido como campaña militar J.M., en su primera fase abarcaba más de 400.000 km2 y durante la misma se organizó la Fuerza de Tarea Omega (2003-2004). La operación de estos diferentes planes de guerra conllevó la creación de Comandos Conjuntos (Fuerza de Tarea Omega) y de comandos especiales denominados Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra).
Esta gigantesca máquina militar, que consume billones del presupuesto nacional y del Estado gringo, se convirtió en un poder subnacional con amplia discrecionalidad que en la práctica actúa como un Estado paralelo al gobierno constitucional nacional, misma que omite los derechos humanos, cercena las libertades democráticas, y desconoce el derecho a la vida.
Este dispositivo bélico es el foco de las nuevas violencias que paulatinamente estan dando forma a un nuevo ciclo de violencia en Colombia con consecuencias impredecibles en diversos campos como la democracia, el bienestar de la población y la conservación de los recursos ambientales.
Es por tal razón que desde diversos sectores sociales y politicos se está pidiendo la eliminación de la Fuerza Omega del Guayabero porque tal entidad es el mayor obstáculo para la superación de los problemas estructurales de la región.
Ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional se va a socializar esta demanda, pues la Fuerza Omega del General Flórez Cuervo es el obstáculo más grande para la implementación de los Acuerdos de paz y para avanzar en escenarios de convivencia y negociación política con las fuerzas guerrilleras de esta región que incorpora territorios del Caquetá, Guaviare y Meta.
Desde los ríos Guaviare y Guayabero, estamos demandando la solidaridad de las organizaciones agrarias del mundo, de los partidos de izquierda y democráticos que rechazan este militarismo absurdo que sirve de soporte las fuerzas del rampante fascismo uribista.
[1] El Tapir, una amenaza a los Picachos
[2] Fuerza de Tarea Conjunta Omega - Raúl Hernando Flórez Cuervo
