El fallo de la Procuraduría, que en el mes de febrero 2012, inhabilitó por 12 años al ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, se cayó en el Consejo de Estado el jueves 27 de marzo, con ponencia del Magistrado Gustavo Gómez, quien consideró una desproporción en la sanción y que lo que se debió aplicar era una amonestación; ¡ Que tal¡ pasar de una falta gravísima, a todas luces injusta a una realmente aceptable; para la época de los hechos, Salazar era el Alcalde de Medellín y no estaba bien que públicamente hubiera expresado que bandas ilegales estaban presionando al pueblo para que votaran por el candidato a la Alcaldía Luis Pérez Gutiérrez; se podría entender entonces, que estaba favoreciendo un candidato; si la presión existía, estaba en la obligación de denunciarlo; pero como el Procurador Ordoñez, tenía su espinita con el alcalde Salazar, en razón de que éste creó la clínica para la mujer, cumpliendo la Sentencia de la Corte Constitucional, aprovechó el momento y lo sancionó.
Petro, Piedad Córdoba, y otras personas que injustamente se encuentran en una situación parecida, estarán esperando que su suerte cambie y que el Consejo de Estado les resuelva su caso. Si ello se dá, seguramente en el 2018 encontraremos a Petro y a Piedad como candidatos presidenciales y será una contienda muy interesante con Simón Gaviria, Juan Manuel Galán, Germán Vargas y otros.
Los Órganos de Control son necesarios para lograr los pesos y contrapesos en las ramas del poder público, pero cuando estas se desbordan se ingresa peligrosamente al campo de la persecución selectiva.
La actuación valiosa y oportuna del Consejo de Estado, nos permite ver algo de luz en la aplicabilidad de nuestra justicia para que podamos primero acudir a ella antes que a la internacional, que es subsidiaria y sólo actúa cuando la nuestra no lo hace y, que personas como el Procurador, no pueden actuar como ruedas sueltas porque su poder no es omnímodo y hay otros órganos de la justicia, que pueden controlar sus desmedidos e injustos fallos.
