La prioridad de un Gobierno de transición consiste en contrarrestar regímenes que afectan el sano ejercicio de la democracia. Históricamente, han surgido como una respuesta efectiva a los totalitarismos arbitrarios que ocasionan grandes perjuicios a los sistemas democráticos. La idea es recuperar la senda de la institucionalidad que ha sido devastada por capricho propio de los dictadores desmesurados que profanan ideologías "socialistas-comunistas". Tratándose de una figura que resulta pertinente utilizarla en países como Venezuela y Cuba, en tanto es una medida acertada para combatir la plaga comunista que ha demacrado los sagrados cimientos democráticos de ambas naciones, consideramos que en el caso nuestro, contrario a lo anhelado por la guerrilla de las Farc, no es conveniente permitir la aplicación de esta figura, mucho menos, cuando actores de crímenes atroces, pretenden a través de la misma acceder a la estructura del poder legítimo de un Estado constitucional de derecho.
Es un exabrupto, por decir lo menos, la propuesta de aplicación, ya que resulta positiva para un grupo criminal en particular, pero no para el conglomerado social en su totalidad. Se propende, en el evento colombiano, por la voluntad particular, sobre la voluntad general, teniendo en cuenta que de manera burda se ha desconocido un plebiscito que rechazó lo acordado, constituyendo una vulneración inminente a la democracia. El bienestar general de la patria no admite implementar un Gobierno de dicha magnitud para permitirle a las Farc acceder a los beneficios plasmados en el documento habanero. Por salud institucional el acuerdo debe ser modificado estructuralmente sin que sea necesario volverlo trizas. Dicha propuesta, se manifiesta viable, eligiendo una coalición de centro derecha debidamente organizada para la contienda electoral del 2018.
Preocupa con aglomeración que haya quienes estén dispuestos a implementar la figura en mención sin analizar las consecuencias de la misma, porque no es conveniente para el país que dicha tipología encuentre relevancia en los precandidatos de la Coalición Colombia: Gustavo Petro, Claudia López y Sergio Fajardo. Es un hecho notorio que son ellos los favoritos de las Farc, más que Timochenko. Por ello consideramos que tales individuos no merecen llegar a la presidencia de la república. Advirtiendo que no nos rehusamos a la idea de que prospectos de ideologías de izquierda gobiernen en Colombia, pues somos partidarios de que existe la necesidad de permitirles un espacio para que puedan ejecutar sus ideas. No obstante, la coyuntura política actual no lo permite, puesto que dicha izquierda está encarnada en personajes ahondados por sus ineptitudes personales y profesionales.
En mi opinión, Petro volvió añicos la capital de la república; Fajardo dejó en bancarrota a Antioquia con la deuda de sus obras ficticias; López no ha hecho una obra aportante por esta patria, diferente a escribir un libro sesgado, titulado Y refundaron la patria señalando, además, bajo criterios desmesurados, a todo aquel que le fastidia.
Esos candidatos de llegar a la presidencia estarán dispuestos a concederles a las Farc todo lo pactado con el desgobierno Santos. Aparte de que carecen de autoridad moral para mostrarse como abanderados de la corrupción, dado que han sido potenciales integrantes de la misma. Por tanto, es necesaria la contención absoluta en la posible elección de uno de esos precandidatos que son más de lo mismo: proclives desconsiderados a la subversión.
No es posible ni coherente según las necesidades de Colombia premiar las ineptitudes potenciales de quienes carecen de pulcritud para gobernar. Es hora de combatir la desinstitucionalización de las instituciones y recuperar la estabilidad democrática. ¡No podemos confiar en quienes ven la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el ojo propio!
