La conducción de Federico Sturzenegger dispuso el despido de 47 empleados de áreas estratégicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 28 de enero. El nuevo titular del BCRA está procesado por “presunto delito económico” durante el denominado “megacanje” que implementó el gobierno de De la Rúa en 2001.
Las cesantías estuvieron centradas en trabajadores que se desempeñaban principalmente en las áreas de supervisión de delitos financieros y cambiarios, derechos humanos y protección al usuario. Estas dos últimas áreas quedaron completamente desmanteladas.
Los trabajadores cesanteados ingresaron durante la gestión anterior, a cargo del kirchnerista Alejandro Vanoli, por lo que presentaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por “persecución política e ideológica”.
“Nos llamaron por teléfono y nos pidieron que nos acercáramos al sector de Recursos Humanos y allí nos entregaron una copia de una resolución firmada por el presidente del Banco Central”, comentó Victoria Prado, una de las despedidas en declaraciones radiales.
Además, aseguró que desde la dirección de la entidad no argumentaron ninguna razón para justificar la medida. “Son despidos sin causa”, remarcó. El área en la que se desempeñaba Prado es la “Gerencia de intermediación”, que se dedicaba a realizar controles de las denominadas “cuevas”, locales donde se vendían dólares de manera ilegal. De esta manera, esa gerencia pasará a tener la mitad de los empleados con los que contaba.
Cabe destacar que en agosto del año pasado, durante la gestión de Vanoli, el Banco Central denunció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en ese entonces, a cargo de Mauricio Macri, hoy Presidente) por habilitar 17 “cuevas”, siendo ésa una prerrogativa del organismo monetario.
Las “cuevas” contaban con certificados de habilitación del gobierno porteño. “Los certificados fueron emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro”, según consta en la denuncia elevada por Vanoli ante el Ministerio Público Fiscal.
“Nuestra gerencia llevó a cabo durante 2015 allanamientos que superan todos los realizados en los 10 años anteriores. Todos esos allanamientos tuvieron curso en la Justicia, dado que se llevaron adelante por órdenes judiciales mediante la Ley Penal Cambiaria y se hicieron secuestros de valores históricos”, relató Prado en diálogo con Radio Del Plata, de Buenos Aires.
El discurso que pretende instalar Macri es que los despedidos son “ñoquis”, término con el que se designa en la Argentina a empleados públicos que cobran pero no trabajan. “En el caso de nuestra gerencia hay mucho trabajo para respaldar que no somos ñoquis”, comentó Prado, abogada graduada en la UBA y con un año y tres meses de servicio en el Banco Central.
Evitar investigaciones de la última dictadura
En tanto las áreas de Defensa al Consumidor y Derechos Humanos fueron “desmanteladas”. Esta última tenía como objetivo investigar la complicidad del sistema financiero en la última dictadura militar. Materia sensible para el actual Gobierno nacional, ya que el titular del Banco Nación nombrado por Macri es nada menos que Carlos Melconián, funcionario del Banco Central durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y uno de los encargados junto a Domingo Cavallo de estatizar la deuda de grupos privados, entre ellos las multinacionales IBM, Esso, Renault y Kodak, y las argentinas Pérez Companc, Bridas, Aluar y Sideco Americana S.A, esta última de la familia Macri.
