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En el proyecto de ley de rescate económico presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella al congreso de la República, una de las múltiples medidas para ajustar el déficit fiscal, está determinado por un ajuste en su nómina del estado.
Dicho ajuste consiste en eliminar el 50% de los actuales contratistas de prestación de servicios y un 20% adicional en la nómina del estado, que no aplicaría en las fuerzas armadas.
Esta decisión puede representar el despido de 700,000 trabajadores del Estado que se convertiría en la mayor masacre laboral de un gobierno, desde que se implantó el modelo neoliberal con sus continuas reducciones del tamaño del Estado. .
El despido de estos trabajadores, significaría que se acrecentaría la tasa de desempleo por lo menos en tres puntos, sin que se vea por ninguna parte un crecimiento económico tal que, permitiera que en el sector privado se pudieran asumir dichos trabajadores despedidos. Es decir sería hambre para 700,000 familias que dependen obviamente de esos empleos y de esos ingresos provenientes de su trabajo.
Pero adicionalmente se reduciría significativamente las acciones propias del Estado, que se atienden con estos trabajadores en las diversas instituciones públicas.
Si hoy hay deficiencias para la atención de las múltiples demandas y exigencias de la población frente al Estado, dentro de las cuales las personas que reciben esa solicitudes no tienen la suficiente herramientas y presupuestos para atenderlas, con mayor razón ahora que se pretende un recorte del tamaño del estado de esta magnitud. Será peor la desatención para la población.
El Estado colombiano no es cierto que tenga muchos trabajadores. En los países de la OCDE hay 20 empleados públicos por cada 100 trabajadores, en Colombia solamente cinco.
Esto desnuda la pretensión, de que los platos rotos de los bajos ingresos tributarios que tiene el Estado, derivados de la poca tributación que hacen las empresas, las grandes corporaciones y los megarricos en Colombia, terminen pagándola los trabajadores perdiendo su empleo y disminuyendo unos gastos que al final son indispensables para atender las necesidades, derechos, solicitudes y demandas de la población.
Con esta decisión del gobierno, además de la altísima conflictividad que se genera con los empleados públicos, se extenderá a lo largo y ancho del país, por no atención a las comunidades por parte del Estado.
La reestructuración del Estado, está acompañada también, dentro de la misma reforma, por la puesta en venta de acciones o de empresas estatales muy rentables. Entre muchas Ecopetrol, Isa, 14 electrificadoras territoriales, el grupo Bicentenario, donde está el Fondo Nacional del Ahorro, el banco Agrario, la Fiduprevisora, Positiva, entre otras, con la intención de recoger otros ingresos tributarios para que le sirvan para reducir el déficit fiscal.
Es otra medida profundamente discutible, dado que son activos del Estado, patrimonio público rentable, que en la medida en que el estado se los entregue al sector privado, los ingresos producto de esa rentabilidad que tienen, dejará de ingresar a la nación, es decir, pan para hoy y hambre para mañana o dicho de otra manera, vender la nevera para hacer mercado. Son medidas que no están pensando en los necesidades e intereses de la población, sino en los grandes negociados a los cuales responde el actual gobierno de Abelardo.
A esta regresivas medidas, se añaden en el proyecto de rescate económico, incrementar los impuestos a las rentas de los trabajadores y la clase media, por la vía de poner a pagar impuestos del 9% a todas las personas que estén entre $3 millones y $4,7 millones de ingresos mensuales, que hasta el momento no pagan impuestos, lo cual significa una reducción de su salario. Adicionalmente pagarán una cotización en salud ya no del 4% sino gradualmente hasta del 8% a partir de 2 salarios mínimos. Otra reducción salarial. Ahí están la mayoría de los servidores públicos.
Pero para los empresarios y los megarricos le reducen sus impuestos. Eliminan a partir del 2031 el impuesto al patrimonio. Se reduce el impuesto a las rentas de capital, del 35% al 31% y para las inversiones que se realicen en el 2027 y 2028 el impuesto a la renta bajará al 20% por 16 años.
Es decir impuestos para las clases trabajadoras y la clase media que reducirán sus salarios y sus ingresos a costa de la reducción para los megarricos. Hambre para el pueblo y mayores riquezas para las grandes empresas y sus dueños. Este es el verdadero milagro del gobierno de Abelardo.
La movilización social y la oposición creciente de sectores sociales, económicos y políticos, ha logrado que el gobierno de Abelardo recule frente al impuesto al IVA y a los insumos agropecuarios.
De la misma manera una movilización fuerte de un paro nacional este próximo 19 de noviembre, podría lograr, como en el estallido social del 2021, el retiro definitivo de toda la reforma tributaria y también de quienes la impulsaron desde el gobierno nacional, el vicepresidente y el ministro de hacienda.
¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!
X: fabioariascut
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