Como respuesta a las protestas en Bogotá, Claudia López aseguró que la demora en la entrega de Ingreso Solidario se debía a un freno de los órganos de control. Esto, según la alcaldesa, era una medida de prevención mientras se verificaba los errores que tenía la plataforma del programa. El retraso en los apoyos ha generado insatisfacción de las personas más vulnerables al sur de la ciudad, que se han tomado las calles. Pero el fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba desmintieron a López, al asegurar que esa orden no dependía de ellos.
En esta carta, las cabezas de los órganos de control fueron mucho más allá y le pidieron no justificarse en ellos y asumir "la responsabilidad en la prestación, interrupción o suspensión de la distribución de ayudas humanitarias a los ciudadanos".
Este es el comunicado completo:
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