El 2 de enero de 2012, asistía a un Consejo de Seguridad en la Alcaldía de Medellín en compañía del Alto Mando Militar y Policial y de la Fiscalía. En algún momento, un funcionario de la Alcaldía, discreta y privadamente, me informó de varias llamadas de empresarios de la zona de Urabá acerca de un grupo de hombres que estaban visitando las fincas bananeras y algunos negocios comerciales, “ordenando” cerrar y “decretando” un “paro armado”. De inmediato se lo comuniqué a los comandantes de la Región 6 de la Policía y la Séptima División del Ejército quienes, además de ratificar la situación, aportaron nuevos datos frutos de su labor de inteligencia: la muerte de Juan de Dios Úsuga, segundo al mando de la banda criminal hoy conocida como el Clan del Golfo, en medio de un operativo policial (1 de Enero), había generado una reacción en el grupo y se proponían afectar el día a día de algunas poblaciones de la zona de Urabá. Me confirmaron que el ejército y la policía estaban preparados para acompañar a los ciudadanos y que esperaban que la situación no escalara. A continuación, llamé a algunos alcaldes de la zona. Sus voces me parecieron tranquilas y entre líneas entendí, con cierta sorpresa, que para ellos la situación, así como la amenaza, no eran nuevas y, de alguna manera, que su manejo debía ser tranquilo, sin mucho dramatismo.
Cinco días después, las visitas de jóvenes desarmados en moto, los panfletos amenazantes y sobre todo el miedo, construido durante muchos años de presencia criminal y asesina, habían logrado afectar cerca de 40 municipios en 6 departamentos del norte del país incluyendo barrios y zonas de Medellín y Santa Marta. Fincas sin trabajadores, negocios cerrados, rutas de buses canceladas, procesadoras de leche paradas y una sensación generalizada de desesperanza y resignación. Hubo capturas en diferentes zonas, algunos asesinatos y también incineración de vehículos durante la semana. Después de varios días y un incremento en la presencia institucional, la situación retorno a cierta tranquilidad (que no es equiparable a la “normalidad”). Esta misma historia se repitió en abril de 2016.
Las bandas criminales se han nutrido de nuestra larga historia de violencia organizada y de nuestra pavorosa falta de institucionalidad. Exguerrilleros desmovilizados que se activan de nuevo con los paramilitares y que vuelven a desmovilizarse para finalmente abrir “chuzo” propio a partir de el “know how”, el “bad will” (nombre que asusta) y las conexiones aprendidas. Como bien lo decía el académico Gustavo Duncan esta semana, el bagaje criminal ha enseñado a estos grupos “una tecnología de control social y de producción de rentas.” Además, acompañado de una impresionante capacidad de reclutar talento juvenil en zonas donde las oportunidades de la legalidad parecen lejanas e incluso inalcanzables.
El enfrentamiento de las bacrim solo es posible con una combinación
de persecución, judicialización, extinción de dominio,
lucha contra el lavado de activos y creación de oportunidades
El enfrentamiento de estas bandas solo es posible con una combinación sostenida e integral de persecución, judicialización, extinción de dominio, lucha contra el lavado de activos y creación de oportunidades (educación, cultura, empleo) en general, pero con especial énfasis en jóvenes en alto riesgo. Sin duda el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal son motores de la criminalidad, pero el gran combustible (en todo el sentido del término) siempre son los jóvenes, quienes engrosan las filas criminales en todas las regiones. Por cada captura de uno de sus “puntos” las bandas criminales son capaces de reclutar entrenar y proyectar 3 o 4 nuevos miembros. La opción meramente penal no es en realidad una opción.
Por todo lo anterior, y por el momento por el que pasa el país, es necesario dedicarle tiempo a reflexionar y a actuar sobre el reciente anuncio hecho por el jefe del Clan del Golfo, Otoniel, en cuanto a la voluntad de la bacrim de abandonar todas las acciones delictivas y someterse a la justicia. Después de la muerte de Gavilán (segundo al mando) y manteniendo una buena dosis de realismo hay que aventurarse a buscar posibilidades.
Designar al vicepresidente Naranjo como responsable de los acercamientos es un acierto, por cuanto no hay dentro del Gobierno alguien con más conocimiento de las estructuras y el accionar de las bandas criminales. El fiscal general ha sido claro que se someten (no negocian) a las leyes existentes y con los beneficios actuales y, como lo ha hecho con las Farc, ha puesto condicionamientos. Tienen que identificar todas sus estructuras, sus miembros, sus fuentes de financiación (rutas, minas, redes de extorsión, testaferros etc.) y, como no, todos los políticos y funcionarios públicos con los que han trabajado.
Si el Estado se muestra firme y hay una efectiva judicialización, acompañada de la extinción de dominio y el desmonte real de estructuras locales y regionales (las que extorsionan al tendero, al vendedor de minutos y al finquero), seguido por la construcción de una verdadera institucionalidad en la zonas y barrios (justicia, convivencia, desarrollo y oportunidades), podríamos estar ante un salto histórico en la superación de la violencia en nuestro país.
Quizás la visita y el poderoso mensaje del buen porteño Francisco, unido al fin de la guerrilla más antigua del continente y al cese de hostilidades de la segunda más antigua, me inyectó de optimismo, pero yo creo que como nación nos tenemos que dar la posibilidad de trabajar por proyectos como este. Enhorabuena.
