Han pasado seis meses desde que la Corte Constitucional día vía libre al Fast Track. Una decisión histórica que le restó importancia jurídica a la victoria del NO en el plebiscito. En la Sentencia C-699 de 2016 la Corte permitió que toda la estructura para la implementación temprana del Acuerdo Final (diseñada en el acto legislativo para la paz) continuará en pie a pesar del inesperado resultado del plebiscito. El 13 de diciembre de 2016 se radicó el primer proyecto para ser expedido bajo el nuevo procedimiento. Tres semanas después fue sancionada la Ley de amnistía. El Fast Track se había puesto a prueba y demostró que en pocas semanas podía expedir un proyecto de ley. Ante este optimismo legislativo Santos convocó a sesiones extraordinarias entre el 19 de diciembre de 2016 y el 15 de marzo de 2017. Casi tres meses donde el Congreso estuvo en modo implementación y que continuó en el segundo periodo de la tercera legislatura. ¿Qué ha pasado en estos seis meses?
En cuanto a leyes el balance es aceptable. En total se han radicado 7 proyectos. Dos se han sancionado: Amnistía y Derecho a réplica a Voces de Paz (agrupación de veedores que hace seguimiento a la implementación temprana desde el Congreso). Se expidió el Estatuto de la oposición que al ser una ley estatutaria requiere de revisión previa por parte de la Corte Constitucional antes de su entrada en vigencia. Hay dos proyectos de ley en trámite sobre temas agrarios: el que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y otro que desarrolla un programa de adecuación de tierras. Recientemente se radicó el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP y otro sobre una excepción a excombatientes de las Farc para su vinculación laboral en la Unidad Nacional de Protección.
Sobre los actos legislativos (reformas a la Constitución) se ha avanzado mucho más porque se han radicado un total de 8 proyectos. Tres se han expedido: el que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición, uno que establece una cláusula de seguridad jurídica para el cumplimiento del Acuerdo por parte de las instituciones del Estado y otro relativo a la Reincorporación política de las Farc y que les otorga medidas excepcionales de participación política en un periodo de transición de ocho años. Hay otros tres haciendo fila: monopolio de las armas que ya culminó trámite en Senado y va para Cámara, el que establece una destinación específica de Regalías por 20 años para el posconflicto y el que crea las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz. Un proyecto de reforma política fue retirado para integrarse a uno mayor (reforma política y/o electoral) que todavía no ha iniciado trámite. Sin lugar a dudas el 2017 se convertirá en el año con mayor cantidad de reformas a la Constitución desde que fue expedida en 1991.
En estos seis meses cinco de los seis puntos acordados con las Farc se han visto implementado parcial o totalmente. Aunque vale la pena anotar que el gobierno decidió implementar el acuerdo de Reforma Rural Integral dando más prelación a los decretos con fuerza de Ley. Sin embargo, hay dos proyectos de ley sobre ese punto en Comisión Quinta del Senado. Sobre el punto 2 de “Participación política” se han radicado cuatro proyectos. Del punto 3 “Fin del Conflicto” van tres y del punto 4 “Drogas ilícitas” no se ha dado avance. El punto 5 “Víctimas” ha sido implementado casi en su totalidad y sobre el punto 6 “Refrendación, verificación e implementación” se han radicado tres proyectos. A excepción del punto 4 todos los demás han sido objeto del Fast Track al menos en algunos de sus componentes.
Se vienen otros seis meses de Fast Track. ¿Qué esperar?. El mayor temor ya se vivió con la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó dos literales fundamentales. Sin embargo, las mayorías en el Congreso han permito sortear ese impasse sin mucha dificultad. El principal temor tiene que ver con la poca cohesión de estas mayorías de cara a las elecciones legislativas de 2018, el estancamiento de algunas iniciativas (especialmente las que tienen que ver con el sector rural) y la poca concertación previa sobre iniciativas estratégicas como la reforma política. Los siguientes seis meses continuarán construyendo el panorama de esta primera etapa en la implementación. Estratégica para todo lo que se viene, pero compleja de entender para la gran mayoría de colombianos dado su carácter técnico y la poca pedagogía en torno a la implementación.
Por ese motivo, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia se está asumiendo un compromiso en este importante proceso y para ello se está diseñando un observatorio a la implementación que le haga un monitoreo a los proyectos y reformas bajo el Fast Track. Asimismo, desarrollar estrategias de difusión y pedagogía con la sociedad civil. Un primer paso a un proyecto más grande donde la Universidad Pública asumirá un papel más protagónico en los momentos históricos que vive el país.
