Desde hace algunos años proliferaron los proyectos de construcción de vivienda nueva NO de interés social, con el cuento de reactivar la construcción una de las industrias que más generan empleo en Colombia. A partir de allí, se han creado una buena cantidad de empresas de papel que salieron a ofrecer proyectos de construcción de vivienda nueva sobre planos.
Esta modalidad de contrato civil, genera compromisos de la parte vendedora y compradora en la que se establecen unas cuotas para el comprador por el 30% o 35% aproximadamente del valor total de un inmueble que se construirá en un tiempo futuro. A cambio el comprador espera a que la empresa constructora, cumpla con los plazos de entrega de los inmuebles normalmente estipulados en promesas de compraventa.
Con el objetivo de no endeudarse tanto con las entidades bancarias, muchas personas en su buena fe inician a cancelar cuotas generalmente onerosas para dar cumplimiento al compromiso adquirido. El promedio de los inversionistas de este tipo de proyectos, no cuentan con vivienda propia y se ven obligados a pagar arriendo donde viven y seguir cancelando las cuotas acordadas con la empresa constructora, por periodos que hasta pasan los dos años. Hasta aquí el contexto de lo que en teoría es un negocio legalmente constituido y debidamente soportado para personas que tengan la capacidad económica de asumir una inversión de este estilo.
Tal no es el caso del proyecto de construcción de vivienda nueva denominado LA FAVIOTA en la ciudad de Barrancabermeja y ofrecido por la empresa compañía de ingeniería y servicios - COINSER S.A.S.. a finales del año 2010. El proyecto de vivienda nueva que beneficiaría a 100 familias del puerto petrolero, se ha convertido en el calvario de quienes decidieron poner la confianza en la empresa mencionada. Al día de hoy, la construcción del sueño se quedó detenida como lo muestra el registro fotográfico y no hay quien responda por este hecho, que no solo ha afectado el patrimonio de los inversionistas sino que también se ha llevado las casas de los vecinos de alrededor del predio. Las autoridades locales se han lavado las manos y se han hecho de la vista gorda ante esta situación y el proyecto de vivienda sigue en el papel que aguanta todo. En diferentes instancias el representante legal de la empresa, la única respuesta que brinda es que no hay dinero para construir ni devolver, pero aún no se evidencia una salida a este tipo de situaciones que deben ser muy comunes en todo el país.
Invito a todos quienes están siendo víctimas del “modus operandi” de este tipo de empresas, a que denuncien sus propios casos y pongamos de manifiesto este tipo de ilícito que se apropia de fuertes sumas de dinero y que bajo argumentos mentirosos después no responden y no hay legislación que los haga responder.
