En distintos contextos políticos contemporáneos se ha observado el uso del concepto de “pueblo” como eje central del discurso gubernamental, especialmente en proyectos que se autodefinen como transformadores. Analistas y académicos han señalado que esta estrategia suele simplificar la diversidad social y política existente, al presentar a la ciudadanía como un bloque homogéneo frente a las instituciones del Estado.
Este fenómeno ha sido abordado desde la teoría política y la filosofía. En 1930, el pensador español José Ortega y Gasset, en su obra La rebelión de las masas, describió la emergencia del “hombre-masa” como una figura caracterizada por la ausencia de pensamiento crítico individual y una fuerte identificación con la colectividad. Su análisis ha sido retomado en debates actuales sobre la relación entre liderazgo político, opinión pública y toma de decisiones.
Desde esta perspectiva, algunos estudios advierten que el recurso constante a la movilización popular, sin mediación institucional, puede generar tensiones con los principios del Estado de Derecho. En estos escenarios, el papel de los contrapesos —como el Congreso, las cortes y los órganos de control— se vuelve central para garantizar la estabilidad democrática y la vigencia de las normas.
En Colombia, el debate ha cobrado relevancia a partir de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En marzo de 2024, en una entrevista concedida al diario El País de España, el mandatario señaló que, ante eventuales bloqueos legislativos o judiciales a sus reformas, podría consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria de dicho mecanismo.
Posteriormente, el tema volvió a discutirse en el ámbito público tras pronunciamientos que mencionaban distintas vías para impulsar una eventual constituyente. Estas afirmaciones suscitaron reacciones de sectores políticos, jurídicos y académicos, que recordaron los procedimientos y límites establecidos en la Constitución Política de 1991 para su reforma.
La Carta de 1991 consagra principios como la separación de poderes, entendida como una garantía para evitar la concentración del poder. Este enfoque tiene antecedentes en el pensamiento clásico, como el expuesto por Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde se plantea la necesidad de que el poder sea controlado por el poder mismo.
Desde el constitucionalismo contemporáneo, autores como Giovanni Sartori han señalado que la democracia requiere no solo participación ciudadana, sino también un marco jurídico sólido que proteja las libertades y los derechos fundamentales. En este sentido, la deliberación sobre eventuales reformas constitucionales plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la voluntad popular, las instituciones y el respeto por las reglas democráticas.
El debate sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente pone en el centro la reflexión sobre los mecanismos de cambio institucional, sus alcances y sus límites, así como sobre el papel que deben cumplir las instituciones en la canalización de las demandas sociales dentro del orden constitucional vigente.
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