Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República, se fue a Washington en busca de asegurar apoyo técnico del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los procesos más complejos relacionados con corrupción. Una de sus prioridades es entregar antes de dos meses los resultados de su investigación sobre desvíos de recursos asignados al procesos de paz, un tema que inquieta a la Casa Blanca en su condición de aportante para que lo pactado con las FARC en La Habana se haga realidad. La pérdida de bienes decomisados a las mafias y asignados a la SAC es otro de los temas más calientes para el órgano de control.
El escándalo de corrupción más reciente frente a los recursos del gobierno estadounidense al Acuerdo de Paz fue el OCAD-Paz que involucra los 170 municipios articulados en los dieciséis Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir, los territorios más afectados por el conflicto, el abandono y la persistencia de economías ilícitas entre alcaldes locales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría.
