El Acuerdo de Escazú, al que le faltan dos ratificaciones para entra en vigor, es sumamente importante ya que es el primero que vincula los derechos humanos con el medio ambiente, y dada la situación de algunos países (Colombia es el país más peligroso del mundo para ser líder medioambiental) es realmente necesaria su implementación.
Cabe anotar que la misiva escrita por jóvenes que buscan su aprobación ya ha sido firmada por 10.000 personas, incluidas activistas internacionalmente reconocidas como Greta Thunberg, Adelaide Charlier, Melati Wijsen, Tori Sui, entre otras.
Organizaciones juveniles exigen la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú
Como jóvenes, entendemos la crisis de salud que el COVID-19 ha causado en todo el mundo, la cual exacerba las injusticias y perjudica a las comunidades que no están preparadas para las crisis. Debido a esto, los jóvenes de América del Sur, América Central, el Caribe, y América del Norte se han unido para resaltar la importancia de apoyar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe también conocido como Acuerdo de Escazú.
El acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, después de seis años de negociación, convirtiéndose en el primer Tratado Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De los treinta y tres países de América Latina y el Caribe, veintidós Estados ya lo han firmado. En cuanto a los once Estados restantes, es imperativo que estos firmen el Acuerdo antes del 26 de septiembre de 2020 para que puedan participar en el proceso de toma de decisiones. Además, el Acuerdo ha logrado nueve ratificaciones de las once ratificaciones necesarias para su entrada en vigor oficial. Sin embargo, es necesario aclarar que el 26 de septiembre solo representa la fecha límite para la firma, no para futuras ratificaciones o adhesiones. Como septiembre de 2020 marca dos años desde que el Acuerdo estuvo primeramente abierto a firmas, la pronta ratificación e implementación es primordial para el éxito del Acuerdo en beneficio del público.
Originado en el "Principio 10" de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional de derechos humanos legalmente vinculante para América Latina y el Caribe. La ciudadanía de la región es la principal beneficiaria, en particular, las comunidades en primera línea que son más vulnerables a la crisis climática, y que a menudo son defensores ambientales que enfrentan violaciones de los derechos humanos. El acuerdo garantiza el derecho de todas las personas a tener libre acceso a la información ambiental, participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su medio ambiente, y estar protegidos por la ley si se violan estos derechos.
Además, el acuerdo proporciona disposiciones legales esenciales para proteger los derechos de las personas defensoras del medio ambiente que enfrentan persecuciones y asesinatos. También busca evitar conflictos que han afectado cada vez más a los Estados de la región debido a proyectos extractivistas como: los proyectos de fracking en Colombia; la posible exploración y extracción de petróleo en Costa Rica; el desarrollo de los mega proyectos del Sureste de México; la privatización del agua en Chile; la deforestación ilegal en Argentina; la violación de los derechos Indígenas en Perú; la contaminación de las vías fluviales debido al desarrollo insustentable en Granada; el aumento de la extracción ilegal de arena en Santa Lucía; entre muchos otros. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a la crisis climática. El aumento de la temperatura de sólo 1.1° C ha tenido como resultado efectos hidrometeorológicos cada vez más intensos, incluido el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, afectando los Derechos Humanos, el Derecho a la Alimentación, a la Salud y a la Vida. Por cada grado de incremento en la temperatura, los efectos repercutirán exponencialmente a las comunidades de primera línea. América Latina y el Caribe solo contribuyeron a menos del 10% de las emisiones totales en el 2014. Sin embargo, según un informe de la CEPAL de 2018, el cambio en el uso de la tierra y la agricultura contribuyeron al 42% de las emisiones totales regionales en 2014, en comparación con el promedio global del 18%.
Esta región tiene la característica de tener un gran número de defensores, en su mayoría nativos, dedicados a proteger la biodiversidad y los ecosistemas necesarios para evitar daños al medio ambiente, incluso si esto significa poner en riesgo sus propias vidas. Según el Global Witness, en 2019, se cometieron 212 asesinatos contra defensores en todo el mundo, de los cuales 148 fueron en América Latina.
Proteger a las personas defensoras del medio ambiente y mejorar la participación democrática en decisiones ambientales es crucial para detener la destrucción del medio ambiente y consolidar el compromiso de acción en la crisis climática.
Tenemos la responsabilidad urgente de luchar por un futuro sustentable, con prosperidad y respeto por todas las formas de vida y sus derechos en las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, exigimos la firma de los Estados restantes, y las ratificaciones necesarias para la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que representa un hito histórico en la protección y el progreso de los Derechos Humanos, tales como la justicia social y ambiental considerando su transversalidad e interseccionalidad.
Firma la carta aquí.
